Fue la noticia del 28 de enero. El cantante colombiano Carlos Vives canceló un concierto que estaba planificado para realizarse en Nicaragua el 23 de marzo. Ante la presión de miles de nicaragüenses que a través de las redes sociales le pedían no venir al país abatido por la crisis y la represión la Agencia WK Entertainment, con sede en Miami, y Premier Producciones, que organizaba el concierto en el país, confirmaron que el rey del vallenato no aterrizaría en Nicaragua.
Yaser Morazán, un matagalpino de 32 años, es uno de los activistas más notorios de las campañas de boicot contra los eventos y negocios asociados al régimen de Daniel Ortega, que ellos llaman despectivamente “sapos”.
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“El concierto de Carlos Vives en #Nicaragua es organizado por la dictadura que ha asesinado a más de 500 personas y tiene secuestradas a mas de 700. Por favor, no sean cómplices del régimen”, escribió Morazán en Twitter el 25 de enero pasado. Acompañaba el texto con una foto de Vives, cubierto de sangre, y la lista de patrocinadores del concierto.
Morazán ha trabajado en estas acciones de protesta desde el exilio en Costa Rica, donde se encuentra. Su padre fue encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega en octubre de 2018. Describe “el boicot a empresas vinculadas a la dictadura como ejercicios pacíficos de resistencia civil, diseñados para protestar sin correr el riesgo de morir en las calles”.
Golpe a las gasolineras
Las gasolineras de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), relacionada al holding de empresas de la familia presidencial, fue una de las primeras en la mira de los activistas del boicot. Esta acción fue impulsada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que además llamó a un “paro de consumo” por tres días.
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Pasados los meses el mensaje caló tanto entre los consumidores que la campaña en contra de estas estaciones de combustible fue permanente. Se mantuvo el llamado de boicot hasta obligar a la mayoría de gasolineras a cambiar sus logotipos, nombres y colores en un intento desesperado por trata de recuperar a sus clientes. Ahora las antiguas Petronic se llaman “La Bolívar”, “Estación de servicios Las Colinas”, “Centroamérica”, entre otros nombres que buscan distanciarse de la familia Ortega Murillo.
Para el asesor en temas de consumidor, Juan Carlos López, los clientes pueden utilizar el boicot como herramienta de “presión política y premiar o castigar a una empresa e incluso al Estado”. Sin embargo, señala, por su carácter autoconvocado no es posible hacer una medición del impacto que las campañas llegan a tener de manera directa en estas empresas. “Se corre el riesgo de que las personas que participan en estas acciones, no se den cuenta de los resultados de dichas campañas y se puede tener la percepción de que la campaña de boicot fue un fracaso”, criticó López.
Listas negras
Los ciudadanos se han tomado el trabajo de realizar listas negras de la A a la Z, donde enumeran las empresas que supuestamente son afines al régimen de Daniel Ortega, o tienen negocios con el Estado. A estas empresas y pequeños negocios las han bautizado como “sapas”, que es la manera peyorativa con la que se llama en redes sociales a los simpatizantes del Frente Sandinista.
“La verdad es que ya me tienen harto que me digan que soy sapo”, asegura Noel Blandón, fundador del bar Ron Kon Rolas, un negocio que nació hace seis años gracias a 1,500 dólares que le regaló su padre.
Blandón cuenta que comenzó con unos pocos muebles de un negocio anterior que había fracasado y que apenas tenía para pagar la renta del mes y algunas cajillas de cerveza. Pero gracias al concepto del bar, que es realizar conciertos con músicos nacionales, poco a poco Ron Kon Rolas fue creciendo al punto de que se tuvo que mover de local rumbo a la avenida principal Los Robles, en Managua, porque en el antiguo local ya no alcanzaban los clientes.
El dueño de Ron Kon Rolas asegura que no sabe de dónde vienen los rumores ni las campañas en su contra, pero está seguro que “hay un antes y un después de la crisis que afecta a Nicaragua”. Ahora realizar conciertos es complicado ya que muchas de las bandas de rock alternativo que tocaban en su bar se fueron del país por la crisis, y muchas agrupaciones no tocan por temor a que les hagan campañas de boicot dado que han tenido cercanía con la dictadura de Daniel Ortega.
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Uno de los principales argumentos que usan en las redes sociales para tildar de “sapo” al bar Ron Kon Rolas es que en años anteriores Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo y miembro de una banda de rock, tocó en el escenario de este local, y en varias ocasiones ha llegado como cliente.
