Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH: “El Estado no garantiza justicia en Nicaragua”



Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH: “El Estado no garantiza justicia en Nicaragua”

La CIDH sigue esperando que el régimen autorice su retorno al país

08/05/2019
justicia en Nicaragua

Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua, dijo que presentarán un informe sobre los nicaragüenses exiliados. LA PRENSA/ CORTESÍA CIDH

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Antonia Urrejola Noguera, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Nicaragua, afirma que los derechos fundamentales de los nicaragüenses siguen violentados por el propio Estado, donde la falta de independencia de las instituciones evita que exista una verdadera justicia para las víctimas de la represión y sus familiares.

En entrevista con LA PRENSA, Urrejola defiende la imparcialidad de la CIDH en el registro de los hechos de la represión sufrida por los nicaragüenses durante el último año, aunque hace énfasis en que “estaremos al lado de las víctimas siempre”.

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Urrejola aborda ampliamente la situación de los derechos humanos en Nicaragua y los ubica en su justa dimensión.

El contundente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, sostiene que los crímenes de las fuerzas progubernamentales —como la Policía Orteguista (PO) y parapolicías— contra las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad. Se causó la muerte de 325 personas y más de dos mil heridas; cientos de personas detenidas y enjuiciadas; despido de trescientos profesionales de la salud y la expulsión de estudiantes de las universidades, es parte del registro del GIEI.

¿Cuál es la perspectiva de la CIDH sobre los derechos humanos en Nicaragua a un año de crisis?

La de Nicaragua es una de las más graves crisis de derechos humanos en la región en las últimas décadas. A partir de las protestas sociales de abril del 2018, se dio una represión sistemática implementada por el Estado que tuvo consecuencias gravísimas con un balance, en menos de un año, de cientos de personas fallecidas, miles de heridas, varios cientos de personas criminalizadas y presas, así como decenas de miles de personas desplazadas, la persecución y el cierre de todo espacio cívico para la disidencia dentro del país, hasta hoy día.

Un manifestante fue alcanzado por una bala en la cabezaDurante las protestas contra Ortega. LAPRENSA/J. Flores

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Las perspectivas que uno puede tener sobre esta crisis están marcadas por un aspecto de la mayor importancia: esta crisis, el ataque generalizado a los derechos de parte importante de la población civil y la impunidad con que estos ataques han ocurrido, ha sido posible debido al control total de todos los poderes públicos por parte del Gobierno.

Hay abundante evidencia de la falta de independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por mencionar solo a las agencias más importantes en este contexto. Ello plantea un desafío importante en términos de la necesaria reforma de las instituciones nicaragüenses en el contexto de la salida de la crisis; ello como manera de dar garantías de no repetición de las graves violaciones de derechos que han ocurrido. Considero que es una perspectiva desafiante, pero también una de las buenas noticias, que parte de la agenda del diálogo que se instaló en el país entre el Gobierno y la Alianza Cívica se aproxima a esas reformas.

En los meses duros de represión la CIDH logró estar en el país, pero ahora ¿cómo su monitoreo desde afuera les permite conocer sobre la situación del país?

El monitoreo y seguimiento que la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), ha hecho de la situación, continúan ininterrumpidamente desde el 21 de junio cuando se instaló en el terreno y sigue realizándose exhaustivamente, incluso después de que el Gobierno dispusiera el término de las funciones en terreno del Meseni y la suspensión de las visitas de la CIDH, en diciembre pasado. La CIDH tiene plena conciencia de la importantísima función que ha cumplido por medio de recibir información, sistematizarla y dotar a las organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil de un relato rigurosamente basado en los hechos de lo que ha ocurrido en Nicaragua, conforme a un designio que se ha identificado muy claramente en comunicados públicos e informes, por parte de la Comisión. Sin falsa modestia, podría decir que ha sido la CIDH la principal fuente de información y de narrativa en esta materia, tanto para las organizaciones y sociedad civil local, como para la comunidad internacional.

