Entre marzo y abril pasados, cuatro personas murieron y al menos otras nueve resultaron heridas en situaciones relacionadas con supuestos delitos comunes en las que están involucrados oficiales de la Policía Orteguista (PO) y simpatizantes sandinistas, los que han quedado en la impunidad.
El comerciante Heldrick Alberto Amaya Barrios, el artesano Mario Josué López Carballo, Orlando Cruz Lagos y una cuarta persona que no ha sido identificada por la PO, murieron a manos de oficiales y simpatizantes sandinistas en situaciones por las cuales no hay una investigación ni acusación contra los responsables.
Para especialistas en temas de seguridad y defensores de derechos humanos, esos casos son parte de una extensa lista de abusos que reafirman la descomposición de la Policía, porque no actúa como una institución que garantiza seguridad a la ciudadanía, sino como un apartado represor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que le blinda de impunidad para no responder por esos abusos.
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El especialista en temas de seguridad Roberto Cajina critica que la PO como institución “ha perdido los valores éticos y morales que en algún momento fueron base de su actuación”, pues dejó de cumplir su misión constitucional y de su propia ley, “porque dejó de garantizar protección y seguridad a la ciudadanía para convertirse en aparato represor que protege los intereses de Ortega y Murillo”.
Desde que Ortega asumió el poder, en 2007, empezó la descomposición de la Policía al dejar a un lado el profesionalismo que había alcanzado durante gobiernos anteriores y pasó a ser una entidad donde abiertamente sus altos mandos y oficiales se declaran orteguistas.
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La PO es el brazo represor del régimen orteguista contra las manifestaciones ciudadanas iniciadas en abril del 2018, ya que desencadenó una de las peores crisis sociopolíticas de los últimos treinta años en Nicaragua.
Detenciones ilegales, los asesinatos de más de trescientas personas, miles de heridos, torturas y ejecuciones extrajudiciales son de los crímenes contra los ciudadanos cuyos principales responsables se atribuyen a la Policía, grupos de choque y paramilitares orteguistas, según han documentado organismos de derechos humanos.
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Cajina recordó que el estado policial impuesto por la dictadura se ve en que sus efectivos permanecen en rotondas, calles y avenidas centrales de Managua y de otras ciudades para evitar las protestas, mientras los niveles de delincuencia han aumentado.
“Ha dejado de ser una Policía preventiva y más bien es condescendiente con la delincuencia”, sostiene Cajina.
Los últimos casos
El asesinato del comerciante Heldrick Amaya, de 40 años, el fin de semana reciente, durante una persecución policial en el mercado Oriental, volvió a exponer a la PO, pues la familia rechaza que el comerciante fuese un delincuente, como señalo en un comunicado esa institución.
La familia de Amaya sostiene que este era prestamista y además denunció que la Policía se niega a regresarles los más de cien mil córdobas que andaba Amaya, antes matarlo de un balazo en la cabeza y otro en el costado.
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Cajina afirma que no devolver el dinero a la familia del prestamista y la negativa de la Policía a investigar a sus agentes, lo que hace es que crezca “la desconfianza, la incertidumbre de la población y la pérdida de legitimidad” en ese órgano.
Otra muerte por la que la Policía no ha dado explicaciones es la del artesano de 26 años Mario Josué López Carballo, ocurrido la madrugada del 20 de abril pasado en un retén de oficiales y paramilitares en Diriá, Granada.
El artesano López viajaba en motocicleta con su amigo Mario José Pupiro Calero cuando al no detenerse en el retén recibió un impacto de bala en la espalda. Más de un mes después no hay detenidos por este crimen.
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Otro caso impune es el asesinato de Orlando Cruz Lagos a manos de un pistolero en el parqueo del mercado Roberto Huembes. La PO guarda silencio sobre este crimen que sucedió el 13 de abril pasado y del que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, el responsable es Joaquín Ramón Fernández Correa, quien es trabajador de la Alcaldía de Managua y militante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El pistolero Fernández Correa no ha sido presentado como responsable del asesinato de Orlando Cruz y tampoco se le ha acusado en los tribunales.
La impunidad la permitiría la PO por estar involucrados dos simpatizantes orteguistas, ya que la familia del fallecido Cruz aseguró a medios oficialistas que este militaba en el FSLN.
Otro caso en que la PO se ciega cuando se involucra a militantes del FSLN es el del paramilitar Germán Félix Dávila Blanco, quien el pasado 30 de marzo disparó con su arma de fuego a autoconvocados que protestaban en el estacionamiento del centro comercial Metrocentro. Tres protestantes resultaron heridos.
La PO mintió sobre cómo sucedió el ataque para victimizar al pistolero Dávila, a quien no se procesó a pesar de haber atentado contra la vida de civiles.
Cajina explicó que estos casos deberían ser investigados por la Dirección de Asuntos Internos, pero ahí “no hacen su trabajo. Lamentó que “la Policía que se intentó crear con profesionalismo ya no existe, fue arrastrada por la vorágine de la represión, persecución y acoso contra quienes adversan al régimen”.