Empresario denuncia cierre arbitrario de gasolinera Puma Loyola por parte del INE

El concesionario de la gasolinera Puma Loyola además denunció que las autoridades estatales ya le abrieron dos procesos administrativos con el que pretenden cerrar dos negocios más

Jorge Sámper, consecionario de Puma Loyola y Puma Panamericana. LAPRENSA/J. Flores

El empresario Jorge Samper Blanco denunció este jueves que el régimen de Daniel Ortega a través del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), cerró desde diciembre pasado de forma arbitraria la gasolinera Puma Loyola.

Samper es el concesionario de esa gasolinera, cerrada cuando las autoridades hicieron lo mismo contra otras estaciones en Managua, como la ubicada en Larreynaga y la de Metrocentro. El acoso contra Samper es tal que le abrieron proceso administrativo contra dos negocios más.

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Una es la gasolinera Puma Guanacaste, que se ubica al oeste de Managua, y la otra es una compañía de transporte de combustibles. Samper es exdiputado opositor y el esposo de la expresidente del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya.

Toma fue “Manu militari”

“El 19 de diciembre se aparecieron en Puma Loyola, yo no sé si les puede llamar autoridades, pero funcionarios del Instituto Nicaragüense de Energía y prácticamente a ‘Manu militari’ (con mano militar), sin ningún tipo de orden y sin cumplir con la ley, vinieron y cerraron arbitrariamente Puma Loyola”, denunció Samper.

Ante la acción confiscatoria, el empresario aseguró que presentó un recurso de revisión ante el INE “pero hasta hoy, desde diciembre, ese recurso no ha sido resuelto”.

Revivieron un caso cerrado para atacarlo

El 4 de abril, el INE, según Samper, le notifica un nuevo procedimiento administrativo contra la estación gasolinera Puma de la Panamericana (es la misma Guanacaste) y este martes le notificación otro procedimiento administrativo contra su empresa Transporte Samper.

En el primer caso, según el empresario, ya introdujo un recurso de revisión, el cual tampoco es respondido por el INE, como fue en el primer caso de Puma Loyola.

“Anteayer me notificaron, yo diría un caso de Ripley, de que me están abriendo un proceso administrativo por la empresa de transporte de combustible, por un caso que ya se encuentra cerrado (por un accidente de una cisterna en agosto del año pasado). Eso es increíble, abrir un caso ya cerrado, en el que cumplimos paso a paso lo establecido por INE”, se quejó.

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Samper dijo que no entiende por qué las autoridades estatales lo están acosando mediante el cierre de sus empresas y con procedimientos “fuera de la ley y violatorios al Estado de Derecho”.

En el pasado, otros exconcesionarios denunciaron que el Estado ha confiscado a opositores o a aquellos que apoyaron a las víctimas de la represión durante las protestas iniciadas en abril del año pasado.

El pecado de empresarios

“Si mi pecado fue dar refugio a quienes eran perseguidos por las balas, lo volvería a hacer”, dijo a LA PRENSA en febrero pasado el exconcesionario de la Puma de Metrocentro, Juan Carlos Habed.

Además de confiscado, Habed fue asediado en su casa de habitación por paramilitares y policías orteguistas, situación que lo llevó a exiliarse en EE. UU.

La concesionaria de la estación Puma Larreynaga, también confiscada en diciembre reciente, decidió guardar silencio. En esa misma situación estaba Samper, hasta su declaración en que claramente denuncia la confiscación.

Respaldo privado

La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), en un comunicado, condenó las acciones del régimen a través del INE, en contra de su agremiado.

“Externamos nuestra profunda preocupación por la parcialidad e ilegalidad de los recientes actos y resoluciones administrativas del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y el Ministerio de Energía y Minas (MEN) contra la empresa de nuestro socio y secretario de la junta directiva de APEN, doctor Jorge Samper Blanco, al suspender y pretender cancelar de manera arbitraria, las autorizaciones para administrar, transportar y vender combustible”, se quejó APEN.

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“Este anómalo comportamiento de las mencionadas instituciones del Estado es contrario al principio de legalidad que deben regir los actos de los funcionarios públicos y violenta los derechos constitucionales de propiedad privada, libre empresa y el respeto del Estado hacia las inversiones privadas”, expuso APEN en su pronunciamiento.
APEN exhortó también al Estado a que le sean restituidos los derechos al empresario.