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La evidencia es incontestable: en los hechos, todo ejercicio de derechos que suponga protestar contra el Gobierno, se encuentra suspendido en los hechos en Nicaragua”.
Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH.
LA PRENSA/ CORTESÍA CIDH

Desde fuera de Nicaragua, seguimos manteniendo los valiosos contactos con la sociedad civil y especialmente con las víctimas, así como con otros actores dentro del país y seguimos recibiendo y procesando información para dar cuenta detalladamente de lo que está ocurriendo. Ese seguimiento es exhaustivo al punto que identificamos incluso sutiles cambios en los patrones represivos que, pese a esos cambios, continúan en el país, impidiendo y reprimiendo toda forma de disidencia antigubernamental.

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Le confieso que sería mucho mejor contar con datos oficiales también, pero desde mediados del año pasado el Gobierno de Nicaragua ha optado por entregarnos muy poca información, la que cada vez que la recibimos, hemos incorporado a nuestros análisis y comunicaciones públicas.

¿Han gestionado el retorno del organismo a Nicaragua y qué respuesta tienen del Gobierno? ¿Por qué la CIDH insiste en estar en el país?

La CIDH tiene un claro mandato en esta materia y ha dicho explícitamente que volverá a realizar el seguimiento, el monitoreo, promoción y protección de los derechos humanos en el terreno en Nicaragua, apenas ello sea permitido.

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Meseni

La CIDH instó al régimen a investigar los hechos de violencia perpetrados la noche del 26 de octubre, en contra de varias presas políticas en La Esperanza. LA PRENSA/Uriel Molina

Ello incluye nuestra disposición a prestar asistencia técnica al Gobierno y a la sociedad civil en toda medida que, dentro del mandato de la CIDH, contribuya al restablecimiento de los derechos humanos en el país. De acuerdo con las reglas del derecho internacional aplicables, la vuelta del Meseni a Nicaragua depende de la voluntad del Gobierno. Apenas eso ocurra, volveremos a ejercer el mandato de la CIDH en el país.

El gobierno de Daniel Ortega sigue calificando a la organización de parcializada hacia los sectores que adversan a Ortega. ¿Qué responde?

No sé muy bien qué responder a eso. La Comisión ha levantado y sistematizado información y ha hecho una descripción de los hechos ocurridos en el contexto de la crisis, y ese trabajo habla por sí mismo. Por otro lado, estaremos al lado de las víctimas siempre, ese es nuestro mandato, sin importar si las víctimas son adversarias o adherentes al Gobierno. La Comisión se ha pronunciado formalmente sobre la desaparición de Bismarck Martínez, por ejemplo, otorgando una medida cautelar en su favor; también ha resaltado la improcedencia de la violencia en el contexto del ejercicio de la protesta social, cuando esta ha ocurrido. Hemos urgido el esclarecimiento, por medio de juicios diligentes e imparciales, de los hechos violentos que terminaron con la vida de 21 policías, hemos solicitado al Gobierno cotejar datos para resolver los reproches que ha hecho a la información que la Comisión ha publicado, hemos incorporado todas las observaciones oficiales de Nicaragua en los informes que hemos hecho públicos. La evidencia de nuestra imparcialidad está ahí, pero la imparcialidad y el riguroso apego a la evidencia no significan, ni por un instante, que no estemos del lado de las víctimas

Sus informes mencionan las muertes de sandinistas y de policías, pero el Gobierno insiste en que la CIDH los ignora a propósito. ¿Entiende la razón?

Probablemente el Gobierno de Nicaragua esperaría que la Comisión adscribiera a su narrativa sobre los hechos que constituyen la crisis que sufre el país. Pero, primero, no es esa la función de una organización internacional de derechos humanos, que promueve y fomenta el respeto de estos derechos en la región. En segundo lugar, el respeto a los derechos humanos no niega la existencia de conflictos políticos o de otro tipo en el seno de sociedades democráticas, pero exige que esos conflictos sean procesados dentro del marco del respeto por esos derechos; el ente obligado internacionalmente a honrar ese marco es precisamente el Estado, prescindiendo de la gravedad del conflicto que se enfrente.

