El régimen de Daniel Ortega sigue sin cumplir los acuerdos para la liberación de los presos políticos mientras persiste en su represión contra los ciudadanos; sin embargo se está centrando en forzar a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para que firme los compromisos para gestionar ante la comunidad internacional que se suspendan las sanciones hacia su régimen.
Este viernes 3 de mayo, en otro comunicado leído por el canciller orteguista Denis Moncada, el régimen vuelve a insultar a los negociadores de la Alianza Cívica diciendo que tienen una actitud “burda” y “miserable” por negarse a pedir a los gobiernos, como Estados Unidos, los de la Unión Europea y Canadá, de suspender las sanciones ya aplicadas y de desistir de adoptar nuevas medidas a Nicaragua.
La Alianza Cívica respondió a través de una nota de prensa en que es “el Gobierno con sus acciones de abuso sistemático a los derechos humanos y su corrupción son los verdaderos responsables de dichas sanciones y son ellos, las personas sancionadas, los afectados” no la mayoría de los nicaragüenses, como falsamente presenta la dictadura.
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El régimen de Ortega y Murillo no reconoce su responsabilidad en la masacre perpetrada por grupos de choque, paramilitares y la Policía Orteguista (PO) contra las protestas que estallaron en abril del 2018, y que dejaron más de trescientos muertos, miles de heridos, unos 800 presos políticos y más de 60 mil exiliados, según han documentado organismos de derechos humanos.
Ortega se niega a aceptar la propuesta de la Alianza Cívica de que se conforme una Comisión de la Verdad con profesionales independientes y la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que haya una investigación imparcial de los crímenes en el contexto de la represión a las protestas para que los responsables enfrenten la justicia.
Sin liberar a todos los presos políticos
Tampoco se autoriza al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que empiece a liberar a los presos políticos conforme las listas conciliadas en la mesa de negociación. Por el contrario la PO sigue secuestrando, asediando, hostigando a los protestantes y restringiendo las libertades de prensa y de manifestación.
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Las sanciones adoptadas por Estados Unidos (EE.UU.) en respuesta a la masacre perpetrada por fuerzas de choque y la Policía Orteguista a las manifestaciones ciudadanas desde abril del 2018, hasta ahora son individuales afectando al círculo de poder del régimen entre ellos a la cogobernante Rosario Murillo y al hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo.
El golpe de las sanciones también provocó que el Banco Corporativo SA (Bancorp) quede impedido de hacer negocios por lo que está en proceso de disolución voluntaria. Bancorp es propiedad de la empresa Albanisa, que maneja el negocio del acuerdo petrolero con Venezuela el cual es manejado directamente por allegados de la familia Ortega-Murillo.
En el comunicado leído por Moncada, la delegación del régimen “insiste” en que la Alianza Cívica acepte hacer una “denuncia conjunta” “de esas medidas ilegales y unilaterales llamadas sanciones, que, desgraciadamente algunos, gozosa, gustosa y malignamente, pidieron, disfrutan, y continúan pidiendo con maldad”.
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La respuesta de la oposición es que “será única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno y su falta de cumplimiento de los acuerdos que se apliquen “potenciales sanciones generales” a Nicaragua por parte de la comunidad internacional que causarían “efectos no deseados en la población”.
Este viernes 3 de mayo las delegaciones están reunidas en el Incae, sede de las conversaciones.
La Alianza Cívica afirmó que en ese encuentro le reiteraron a los delegados del régimen que “las sanciones que la comunidad internacional ha impuesto, han sido contra funcionarios públicos que han participado en la violación de derechos humanos, corrupción y fraudes electorales”.
“Rechazamos la campaña engañosa, mediante comunicados falsos a la verdad que pretende hacer ver estas sanciones como perjudiciales a los más pobres y humildes, cuando en realidad afecta a los funcionarios señalados por sus actos de corrupción y violación a los derechos humanos”.
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La Alianza Cívica mantiene su postura en que para lograr “una efectiva suspensión de sanciones” pasa por la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y de ser informado, el derecho de movilización, el retorno seguro de los miles de exiliados y la búsqueda de la justicia y la democracia entre otras cosas.
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“Son estas acciones, y no un llamado vacío e insustancial a suspenderlas, lo que efectivamente traerá el ambiente de confianza que tanto anhela el Gobierno. La falta de voluntad del Gobierno de avanzar con acciones concretas a cumplir con los acuerdos ya firmados son el verdadero tranque que impide la búsqueda de una solución a la actual crisis”, sostiene la oposición.