Especialistas señalan que no hay confianza en la Unidad de Análisis Financiero para vigilar transacciones



Especialistas señalan que no hay confianza en la Unidad de Análisis Financiero para vigilar transacciones

En la normativa, la UAF establece que las personas que serán reportadas ante esa Unidad no deberán saber que su información está siendo transferida.

Los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo. LA PRENSA/Tomada del 19 Digital

La decisión de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de aumentar la fiscalización de las transacciones de nicaragüenses en varias actividades financieras y comerciales generó este jueves suspicacias entre especialistas, quienes señalan que, si bien esta medida puede estar apegada a normas internacionales, existen temores de que estos mecanismos se utilicen para perseguir a opositores del régimen de Daniel Ortega.

El pasado 23 de abril, la Unidad de Análisis Financiero —haciendo uso de la ley antilavado (Ley 977)— estableció montos mínimos que estarán sujetos a mayor fiscalización. Esa supervisión sería en varias transacciones financieras y comerciales.

Lea: La UAF se formaliza como instrumento de persecución de la dictadura de Nicaragua

Según se lee en la nueva normativa, los sujetos obligados, es decir los que están obligados a cumplir la ley antilavado, deberán reportar a la UAF operaciones sospechosas en transacciones relacionadas con ingreso de remesas, compra de vehículos nuevos y usados, operaciones en casa de cambio, microfinancieras, cooperativas financieras, casas de empeño, compra y venta de bienes raíces, transacciones ganaderas, venta o exportaciones de oro, operaciones en fideicomisos, así como las transacciones nacionales e internacionales, entre otros.

En cada una de estas operaciones se establecieron montos mínimos que quedarán sujetos a mayor fiscalización y que, en caso de que se sospeche de operaciones ilícitas, se deben reportar inmediatamente a la UAF a través de un sistema electrónico ya establecido. En la misma normativa de la UAF se define como operaciones sospechosas “todo acto, operación o transacción aislada, reiterada, simultánea o serial, sin importar el monto de la misma realizada o intentada por cualquier persona natural o jurídica… (que) resulten inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente”.

El constitucionalista Gabriel Álvarez, quien está realizando un análisis jurídico de la nueva normativa para verificar que no se esté violentando algún derecho constitucional, señala que si bien esta medida puede estar apegada a las normas internacionales sobre lucha de actividades ilícitas, indica que se genera suspicacia entre los nicaragüenses por la desconfianza que existe de que estos instrumentos legales se usen para fines de persecución y espionaje por parte del Gobierno contra opositores.

Hay riesgos políticos

Álvarez explica que ya existen los estándares y parámetros para definir cuándo se debe identificar una operación sospechosa, que incluso funcionan en países democráticos. Pero en Nicaragua “el riesgo es político, de que se usen instrumentos normativos que en cualquier país del mundo son importantes, porque se persigue lavado de dinero y otras actividades ilícitas del crimen organizado, como mecanismo para obtener información por parte del Gobierno o agencias del Gobierno o del partido de gobierno de aquellos que crean son opositores. Eso sería terrible”, alerta Álvarez.

En esa misma línea se pronunció el exdiputado opositor Eliseo Núñez, quien señaló que el problema no es la normativa, el mal radica en la desconfianza que genera la UAF, que es vista como el brazo de espionaje de la dictadura. “La UAF no ha estado al margen, se ha convertido en un órgano político donde hay personas que fueron del Ejército, entonces eso genera suspicacia, no hay confianza, ese es el problema”, indica. Además de la desconfianza en la UAF, Núñez señala que el entorno de miedo sobre un mayor control en las transacciones financieras y comerciales de los nicaragüenses genera temor por la crisis política que sigue sin superarse, “y esta normativa a simple vista se ve como una especie de control que quiere establecer el régimen”.

Régimen ha dado razones para temores

En el caso de la decisión de la UAF de aumentar los controles en los ingresos de remesas superior o igual a los quinientos dólares, Núñez recuerda que “en su momento el Gobierno dijo que organizaciones estaban recibiendo dinero de fuera para financiar las armas y lo que llamó tranques de la muerte, hay un precedente y ahora viene el control a las remesas, entonces eso genera más desconfianza”.