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Managua, Nicaragua 19 de Abril del 2018. Protesta de los universitarios en contra de la reforma al INSS en la avenidas de las universidades UCA y UNI. FOTO/LA PRENSA/CARLOS VALLE.

Además, la situación de Nicaragua está marcada por manifestaciones de protesta social, mayoritariamente pacíficas; en los casos en que no lo fue, la Comisión hizo presente, como le dije antes, que la protesta social no implica el ejercicio de la violencia. Y, finalmente, hemos levantado abundante evidencia del uso indudablemente desproporcionado de la fuerza policial y parapolicial, con uso de armas de guerra y con abundante contingente parapolicial, por ejemplo, con el grave balance de víctimas que tantas veces ha publicado la Comisión. Por otro lado, la evidencia es incontestable: en los hechos, todo ejercicio de derechos que suponga protestar contra el Gobierno se encuentra suspendido en Nicaragua hasta el día de hoy. La CIDH tiene la obligación de denunciar esa situación y llamar a su cese, así como a ofrecer toda su asistencia, en el marco de su mandato, para diseñar e implementar medidas que contribuyan con ese fin.

Un año ha pasado. Se ha juzgado y condenado a personas por asesinatos de policías y sandinistas, pero no de protestantes. ¿El Estado garantiza justicia?

Tal como le he señalado antes, en Nicaragua hay mucha evidencia que muestra la falta de independencia de los órganos que podrían promover e implementar esa justicia, tales como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad Justicia y Paz. La sola falta de denuncias, de procesos de investigación y enjuiciamiento en los casos de ataque a personas por parte de las fuerzas estatales, como el caso de Álvaro Conrado, por solo mencionar un ejemplo, es una muestra muy plausible de que en las actuales circunstancias el Estado no garantiza justicia, que sus órganos competentes no son independientes y que se requieren reformas profundas para asegurar que la justicia sea posible.

La presentación de dicho proyecto se hará tras la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. LA PRENSA/ JADER FLORES

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A pesar de un acuerdo firmado, los presos políticos no son liberados ni siquiera con la Cruz Roja Internacional.

¿Cómo son usadas estas personas en esta negociación?

Si bien es un avance la excarcelación de 236 personas, hay que recordar que ellas han sido sacadas de la cárcel, pero continúan sometidas a procesos que estuvieron viciados desde su inicio por detenciones ilegales, cargos infundados, testigos anónimos, falta del derecho a la defensa, entre otros. Además, ya había acuerdos entre las partes en diálogo sobre el protocolo para liberación de las personas recluidas, y pese a ello, el Gobierno ha sacado de las cárceles a estas personas sin sujeción a esos protocolos acordados, sin participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es un órgano internacional que el propio Gobierno ha propuesto para monitorear ese proceso, y sin dar información a estas personas sobre la situación jurídica precisa que enfrentan. La Comisión ha registrado también asedio, amenazas, nuevas detenciones breves de estas personas y hasta nuevas formulaciones de cargos, al parecer, como formas de intimidación para evitar que participen en protestas.

Hay denuncias de familiares y abogados de que a los autoconvocados presos se les tortura. ¿Cómo exponen estos casos al Gobierno?

La tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, están prohibidos en toda circunstancia y son una grave violación a los derechos humanos. De hecho, la legislación interna nicaragüense reconoce la tortura como un delito de lesa humanidad. Estos hechos deben investigarse y sancionarse en procesos diligentes e imparciales. Como le he dicho, estamos desplegando todos los esfuerzos institucionales y ofreciendo toda la asistencia necesaria, tanto a la sociedad civil como al Gobierno, para que este tipo de procesos puedan darse y para que, en general, se restablezca los derechos humanos en el país.

¿Puede hacer una comparación entre las dictaduras en Nicaragua con otras de América Latina en formas de represión, tortura y censura?

