El régimen de Daniel Ortega rechazó todas las propuestas que hizo la oposición, para superar el impase que tiene trabadas las negociaciones. Los delegados del régimen insistieron en que se debe suspender las sanciones a los familiares de Ortega y a los funcionarios públicos, lo que hace pensar a los opositores de la Alianza Cívica que el “diálogo agoniza”.
“Para mí el diálogo ya está agonizando, porque van varias sesiones en que tratamos de retomar el consenso sobre los acuerdos a los que se había llegado a través de la propuesta de los testigos y acompañantes, y no se logra. El Gobierno asumió una posición totalmente intransigente”, manifestó José Pallais Arana, miembro de la organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del régimen en la mesa de negociación.
La Alianza Cívica propuso el jueves reciente al orteguismo que acelere el cumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de diálogo.
Entre los acuerdos están liberar a todos los presos políticos y respetar los derechos y las garantías ciudadanas, y solo así gestionarán la suspensión de las sanciones internacionales.
Pallais relató que los delegados del régimen han dicho que si no se solicita “ya” la suspensión de las sanciones, “ellos no cumplen absolutamente nada y no avanzan en los temas pendientes”.
El miembro de la Alianza dijo que no les queda más que pensar que Ortega está dando por terminado el diálogo con esa actitud de intransigencia.
“Es una posición política de intransigencia, para posicionarse internamente frente a sus bases, pero están perdiendo de perspectiva la correlación de fuerzas internacionales, están perdiendo de perspectiva la realidad económica nacional, están perdiendo de perspectiva la lógica de la racionalidad, están empujando al país hacia un desastre más rápido”, manifestó Pallais.
Mayo es el límite
Ante este escenario, la Alianza Cívica definió el mes de mayo como el límite de la negociación.
El economista Mario Arana, también miembro de la Alianza Cívica, reconoció que en este momento el diálogo está “estancado”, pero espera que algo cambie en todo el mes de mayo.
“Con este tema de las sanciones estamos estancados, porque el gobierno está planteando que nosotros hagamos un levantamiento de sanciones, como que nosotros tuviéramos un poder sobre ese asunto, cuando ese es un asunto que realmente los países implementan, porque quieren que los países avancen en sus reformas internas sobre el respeto a la democracia”.
“Vamos a seguir dándole una oportunidad a la negociación para ver hasta cuándo aguanta”, agregó Arana.
Régimen solo responde con ofensas
En un nuevo comunicado leído ayer viernes por el canciller Denis Moncada Colindres, a través de los medios de comunicación oficialistas, el régimen volvió a insultar a los negociadores de la Alianza Cívica, por negarse a pedir a los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá la suspensión de las sanciones ya aplicadas y de desistir de adoptar nuevas medidas contra el régimen.
Gobierno miente sobre sanciones
El canciller Moncada, quien encabeza la delegación del régimen en la negociación, repitió una y otra vez ayer que las sanciones afectan a la economía de todo el país; sin embargo, estas medidas están dirigidas a siete funcionarios orteguistas, entre ellos la esposa y cogobernante de Ortega, Rosario Murillo; su hijo y asesor de inversiones Laureano Ortega Murillo; su consuegro y jefe de la Policía Orteguista, Francisco Díaz, entre otros allegados al círculo de poder.
Las sanciones implican la “muerte financiera” de los afectados, porque incluyen el bloqueo de activos, la prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, de propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas y penalidades económicas.
El golpe de las sanciones también provocó que el Banco Corporativo SA (Bancorp) quede impedido de hacer negocios, por lo que está en proceso de disolución voluntaria. Bancorp es propiedad de la empresa Albanisa, que maneja el negocio del acuerdo petrolero con Venezuela, el cual es administrado directamente por allegados de la familia Ortega-Murillo.
Régimen obligado a negociar
El régimen orteguista se vio obligado a reanudar el diálogo con la oposición por la presión de las sanciones de Estados Unidos y las advertencias de la Unión Europea, que le pedían buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde el 18 de abril del año pasado, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles.
Sin embargo, la delegación de Ortega ha incumplido los acuerdos que ha firmado. En el país, las personas que se oponen a Ortega y demandan justicia y democracia son detenidas por la Policía Orteguista, o corren el riesgo de ser asesinadas por simpatizantes orteguistas que actúan con total impunidad.
¿Qué hacen en las reuniones?
El político opositor y miembro de la Alianza Cívica, José Pallais Arana, reveló ayer lo que ocurre durante el tiempo que pasan hablando con los delegados de la dictadura.
Pallais contó que durante el tiempo que pasan en las reuniones tratan de convencer a los funcionarios de la necesidad de cumplir con los acuerdos para terminar con la crisis del país, también les presentan diferentes opciones y otras propuestas.
“Se hacen propuestas, se razona sobre lo mismo, se les trata de convencer, se les explica cuál es la realidad económica, cuál es la realidad política internacional… pero no hay forma de hacerlos entender”, dijo Pallais.