En la normativa, la UAF aduce que ningún sujeto obligado puede aducir reserva o sigilo de algún tipo al momento de reportar información sobre las operaciones que deben ser informadas a la Unidad. La información será transferida a la UAF a través de una plataforma electrónica, conocida como Sirel. Si los sujetos obligados creen que dichas transacciones de las personas son sospechosas, deben informarlo de inmediato, o bien, en un plazo no mayor a veinte días. En el caso de que las transacciones sean en efectivo, esta información deberá llegar a la UAF en un plazo no mayor de los diez días.

En la normativa, se establece que las personas que serán reportadas ante esa Unidad no deberán saber que su información está siendo transferida. Al respecto, Álvarez indica que las normas internacionales relacionadas con este tema efectivamente permiten que la información llegue a las unidades de análisis sin enterar a quien está siendo sujeto de sospecha para no alertarlo, pero insiste que en Nicaragua el riesgo que existe es que no se cumplan los estándares mundiales para definir una operación sospechosa.

Vargas: dictadura busca control de dinero

El sociólogo y economista Óscar René Vargas asegura que detrás de dicha normativa hay fuertes intereses y una de ella es buscar cómo controlar los flujos de dinero que entrarían para financiar a organizaciones y partidos políticos, en caso de una contienda electoral.

“El régimen sabe que, si se abre un proceso electoral, las organizaciones y partidos políticos tienen necesidad de dinero para su trabajo electoral; con esta disposición le permite saber y controlar los posibles flujos de dinero. Por ejemplo, para hacer un trabajo político se necesita vehículos, equipos de sonido, cámaras de TV, tendido electoral, etcétera; todo eso requiere dinero”, explica. Al respecto, Vargas recuerda que el régimen de Ortega sabe que varias organizaciones reciben donaciones desde el extranjero y a través de este mecanismo buscará perseguirlas con el pretexto del combate a la corrupción.

A criterio de Vargas, la dictadura hizo “una normativa que crea mucha suspicacia y desconfianza entre la población en general” y que esto puede afectar los canales de operación de transacciones financieras, y por ende, afectar la economía.

Discrecionalidad

El economista Alejandro Aráuz indica que dicha normativa “se constituye en una herramienta efectivamente discrecional que el Gobierno podría estar utilizando no solo para ejercer influencia, extorsión y agravantes en aquellos ‘sujetos obligados’ afines o no afines en una situación política anormal que atraviesa actualmente nuestro país”.

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Basado en la filosofía que impera actualmente en Nicaragua sobre las leyes de terrorismo y el estado policiaco, Aráuz señala que esta normativa “da lugar al Gobierno a fortalecer los mecanismos de vigilancia y de terror sobre organizaciones jurídicas y la ciudadanía en general. De igual forma, las empresas, asociaciones, organizaciones gremiales, políticas, etc., están expuestas a este tipo de afectación”.

¿Qué información deben enviar los sujetos obligados? En el reporte de operaciones sospechosas se debe anexar un perfil integral del clientes; el estado de cuenta del producto o servicio donde se detectó la operación sospechosa; copia de identificación presentada por el o los reportados; un informe de análisis que originó la operación sospechosa, entre otros.

Los montos sujetos a control

Según la normativa, los sujetos obligados a esta Unidad de Análisis deben reportar operaciones con los montos siguientes: En las transacciones nacionales e internacionales, el monto sujeto de fiscalización es igual o mayor a 5,000 dólares; si el ingreso de remesas es igual o mayor de 500 dólares; si una persona realiza una transacción con una cooperativa que supere los 3,000 dólares mensuales.

En el caso de que una persona realice una transacción con una casa de cambio mayor a los 5,000 dólares; operaciones con microfinancieras por 10,000 dólares; si se realiza con una casa de empeño por un monto de 3,000 dólares; si una persona tiene ganancias en juegos de azar mayor a los 1,000 dólares.

Lea:Contadores públicos inquietos por obligación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

También se deben reportar a la UAF operaciones de compra y venta de bienes raíces mayor a los cien mil dólares; en el caso de que la compra esté relacionada con compra en efectivo de vehículos nuevos y usados, cuando los montos sean superior o igual a diez mil dólares y 5,000 dólares.

Igualmente, se deberán reportar cuando haya transacciones ganaderas igual o superior a los 1,000 dólares; en el caso de las ventas nacionales o exportaciones de oro, si el saldo es igual o mayor a los 5,000 dólares en el caso de las locales y si es de exportaciones, si el monto es superior a los 10,000 dólares. Si las operaciones son mediante fideicomisos superior a los 10,000 dólares, también deben ser informadas a la UAF.

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