Para Blandón es comprensible “la indignación y el enojo” de la gente y que se intente canalizar ese malestar mediante campañas de boicot, pero “es importante confirmar las informaciones y saber realmente qué negocios sí tienen relación con el Gobierno”.
La clientela ha disminuido y eso ha obligado a la administración del bar a dejar de realizar eventos que antes se anunciaban todas las semanas. El poder adquisitivo se ha reducido y la mayoría de clientes ahora solo consume lo básico. “Si piensan que estos negocios están en otra sintonía, la gente está en pleno derecho de no ir a esos sitios. Eso sí, deberían de informarse bien. No se pueden llevar en el saco a moros y cristianos”, reflexionó el propietario de Ron Kon Rolas.
Falsa normalidad
Según datos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en 2018 las pequeñas empresas perdieron 111 mil empleos formales, lo que equivale a un 70 por ciento de los asegurados que salieron del sistema de Seguridad Social.
A juicio de José Adán Aguerri, presidente del Cosep, las campañas de boicot no afectan la actividad económica en general “ya que el gobierno no es un monopolio y siempre existe la competencia”. “Realmente son el conjunto de las acciones las que generan presión al Estado”, afirma.
Según Aguerri, en la actualidad el mayor impacto que está sufriendo el régimen orteguista es la baja recaudación por el menor dinamismo de la actividad económica y la “contracción de la demanda, lo que tiene un origen a partir de las violaciones de los derechos humanos desde abril del año pasado”, agrega el presidente del Cosep.
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El régimen de Daniel Ortega ha activado desde hace varios meses una campaña de propaganda en la que se asegura que luego del “fallido golpe de Estado, todo está volviendo a la normalidad y la economía se está recuperando”, pero Aguerri desmiente esa afirmación asegurando que “la normalidad no se observa en muchos frentes, caímos -3.8 por ciento en 2018 y según el FMI se espera que el PIB en 2019 caiga -5 por ciento”.
El presidente del Cosep coincide con Juan Carlos López en que no se conocen los efectos al bolsillo de las empresas que son blanco de estas campañas de boicot, pero señala que es evidente que las de Petronic están más vacías que otras gasolineras.
Por su parte, Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), advierte que pese a la “oxigenación” que tuvieron las empresas durante las vacaciones de Semana Santa “la crisis va a continuar si no se busca una salida a la situación política”.
Respecto a las campañas de los ciudadanos para boicotear a los negocios turísticos que la gente cree vinculados con el orteguismo, Valenti aseguró que lo único que puede decir “es que las empresas turísticas están haciendo un enorme esfuerzo para poder sostenerse en medio de la crisis”.
La presidenta de Canatur ve con buenos ojos la campaña viral que a fuerza de tuits logró boicotear el concierto del colombiano Carlos Vives. “Entiendo que se hagan estas campañas para que no vengan a aparentar una situación de normalidad; además, estas acciones son un buen método de sensibilización a la opinión pública internacional”, dijo. Sin embargo, advirtió que “esto es distinto a boicotear a las empresas y a los negocios que lo único que están haciendo es vender un servicio”.
Vivir un boicot
Rosquillas Vílchez Tinoco está bajo una intensa campaña de boicot. En las redes sociales la gente le señala de ser un negocio “sapo, cercano al poder”. La pequeña empresa familiar nació hace treinta años y nunca había vivido una campaña de desprestigio de este tipo.
“Nos está afectando a nivel de imagen, en las ventas todavía no vemos una baja considerable, pero nos está afectando”, señala una fuente dentro de la gerencia del negocio que solicitó anonimato por razones de seguridad.
En el negocio rosquillero aseguran que no tienen vínculo alguno con la cúpula del poder sandinista y que tampoco tienen idea de por qué de pronto los señalan de “sapos”. Ante esta campaña colgaron un comunicado desligándose de los señalamientos, pero “esto fue peor, alborotó más a la gente y decían que nos tenían presionados y siguieron con la difamación”, señaló la fuente. “No sabemos si esto es una acción política o una acción de otra empresa que nos hace la competencia”.
La subida de precio de algunos productos con los que se elaboran las tradicionales rosquillas ha obligado a los Vílchez Tinoco a reducir su margen de ganancia, ahora tienen puesta toda su esperanza en “que el invierno sea bueno” para que la materia prima como el queso baje de precio y poder seguir sobreviviendo.
