Deudas millonarias a causa de saqueos en siete alcaldías opositoras

Los sandinistas reeditaron la piñata" de los años noventa, cuando Daniel Ortega se apoderó de bienes públicos antes de entregar el poder.

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Alcaldes electos bajo la bandera de CxL. LA PRENSA/L. ÁLVAREZ.

Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción reveló que los saqueos a las alcaldías que pasaron a manos de opositores en 2018, representaron un costo de hasta 8 millones de córdobas en algunos municipios, por las deudas que dejaron los funcionarios sandinistas salientes.

La principal fuente de las deudas fue el cobro del programa “Calles para el pueblo”, aunque se supone que este programa es un beneficio del gobierno central a todas las alcaldías del país. También la demanda de liquidaciones hasta por 20 salarios en algunas alcaldías y el retraso del pago al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Sistema Nacional de Capacitación Municipal (Sinacam), sin contar con la destrucción y robo de materiales de oficina y de transporte, que se dio en las siete alcaldías ganadas por opositores y que el Observatorio investigó específicamente.

Esta irregularidades ocurrieron únicamente en los municipios que eran gobernados por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y que en las elecciones municipales de 2017 fueron ganados por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) o por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Municipios saqueados

Las alcaldías saqueadas fueron de Camoapa (Boaco), El Almendro (Río San Juan), Santo Domingo (Chontales), La Trinidad (Estelí), San Sebastián de Yalí, Wiwilí y El Cuá, estas tres últimas del municipio de Jinotega.
El director del Observatorio de Transparencia, Luis Robleto, manifestó que es ilegal que las deudas de una administración municipal pasen a la siguiente.

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El artículo 21 de la Ley de Régimen Presupuestario Municipal (Ley 376) establece que los créditos que excedan al período del gobierno municipal serán sometidos a consulta pública. “Este requisito no fue cumplido, por lo que las autoridades salientes no estaban facultadas para asumir deudas que excedieran su mandato”, menciona el informe.

Las deudas por el cobro del programa “Calles para el pueblo” implicaron sumas desde 2.4 millones de córdobas hasta 3.6 millones de córdobas.

Robleto explicó que el cobro de este programa fue deducido directamente de las transferencias municipales, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

También, la Alcaldía de La Trinidad reportó una deuda a las empresas de telefonía móvil por una suma de 400 mil córdobas y deudas miceláneas de más de seiscientos dólares.

“Todas estas deudas fueron dejadas sin el conocimiento del Consejo Municipal”, reiteró Robleto.

Los saqueos también implicaron el traspaso de propiedades municipales a entidades del Estado o a particulares, algo que también fue recogido en el informe del Observatorio de Transparencia.

En los siete municipios se registró el traspaso de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) al Ministerio de Educación (Mined) o al Ministerio de la Familia (Mifamilia); los Parques de Fería pasados al Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca); Centros Turísticos pasados a nombre del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.

Las situaciones más dramáticas provocadas por las tomas de propiedades de parte de dirigentes sandinistas, se dieron en El Almendro y en El Cuá, donde se tomaron las empresas aguadora.

En El Almendro la población pasó un período de tres semanas sin agua por esta irregularidad, sin embargo, la mayoría de la población decidió pagar el servicio de agua directamente a la Alcaldía, para que la municipalidad le pague a la aguadora tomada por los sandinistas.

Robleto dijo que estos saqueos fueron una reedición de “la piñata sandinista” en 1990, cuando los sandinistas también se tomaron las propiedades públicas y las pasaron a particulares.

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