La Alianza Cívica ha respondido a los furiosos ataques y amenazas de la dictadura, con una propuesta razonable para que sea el mismo Daniel Ortega quien evite que le sigan imponiendo sanciones externas.
Este lunes 6 de mayo, el canciller de Ortega y su jefe negociador con la Alianza Cívica, Denis Moncada, leyó un comunicado en el que criminaliza a los miembros de la agrupación opositora acusándolos de supuestos crímenes horrorosos cometidos durante el estallido social de abril y meses siguientes de 2018.
El furor oficialista contra la Alianza Cívica, se debe a que esta se ha negado a suscribir una petición a los Estados Unidos (EE. UU.) para que levante las sanciones impuestas al régimen de Ortega por graves violaciones a los derechos humanos, desmantelamiento de la democracia y actos de corrupción. Sin embargo, en vez de amedrentarse por las amenazas y romper las negociaciones políticas, los miembros de la Alianza han presentado una propuesta a Ortega que en caso de ser aceptada y cumplida motivaría a EE. UU. a suspender la aplicación de las sanciones.
Según la Alianza Cívica, Ortega ha impuesto al pueblo nicaragüense “brutales sanciones” que deben ser levantadas de inmediato. La Alianza menciona en particular la violación sistemática de los derechos humanos, el encarcelamiento de centenares de nicaragüenses por pensar diferente y pedir democracia, el acoso a los familiares de presos y excarcelados, la criminalización del periodismo independiente y la impunidad a los crímenes cometidos por las fuerzas represivas.
Como respuesta a las acusaciones y amenazas de la dictadura, la Alianza Cívica ha precisado que el levantamiento de las sanciones del régimen contra el pueblo traerían como consecuencia el levantamiento de las sanciones internacionales contra el régimen. “Hechos reales como la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de derechos, la verdad y la justicia, y la celebración de elecciones libres, democráticas y adelantadas”, son los que motivarían la suspensión de las sanciones, sostiene la Alianza.
En realidad, los promotores estadounidenses de las sanciones han asegurado que estas no se aplicarían, y así lo establece la Ley Nica Act, si Ortega diera pasos creíbles en dirección a respetar los derechos humanos y las libertades de los nicaragüenses, hacia el restablecimiento de la democracia mediante la celebración de elecciones auténticas adelantadas.
Pero Ortega ni siquiera cumple los acuerdos parciales que ha firmado con la Alianza Cívica ni acepta discutir la celebración de elecciones auténticas adelantadas. Entonces, ¿cómo es que quiere que le levanten las sanciones?
Dicen los analistas de la política estadounidense sobre Nicaragua que el próximo mes de junio podría ser crucial para la situación del régimen de Ortega, porque entrará en vigor la Ley Nica Act y los cancilleres de la OEA se reunirán en Medellín, Colombia, donde podrían aplicarle la Carta Democrática Interamericana.
Pero si antes de esos eventos Ortega concertara con la Alianza Cívica un acuerdo razonable y creíble para el restablecimiento de la democracia, las decisiones que se tomen en junio podrían ser beneficiosas para él y para el pueblo de Nicaragua. De manera que en sus manos está la decisión.