El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, asegura que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) no debe retomar la negociaciones con el régimen de Daniel Ortega hasta que todos los presos políticos sean liberados. De lo contrario, sostiene, permitiría que el régimen gane tiempo con la comunidad internacional para evitar más sanciones.
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“La Alianza no debe regresar al Diálogo Nacional hasta tanto no se de la libertad total de todos los presos políticos, al margen que se den intercambios informales sobre las figuras legales que se están usando o se van a usar, sobre las listas y los números donde hay muchas discrepancias”, aseguró Solís en una carta publicada este jueves. Además sostiene que “se suicida políticamente porque va a permitir que una gran cantidad de presos políticos continúen en prisión”.
La Alianza Cívica condicionó este martes retomar las negociaciones hasta que el régimen “dé pruebas contundentes” de que cumplirá los acuerdos. Para superar este impasse, los testigos de las negociaciones presentaron un propuesta de implementación de los acuerdos, cuyo contenido aún no ha sido revelado.
Para Solís, la fecha límite para la liberación de todos los presos políticos debe ser el próximo 5 de mayo (En realidad el plazo se cumple en junio), para cumplir con el plan que se firmó con el régimen orteguista para la liberación en marzo pasado, donde el Comité Internacional de la Cruz Roja acompañaría el proceso.
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El exmagistrado asegura que, según “opiniones de funcionarios de los Poderes Ejecutivos, Legislativos, y del propio Poder Judicial”, existe una lista con unos 100 presos políticos, que el régimen orteguista considera como presos comunes “y que bajo ninguna circunstancia van a dejar libres, argumentando que se trata de delitos comunes, lo cual confirma la tesis que lo que quiere el Gobierno es ganar más tiempo para evitar más sanciones”.
El régimen orteguista, durante las negociaciones con la Alianza Cívica, ha excarcelado a 230 presos políticos, de los cuales algunos desconocen su condición legal, ya que las autoridades del Ministerio de Gobernación (Migob) no les informa a ellos, ni a sus familiares.
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Por su constante violación a los derechos humanos, Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus funcionarios cercanos han sido sancionados por Estados Unidos. El régimen pretende en la mesa de negociación que la Alianza Cívica inste a la comunidad internacional a desistir de las sanciones contra ellos.
Régimen pretende culpar a Alianza Cívica
Solís agrega en su misiva que el régimen busca en un futuro responsabilizar a la Alianza Cívica de no mostrar voluntad política en las negociaciones, lo que provocaría que no salgan “todos los presos políticos” y así estancar las negociaciones nuevamente para evitar abordar los otros temas importantes.
Aunque Solís, aplaude la decisión de la Alianza Cívica de suspender las negociaciones por el incumplimiento del régimen de los acuerdos alcanzados, comparte la opinión de que la mesa de negociación debería “concluir en definitiva”.
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Solís reitera que los acuerdos deben hacerse leyes o decretos
“Algunos por ingenuidad y otros por ignorancia me criticaron cuando yo dije en uno de mis escritos que los principales puntos de ese acuerdo debían hacerse leyes y decretos para que tuvieran mayor fuerza legal y me mandaron a callar creyendo que con la firma del Gobierno era suficiente para el cumplimiento de ese Acuerdo”, asegura Solís en referencia al segundo punto de un acuerdo sobre la restitución de los derechos, garantías y libertades ciudadanas.
Ese acuerdo fue incumplido un día después de firmado, cuando la Policía Orteguista (PO) reprimió a los manifestantes el pasado 30 de marzo que participaron en la sentada nacional, una convocatoria de manifestación hecha por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Tres personas resultaron heridas de bala luego de que un paramilitar dispara contra ellos en el parqueo de Metrocentro, a pesar de que la Policía estaba en el lugar.
El régimen orteguista intenta evitar cualquier tipo de manifestación de los azul y blanco, argumentando que generan alteraciones al orden público y atentan contra la seguridad ciudadana.