El boicot usado como arma de presión ciudadana causa terror entre los pequeños empresarios. “Salir en esas listas puede ocasionar que tu negocio quiebre”, asegura la dueña de un restaurante ubicado en el Puerto Salvador Allende, a quien llamaremos Maura.
Con más de cien metros cuadrados este restaurante ha visto como su clientela se ha reducido de manera acelerada y alarmante.
“La gente piensa que todos los que tenemos negocios en esta zona somos sapos, y la verdad es que aquí hay negocios sapos, gente que tiene padrinos dentro del Frente Sandinista, pero asimismo hay muchos azul y blanco que la estamos pasando mal por el boicot”, aseguró Maura, quien no quiso ser identificada porque teme que le retiren la concesión de su restaurante y perder el negocio donde ha invertido todos los ahorros de su vida.
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Sobre estas confusiones, el activista Yaser Morazán asegura que varios propietarios de negocios se han comunicado con los movimientos azul y blanco y han explicado que ellos “no tienen negocios con el Frente Sandinista y que sus capitales proceden de familias honestas”.
Morazán les ha recomendado que realicen una aclaración pública y que dejen claro que no son negocios que funcionan con testaferros sandinistas. “Me han escrito para aclararme. En cambio otras empresas guardan silencio ya que al parecer tienen vinculación comercial con la dictadura”, remarcó el activista.
José Adán Aguerri aseguró que desde el Cosep y desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia seguirán exponiendo ante la opinión pública el impacto de las “decisiones de política tributaria y de Seguridad Social, nuevos cobros, medidas discrecionales, entre otros destacados” que están afectando a los negocios y su sostenibilidad.
Mientras tanto, en las redes sociales circula una “lista negra” de “negocios sapos” donde figuran más de 50 empresas. Hay universidades, hoteles, bares, restaurantes, emisoras de radio, tiendas de ropa e incluso tramos del mercado Oriental. Los tuiteros aseguran que son negocios ligados a los sandinistas y piden que “ningún ciudadano que se precie de ser azul y blanco consuma sus productos o servicios”.
Pese a que las ventas han bajado en casi un 80 por ciento y que el cobro de 800 dólares por parte de la Empresa Portuaria Nacional llega puntual, Maura apoya las campañas de boicot en contra de los negocios relacionados con el Gobierno. Su restaurante apenas recibe clientes durante los fines de semana y ha tenido que reducir personal a menos de la mitad, recurrir a promociones y campañas de publicidad en redes sociales para tratar de “jalar a los clientes y sobrevivir”. Pero la situación no ha mejorado.
El boicot de los azul y blanco al Puerto Salvador Allende está afectando fuertemente el negocio de Maura, pero asegura “que es un mal necesario para seguir ejerciendo presión contra la dictadura de Daniel Ortega y ser libres”.
Eventos boicoteados
Los miles de usuarios nicaragüenses con cuentas en las principales plataformas sociales, junto con los nicas radicados en Miami, lograron que el 29 de mayo de 2018 la diseñadora nicaragüense Shantall Lacayo cancelara su participación en el desfile de moda Miami Fashion Week. Se enviaron cartas a los organizadores del desfile y se realizaron convocatorias de plantones en contra de la diseñadora, quien tenía un vínculo directo con Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial. Así nacieron las campañas de boicot.
El 7 de marzo los artistas costarricenses José Arturo Chacón y José Gabriel Morera, tras varios días de intensa campaña de boicot y de mensajes directos en las redes sociales, cancelaron sus participaciones en el IV Festival Incanto de Ópera Lírica. La Fundación Incanto fue creada por Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial.
Del 15 al 17 de marzo se realizó en el Estadio Nacional Dennis Martínez una serie de juegos entre la selección de Nicaragua y Puerto Rico. Los azul y blanco iniciaron una campaña de boicot argumentando que “no era momento de jugar”, y que este evento solo buscaba como generar una sensación de falsa normalidad. Pese a que la serie se realizó, la falta de aficionados en el estadio fue evidente y en juegos posteriores del campeonato nacional de beisbol las gradas lucieron más vacías que nunca.
Boicot sandinista
Luego de que a finales de marzo de 2019 autoconvocados azul y blanco realizaran plantones y protestas en el estacionamiento del centro comercial Metrocentro, en Managua, los simpatizantes del Frente Sandinista lanzaron una tímida campaña de boicot en contra de este centro comercial.
Los sandinistas llamaban a no visitar este “centro comercial nido de golpistas”, ni comprar en sus tiendas. Pero esta campaña no tuvo éxito en la práctica y no se hizo viral en las redes sociales.