Primero, debo señalarle claramente que no corresponde a una organización de derechos humanos y, por lo tanto, no me corresponde a mí, como comisionada y relatora para Nicaragua de la CIDH, hacer calificaciones políticas de la situación que enfrenta el país. La respuesta a la pregunta sobre la posible comparación es sí y no. Sí es comparable con otras situaciones de violaciones a los derechos humanos en la región, porque la violación a los derechos de las personas tiene la misma entidad moral y jurídica, y es condenable en cualquier territorio y en cualquier circunstancia en que se produzca. Es evidente, y así lo ha afirmado la Comisión, que en varios países de la región se han violado los derechos humanos, actualmente y en el pasado.

Protesta en Venezuela. LAPRENSA/AFP

Dicho eso, uno de los elementos preocupantes y especiales en el caso de Nicaragua, es la profundidad de las causas institucionales estructurales que sirven de contexto y que hacen posible esta crisis, la segunda es el corto período en que se ha producido y el grave saldo de víctimas que se han registrado.

Se ha hablado de delitos de lesa humanidad, pero ¿la CIDH cree en verdad que eso ocurrió en Nicaragua?

No hay que olvidar que el GIEI el que, analizando en detalle los hechos de la crisis, hizo fundadamente esta afirmación. Bueno, el GIEI fue un mecanismo de la Comisión Interamericana. Además, la CIDH ha adscrito públicamente a su informe que, entre otras cosas, confirma todos los hallazgos documentados antes por el Meseni, otro mecanismo de la Comisión.

¿Son realmente perseguibles esos delitos? Porque algunos dicen que el hecho que Nicaragua no sea suscritora del convenio de la Corte Penal Internacional (CPI) protege a los responsables.

La pregunta que usted me hace tiene bastantes matices técnicos, uno de ellos es que el Estado de Nicaragua no ha reconocido competencia a la Corte Penal Internacional, otro elemento es que la persecución penal por delitos de lesa humanidad no está exclusiva, ni primordialmente, entregada a la Corte Penal Internacional. Por otro lado, cualquier decisión de litigio o denuncia que se tome en esta materia, debe considerar de manera prioritaria la decisión de las víctimas, así como de sus familiares, en su caso. El curso que tome este asunto depende, como ve, de varios factores que tienen que analizarse siempre considerando, antes que nada, el interés y la decisión de las víctimas.

¿Cuál es la vía que puede garantizar justicia a las víctimas?

En estas materias no hay fórmulas únicas, sin embargo, la independencia de los órganos de administración de justicia, la amplia legitimidad de eventuales Comisiones de la Verdad, y el restablecimiento de la vigencia de los derechos humanos, son condiciones de contexto esenciales para avanzar en estas materias.

¿Han logrado constatar la situación de los nicaragüenses exiliados?

Respecto de ese asunto hay alguna información que resulta muy decidora de la envergadura de la crisis de derechos humanos en Nicaragua: solo en Costa Rica, según cifras oficiales, hay más de 55,000 personas nicaragüenses solicitando protección internacional. Lo anterior no toma en cuenta las personas desplazadas a otros países, en el contexto de la crisis. La Comisión está pronta a publicar un informe sobre la materia. De nuevo, en el contexto de las personas desplazadas fuera del país, urge el restablecimiento de derechos en Nicaragua para que el retorno voluntario de estas personas sea seguro, conforme al derecho que les asiste. La situación actual de Nicaragua no da esa seguridad.

De no haber una pronta salida, ¿hacia dónde se encamina Nicaragua en su situación de derechos humanos?

En algún otro medio ya lo dije. Creo que en estas materias hay que ser incorregiblemente optimista, pero sin una gota de candidez: urge que el Gobierno de Nicaragua cumpla los acuerdos a los que ha llegado, como forma de salvar un diálogo que está estancado, principalmente, por la falta de implementación de unos acuerdos a los que se ha arribado en un diálogo al que ha convocado el propio Gobierno. Cumplir con los acuerdos también contribuirá a evitar la profundización de una crisis que afecta profundamente a Nicaragua, en todos los ámbitos. Si uno pone atención a las narrativas que usan tanto el Gobierno como la Alianza Cívica, ambas partes se muestran disponibles al diálogo y yo espero sinceramente que esas sean señales de que es posible avanzar.

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