El próximo mes de junio será uno de los más duros para el régimen de Daniel Ortega en el escenario internacional: se vence el plazo de 180 días de la ley Nica Act, la Unión Europea podría aplicar sanciones; Nayib Bukele asciende al poder en El Salvador, cambiando la correlación de fuerzas de cara a la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde la aplicación de la Carta Democrática estará sobre la mesa.
El Congreso de los Estados Unidos estableció a finales del año pasado un plazo de 180 días para que el Departamento de Estado presente una lista de funcionarios orteguistas vinculados a casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua para ser sancionados.
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Con todo eso a la víspera, después de 68 días desde que inició la segunda negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica, en la que aún no se realizan cambios trascendentales en los acuerdos políticos del país, en LA PRENSA consultamos a analistas para valorar los resultados, desaciertos y futuro de la negociación en Nicaragua.
Para arrancar hay que recordar que esta nueva versión del diálogo surgió luego de 283 días en que no hubo ningún tipo de acercamientos entre la Alianza y el Gobierno, y que tras la visita de Michael Mckinley, asesor de Mike Pompeo, y una solicitud de los cinco grandes empresarios del país, el presidente Daniel Ortega aceptó reanudar la mesa el 27 de febrero.
Diálogo difícil
Para el analista político, José Dávila, el primer problema del diálogo es que es demasiado sui géneris, ya que se realiza entre una dictadura que quiere mantenerse en el poder y un grupo que quiere abrirse a la democracia. “Una de las partes no quiere cumplir lo acordado, que son los miembros del gobierno. Los de la Alianza no tienen los instrumentos. Si una de las partes no quiere cumplir, el diálogo marcha al fracaso. Hacia un punto muerto”, valoró Dávila.
Sin embargo, Dávila considera que el gobierno intentará mantenerlo a como dé lugar para ganar tiempo. “La Alianza debería pensar en un plazo final y razonable para ver si hay frutos o no. Si no hay frutos, hay una encrucijada grave para el país, donde vendrán situaciones como la de Venezuela o peores”, sentencia.
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Diferencias
A diferencia del diálogo de 2018, que no produjo resultados convincentes, en esta ocasión no existen tranques, marchas o protestas que ejerzan presión a Ortega para negociar. Sin embargo, en este nuevo diálogo las presiones son las sanciones o castigos internacionales, sumado a la recesión económica que no se arreglará sin un acuerdo político.
El sociólogo Óscar René Vargas considera que para este segundo diálogo Ortega tiene la ventaja de haber aplacado al movimiento social, pero el tiempo de negociar y alargar el proceso se están agotando. “En el mes de junio pueden llegar nuevas sanciones al círculo íntimo de Ortega y no puede seguir alargando el proceso”, dice.
Dávila, por su lado, considera que el primer diálogo fue falso porque sirvió para que Ortega ganara tiempo e hiciera una acción militar y represiva para aplacar la protesta. “En este nuevo diálogo se está buscando una solución civilizada. Parecía lógico que se llegara a acuerdos que iban a cumplir, pero para decepción de la comunidad internacional y molestia del pueblo, Ortega no quiere cumplir, y da a entender que quiere alejarse la solución pacífica”, agrega Dávila.
Consenso económico
Ante este escenario de debacle económica y aislamiento internacional, Óscar René Vargas considera que la salida de Ortega será emplazar a los empresarios a resolver la situación económica antes que la política. “Lo que puede hacer Ortega es provocar que el gran capital se desmarque del tema político”, dice Vargas, quien considera que el gran interés de los empresarios es resolver la situación económica.
“Digo esto porque en el punto más débil de Ortega, en los meses de mayo y junio de 2018, que era el momento en que el gran capital pudo mandar al paro general indefinido hasta la caída de Ortega, se buscó por todos sus medios la salida suave”, agrega Vargas.
Este posible acuerdo “mataría” cualquier arreglo político, según Vargas. “No la mataría si los norteamericanos, que son los que dirigen las sanciones, no lo avalen”.
Para Vargas la negociación está “viva” porque el gran capital sigue en la mesa. “Este arreglo económico puede implicar la liberación de algunos sectores sociales, pero Ortega no va a sacar a todos los presos. Siempre se quedará con un cuota de presos para seguir chantajeando al movimiento social”, agrega Vargas.
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Ganadores y perdedores
El analista político, Óscar René Vargas, considera que Daniel Ortega se ha llevado “una victoria transitoria” porque sigue en el poder después de cumplirse un año desde que empezó la crisis política en Nicaragua. “No es un triunfo definitivo porque en cualquier momento se podría avivar la protesta”.
Para Dávila el gran perdedor es “el pueblo de Nicaragua” porque la crisis se sigue profundizando. “Si fracasa el diálogo, en lo real habrá una crisis económica más grave, con consecuencias que afecten la viabilidad como país”, agregó.
Resultados
Además de los acuerdos firmados, la mesa de negociación ha realizado una invitación formal a la OEA para retomar el proceso de reformas electorales y al Comité Internacional de Cruz Roja para Liberación de Presos (CICR).
Los analistas consultados coinciden en que se ha logrado exponer ante la comunidad internacional que el régimen “no quiere cumplir”, y de esta manera se siguen aplicando nuevas sanciones.
Otros de los logros de esta mesa de negociación ha revelado que las sanciones son la mayor debilidad de Ortega. Vargas explica que las sanciones son cruciales porque quebraron el esquema sucesorio que tenía previsto el comandante: Rosario Murillo, su esposa, y tras ella Laureano Ortega, su hijo. “Esto puede provocar que al interior del partido hayan fracciones inquietas sobre el posible sucesor porque saben que (Daniel) no puede ser electo”, explica.
Errores de la Alianza
Para Óscar René Vargas los errores que ha cometido la Alianza en esta negociación es creer en la voluntad y transparencia de Ortega y distanciarse de los movimientos sociales (campesinos, estudiantes, madres de presos políticos y asesinados, y la diáspora en el exilio).
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“No saben con quién están negociando, y la Alianza cree que está negociando con la misma lógica que ellos, pero ninguno de ellos sabe cómo piensa Ortega ni su grupo de poder a su alrededor”, agregó.
En lo concreto se han firmado dos acuerdos: sobre la liberación total de presos políticos y otro sobre fortalecimiento de garantías y derechos ciudadanos que incluye la liberación de instalaciones y materias primas retenidas a los medios de comunicación. Ninguno se ha cumplido.