Mientras el régimen del dictador Daniel Ortega se quejó nuevamente este lunes de que la Alianza Cívica (AC) no gestiona la suspensión de las sanciones internacionales que le han aplicado a la administración Ortega-Murillo, por violar el estado de Derecho, corrupción y violaciones a los derechos humanos, la AC exigió también a la dictadura “levantar las brutales sanciones” contra el pueblo de Nicaragua, en alusión a la prohibición a la libre expresión, la libre movilización y la liberación de los presos políticos, a quienes el régimen mantiene privados de libertad por alzar su voz en defensa de la democracia.
“Exigimos levantar la violación sistemática de los derechos humanos, levantar la sanción impuesta a patriotas que no pueden ondear la bandera nacional. Exigimos levantar la sanción de cárcel injusta a centenares de nicaragüenses que son privados de su libertad por pensar diferente. Levantar el acoso a los familiares de presos y excarcelados que sufren asedio y amenazas. Levantar la sanción de criminalizar el periodismo independiente. Exigimos levantar la sanción de impunidad a los crímenes cometidos”, manifestó la AC en su comunicado este lunes.
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A la vez, los miembros de la AC explicaron que las sanciones internacionales a la administración Ortega-Murillo son consecuencia de las “sanciones en contra del pueblo”.
Sanciones se suspenderán ante hechos reales
“Es el levantamiento de las primeras sanciones las que traerán el levantamiento de las segundas. No es mediante llamamientos líricos y vacíos que se levantarán las sanciones, sino con hechos reales, como la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de derechos, la verdad y la justicia y la celebración de elecciones libres, democráticas y adelantadas”, agrega el comunicado de la AC.
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El régimen orteguista se vio obligado a reanudar el diálogo con la oposición por la presión de las sanciones de Estados Unidos y las advertencias de la Unión Europea, que le pedían buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde el 18 de abril del año pasado, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las manifestaciones civiles. Sin embargo, la delegación de Ortega ha incumplido los acuerdos que firmó en marzo pasado y que tienen que ver con la liberación de los presos políticos y la restitución de los derechos y las garantías ciudadanas, que han sido conculcadas por la dictadura a través de una feroz represión.
Los argumentos de la dictadura
La dictadura en un afán por trancar los dos acuerdos logrados en marzo, en materia de libertad de presos políticos y restitución de los derechos y garantías ciudadanas ha condicionado su cumplimiento, demandando a la AC gestione la suspensión de sanciones.
“Denunciamos nuevamente la persistente negativa de la contraparte en la mesa, de compartir el llamado a la suspensión de las medidas económicas unilaterales e ilegales contra el pueblo nicaragüense”, expresó por su parte la dictadura en un comunicado difundido en sus medios oficialistas.
Según Mario Arana, miembro de la AC, los integrantes del régimen continúan llamando al levantamiento de las sanciones, sin embargo, “estoy seguro que si se levantan las sanciones contra los derechos humanos, contra los presos políticos, contra la institucionalidad democrática y contra la injusticia que hay en este país hoy en día, seguramente los países que han aplicado esas sanciones (contra el régimen orteguista) tendrán la misma voluntad de levantarlas”.
Responsable es el régimen
El orteguismo comenzó a descalificar de manera más directa a la Alianza Cívica después que Estados Unidos sancionó a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Nosotros no tenemos culpa que los sancionen. Ellos han sido sancionados por violentar los derechos de los ciudadanos. La Alianza Cívica no tiene ninguna responsabilidad en esas decisiones, son ellos mismos con sus acciones que se han ganado sanciones. Responsable es el régimen, nadie más”, aseguró José Pallais.