La Alianza Cívica es un peligro. Sin criterio político alguno, llega a acuerdos por su cuenta, que constituyen una claudicación frente a la dictadura. El problema enigmático es que la Alianza pretende representar al pueblo combativo mientras claudica a sabiendas.
Si no hay elecciones adelantadas ¿para qué negociar con Ortega? Peor aún, sin elecciones adelantadas, ¿para qué hacer reformas electorales? Es una insensatez pensar que se puedan hacer reformas electorales sin un objetivo político. Lo que ocurre es que, sin adelanto de elecciones, el objetivo político que rige silenciosamente las reformas electorales es el de Ortega, de llegar a las elecciones del 2021. Bajo el supuesto majadero que se requerían protocolos burocráticos, imprecisos, para que el proceso de liberación de los presos políticos tuviera lugar, la Alianza aceptó el plazo de noventa días. De hecho, Ortega consiguió diluir el compromiso de liberar a los presos políticos, dejándolo a su criterio discrecional. ¿Quién le dio ese mandato a la Alianza de aceptar noventa días?
Ahora, la Alianza acepta que las reformas electorales se discutan, bajo propuesta y coordinación de la OEA, mientras la única convocatoria de elecciones es la establecida para el 2021. La Alianza pretende regresarnos al memorando de entendimiento entre la OEA y Ortega de diciembre de 2017. ¿Quién le dio ese mandato a la Alianza? La Alianza Cívica —dice Tünnermann— mantiene la exigencia que en las negociaciones con la dictadura se acuerde el adelanto de las elecciones.
El adelanto de elecciones es una exigencia nacional, porque es una alternativa política a la demanda que Ortega renuncie. Pero la Alianza no mantuvo esta demanda, con carácter prioritario, en la agenda consensuada con Ortega en la mesa de negociaciones. Importa muy poco si ahora la Alianza dice que guarda esta exigencia en el bolsillo. También el Cosep guardaba similarmente en el bolsillo un decálogo democrático, mientras conformaba un gobierno corporativo con la dictadura orteguista. En el acuerdo entre la Alianza y Ortega con los expertos electorales de la OEA, no figuran las elecciones adelantadas, ni el cambio de magistrados del Consejo Supremo Electoral, ni la transformación profunda de ese poder del Estado. La Alianza explica que todo ello se considera temas políticos, no técnicos, por lo que están fuera de las reformas electorales que propondrá la OEA. Pero, es que, resolviendo el problema político, se resolverán luego todos los problemas técnicos. No al inverso. Los expertos de la OEA, confirma la Alianza, coordinarán la discusión de las reformas electorales, entre los equipos nacionales e internacionales, con la participación de distintos sectores sociales, políticos y económicos que decida Ortega. Por último, tales propuestas serán sometidas a la Asamblea Nacional orteguista (como última compuerta de control dictatorial). Con tales reformas, la dictadura, políticamente intacta, será técnicamente democrática. ¡Algo huele mal en Dinamarca!