Aniversario

Con este estado de represión y mordaza Nicaragua ha dejado de ser una república con un Estado Social, Democrático y de Derecho

El 18 de abril se cumplió un año de la masacre de la cual no se tiene récord en nuestra historia. Las víctimas fueron niños inocentes, jóvenes universitarios y estudiantes, campesinos, adultos, todos involucrados en protestas pacíficas. El victimario: el gobierno de Daniel Ortega.

Este ataque vil, desproporcionado y artero no tenía ninguna justificación, ni razón de ser, su fin único era “destruir y arrebatar la vida de quienes consideran enemigos”. Y lo más grave, ejecutado por el cuerpo colectivo y armado encargado de velar por la seguridad y la vida de los ciudadanos: “Policía Nacional”.

Con este estado de represión y mordaza Nicaragua ha dejado de ser una república con un Estado Social, Democrático y de Derecho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que la manifestación social es importante para la consolidación de la vida democrática y que dicha forma de participación en la vida pública, en tanto ejercicio de libertad de expresión, reviste un interés social imperativo. (CIDH, informe anual 2005. Vol. II: informe de la relatoría especial para la libertad de expresión. Capítulo V, párrs. 1 y 94). También señala que los gobiernos no pueden invocar mantenimiento del orden público, entorpecimiento del comercio, del funcionamiento normal del transporte, libertad de circulación, como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido. A su vez el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la reunión pacífica y asociación ha hecho referencia a las directivas sobre la libertad de reunirse pacíficamente de la Oficina para Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. En ese sentido la solicitud de permiso, restricción, obstaculización, represión o disolución por la fuerza por élites de antimotines, Policía y actores no estatales “militantes sandinistas” entorpecen de manera significativa el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica, consagrados en los artículos XXI de la Declaración Americana y 15 de la Convención Americana.

No solo esos derechos nos han sido conculcados. También la “verdadera libertad”, no un vil remedo de casa por cárcel, cuyo fin es la amenaza latente —te portas bien, te callas o regresas a prisión—, la libertad de inocentes que alzaron su voz y ejercieron su derecho de información: los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, Edwin Carcache, Irlanda Jerez, Medardo Mairena y muchos otros, que el régimen teme excarcelar; el derecho de vivir en tu tierra —desplazamiento forzado de nicaragüenses—. Todas esas violaciones a los tratados internacionales están en las mesas e informes de organismos internacionales de Derechos Humanos, dispuestos a aplicar verdaderas sanciones, por encima de intereses económicos, partidarios u otros. Los derechos humanos son cartas no negociables y en caso de violaciones cobran facturas, no importa el tiempo.

El autor es abogado.