La abogada experta en temas de transparencia pública, Martha Molina, dijo este jueves que Nicaragua es un país donde el control partidario de las instituciones públicas y la crisis que enfrenta la sociedad, deja a los nicaragüenses “atados de pie y manos”, sin poder demostrar y castigar la corrupción pública que existe en el país.
“Ahorita estamos pasando por una crisis dramática, trágica y cualquier ciudadano que quiera ir a acusar a un policía no te le van a dar ningún tipo de trámite en la instancia correspondiente, porque todo está politizado y todo se puede volver en nuestra contra. Las leyes en este momento están siendo utilizadas para dar persecución a las personas que reclamamos cualquier tipo de derecho, incluido los derechos humanos”, dijo Molina.
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Molina presentó este jueves un diagnóstico situacional del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesisic), como parte de un foro del Observatorio pro Transparencia y Anticorrupción.
En su exposición explicó que el gobierno de Daniel Ortega entrega informes “maquillados” al Mesisic, que hacen ver a Nicaragua como “el país de las maravillas”, que cumple con todos los establecimientos de transparencia y con la Ley de Acceso a la información pública”.
Pero este montaje del gobierno puede ser contrastado con los resultados de Transparencia Interancional (TI), un organismo que mide la corrupción a nivel mundial.
El Índice de Percepción de Corrupción de 2018, presentado por TI en enero de este año, colocó a Nicaragua como el segundo país más corrupto de la región por detrás de Venezuela y por delante de Haití.
Sin fiscalizadores públicos
Martha Molina manifestó que particularmente la Controlaría General de la República, un órgano público que debe fiscalizar la administración pública, se ha declarado incapacitada para investigar la corrupción los últimos diez años del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Mencionó el caso del expresidente del poder electoral, Roberto Rivas Reyes, quien incrementó su capital durante su función pública, pero nunca fue investigado.
“Son un montón de caso que han quedado en la impunidad y la Contraloría siempre diciendo que no pueden emitir ninguna opinión, porque se van a meter en el campo de la vida privada de los funcionarios públicos”, dijo Molina.