Asegurar el máximo nivel de cumplimiento de los acuerdos entre la Alianza Cívica y el Gobierno determinará condiciones para la democracia, la paz y la justicia; por ello es indispensable el consenso sobre garantes de calidad y las garantías que aseguren estos cumplimientos. Garantes de calidad son organismos y personas notables de confianza para las partes dialogantes, ellas dan fe de lo acordado e implementado, con lo cual legitiman los procesos y resultados de la negociación, siendo por ello clave que generen confianza a la población afectada por la crisis. Por tanto, deben contar con elevada ética, especialidad técnica y capacidad operativa en los temas a garantizar: derechos humanos y electorales.
En derechos humanos la Alianza Cívica exige garantes internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) o países amigos. Sería de buen sentido para el gobierno obtener la certificación de esas organizaciones cumpliendo a cabalidad lo acordado, lo cual abonaría a la reducción de las sanciones en camino. Los mismos testigos y acompañantes deberían mediar para que haya estos garantes; asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja podría solicitarlo sin nombre (por su neutralidad) para completar la parte jurídica de la liberación de presos políticos. Los garantes requieren de capacidad operativa. Deben verificar la aplicación de protocolos de cumplimiento por un tiempo prudencial, hasta constatar que los derechos alterados sean realmente restituidos; más allá de las formalidades de implementación, verificar in situ: Masaya, Jinotega, Estelí, Diriamba, Ometepe, León, Bluefields y San Carlos, por mencionar algunos. Asimismo, complementarse con garantes nacionales especializados, otro criterio acordado en la negociación; como organizaciones de derechos humanos con el respeto de la ciudadanía por su labor, tales como Cenidh, CPDH y ANPDH, las cuales tienen redes territoriales.
Del mismo modo, para garantes internacionales en materia electoral, como la OEA o la Unión Europea, serán necesarios misiones territoriales y complementarse con garantes nacionales especializados, tales como Ética y Transparencia e Ipade. No obstante, si algunos garantes internacionales o nacionales son irracionalmente rechazados por el gobierno, una mayor articulación entre las organizaciones nacionales para monitorear, evaluar y retroalimentar a la ciudadanía, a la Alianza Cívica y al Gobierno sobre el cumplimiento de los acuerdos, también servirán de garantía para todos. Finalmente, sigue siendo indispensable una representación balanceada de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cuya presencia como garante nacional general, daría mayor credibilidad a los acuerdos tomados y los pendientes.
El autor es educador.