Las reformas electorales, las cuales serán trabajadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), que proyecta tener una propuesta en seis meses de trabajo, son claves para que se den comicios libres.
Así lo consideraron representantes de la Alianza Cívica (AC) y expertos electorales.
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Carlos Tünnermann Bernheim, jefe negociador de la AC, explicó ayer que avalaron el período de seis meses para lograr la propuesta de reformas electorales, pero esto implicaría que un adelanto de las elecciones presidenciales podría ser en 2020.
Así lo espera la oposición, aunque la implementación de las reformas dependerá de la voluntad política de Daniel Ortega, que controla todos los poderes del Estado.
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La propuesta de la reforma electoral fue hecha la semana pasada por el director de la oficina de Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cristóbal Fernández.
Fernández fue enviado al país por el secretario general del organismo, Luis Almagro, quien el mismo día de la llegada del funcionario respaldó en Washington, EE. UU., la necesidad de elecciones anticipadas como una vía para solucionar la crisis que se ha extendido durante un año tras la represión del régimen contra la ciudadanía.
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Fernández se reunió con la AC y los delegados del régimen, que reanudaron las conversaciones desde el 27 de febrero pasado. Actualmente las mismas se encuentran estancadas por la falta de voluntad de Ortega, con el fin de cumplir los acuerdos que garantizarían la liberación definitiva de los presos políticos, el respeto del derecho de movilización de los ciudadanos y la libertad de expresión.
OEA pidió aval e inicia proceso
Fernández vino al país a pedir el aval de la AC y de Ortega para buscar el financiamiento destinado a implementar las reformas electorales en un plazo de al menos seis meses, reveló Tünnermann.
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“Ambas partes, tanto del Gobierno como de la Alianza Cívica, le dijimos que le dábamos el aval, porque ellos necesitaban ese aval, para dar principio a la contratación de los expertos y para eso necesitan gestionar recursos”, manifestó.
Los tiempos del organismo
Las gestiones para buscar el financiamiento se harían en los primeros 15 días de mayo y la siguiente quincena sería para contratar a expertos electorales, tanto nacionales como internacionales, según Tünnermann.
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Lo siguiente sería la elaboración de la propuesta de reforma electoral, en consulta con los partidos políticos, los miembros de la mesa negociadora y otros sectores de la sociedad.
Tünnermann reveló que en la reunión del miércoles reciente con Fernández, ambas partes reafirmaron sus diferencias alrededor del tema de adelantar las elecciones electorales.
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“El canciller (Denis Moncada) dijo que para el Gobierno de Nicaragua no está sujeto a negociación el adelanto de las elecciones. Entonces, por parte nuestra, dijimos: señor Fernández, por parte nuestra le hacemos ver que en la agenda de la Alianza Cívica, el tema del adelanto de las elecciones es un tema fundamental, porque responde a un clamor nacional y también a una demanda internacional”, recalcó el jefe negociador de la AC.
¿Fecha de elecciones?
Tünnermann dijo que después de implementarse las reformas electorales todo estaría listo para negociar la fecha de unas elecciones presidenciales antes de noviembre de 2021 —que es cuando se vence el tercer período de gobierno consecutivo de Ortega—.
Tünnermann calcula que 2020 sería el año clave para elecciones adelantadas. El director del organismo de observación electoral Ética y Transparencia, Roberto Courtney, valoró que con un sistema electoral reformado y confiable para la ciudadanía, solo es cuestión de poner fecha a las próximas elecciones.
El experto en temas electorales recordó que antes de que surgiera la demanda de elecciones adelantadas, lo que era un requisito indispensable era una “buena reforma”.
“Componer el sistema (electoral) es la clave y después hablamos de los tiempos. Además, por la salida electoral, salimos todos: los presos salen el día que haya un calendario electoral, porque al Gobierno no le conviene tenerlos ahí”, dijo.
Courtney manifestó que hay que aprovechar este interés del Gobierno de abordar la reforma electoral.
Courtney: Labor previa
“Hay un buen escenario para reformar, que es la primera cosa que se tiene que hacer y no hay que permitir que el desencuentro alrededor de los tiempos evite hacer la labor previa, que es reformar la ley”, confió Courtney.
José Pallais Arana, también miembro de la AC, manifestó que la confianza que tienen en la aplicación de esta propuesta no está basada en el cumplimiento de Ortega, sino en el trabajo de la OEA.
“La confianza vamos a validarla con el cumplimiento de los acuerdos, pero confianza (en Ortega) no tenemos. Nuestra confianza está basada en la promesa de la OEA y en que la Alianza (Cívica) lo tenga como una prioridad, porque la solución final de la crisis pasa por la celebración de elecciones”, reafirmó.
“Así que la confianza está en la OEA, en el pueblo de Nicaragua y en que la Alianza Cívica mantendrá la iniciativa para que esto se cumpla, no está basado en una confianza en la actuación del Gobierno”, refirió Pallais.
Ortega aceptó la reanudación de las conversaciones con la oposición por la presión de la comunidad internacional, que ha condenado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen contra los ciudadanos de Nicaragua desde abril de 2018.
Se trata de la segunda etapa del diálogo, debido a que la primera duró solo un mes, entre mayo y junio de 2018. Al negarse a parar la represión, Ortega socavó el diálogo e intentó desacreditar a los mediadores de entonces —los obispos de la Conferencia Episcopal—, a quienes incluso llegó a calificar como “golpistas”, dado que él se describía como víctima de un intento de derrocamiento.
¿Por qué importa?
Este proceso de seis meses para reformar el sistema electoral de Nicaragua implica la consulta con partidos políticos, con organismos de observación electoral, las partes en la mesa de diálogo y otros sectores de la sociedad, aseguró José Pallais, de la AC.
Luego que esté lista la propuesta de reforma electoral, tiene que pasar con la aprobación de la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo.
Carlos Tünnermann también dijo que en el próximo proceso electoral se tiene que asegurar la participación de todos los partidos políticos, incluso a los que se les ha suspendido la personería jurídica. El sistema electoral es cuestionado por su parcialidad a favor del FSLN.