Régimen orteguista debe responder hoy a testigos sobre liberación de presos políticos

De acuerdo a fuentes de las negociaciones, los testigos propusieron que un plazo de siete sean liberados los 232 presos políticos ya conciliados de los listados

La delegación del gobierno en la mesa de negociaciones. LA PRENSA/R. Fonseca

Los delegados del régimen orteguista deben responder este miércoles 8 de mayo a la propuesta sobre el cumplimiento de la liberación de los presos políticos presentada por los testigos y acompañantes de las negociaciones, el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag y el enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, según fuentes de las conversaciones.

De acuerdo a las fuentes, el nuncio Sommertag y Rosadilla presentaron el martes por la tarde una nueva propuesta para que un plazo de siete días sean liberados los 232 presos políticos ya conciliados de los listados del régimen y de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Se trataría de la segunda propuesta de los testigos y acompañantes para intentar destrabar las negociaciones. La primera la rechazó el dictador Daniel Ortega el 29 de abril pasado cuando de último momento desautorizó a sus delegados a firmar el documento aceptado previamente firmarse era la liberación anticipada de los 232 presos políticos mediante una calendarización.

LA PRENSA consultó al canciller orteguista Denis Moncada, cuando llegó al Incae, sede de las conversaciones, sobre si aceptarán lo propuesto por los testigos, pero el funcionario no respondió.

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Conforme el acuerdo ya firmado la dictadura de Ortega y Rosario Murillo se comprometieron a liberar en un plazo no mayor a 90 días a todos las personas detenidas ilegalmente por haber participado en las protestas durante el contexto de la crisis sociopolítica. El plazo empezó a partir del 20 de marzo.

La Alianza Cívica demanda la liberación inmediata de 779 presos políticos. El régimen ha excarcelado a 236 protestantes pero aún los mantiene rehenes con la condición de casa por cárcel, incluso a 12 de ellos han vuelto a ser encarcelados cambiándoles las acusaciones.

Dictadura recurre al chantaje

Mientras el régimen orteguista sigue incumpliendo el pacto y ahora lo condiciona a que la Alianza Cívica firme un comunicado conjunto llamando a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, a suspender las sanciones impuestas a familiares y funcionarios del círculo de poder de Ortega.

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En un otro comunicado leído hoy miércoles por el canciller orteguista y jefe de la delegación del régimen, Denis Moncada, se vuelve a insultar a los miembros de la Alianza Cívica diciendo que los mueve el «odio» y «burdas agendas políticas» al negarse a hacer el llamado a suspender las sanciones.

La dictadura se sigue presentando como víctima diciendo que su «voluntad» de lograr acuerdo se expresa en la excarcelación de los 236 autoconvocados, pero ahora culpa a la Alianza de por el estancamiento de las conversaciones se causa «retrasos» con las liberaciones de los casos pendientes de reos políticos.

Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos ha sancionado con la Ley Global Magnitsky a seis funcionarios del régimen orteguista que incluye a la cogobernante, Rosario Murillo, el jefe de facto de la Policía, Francisco Díaz, el exmagistrado electoral Roberto Rivas, el tesorero del FSLN y vicepresidente de Albanisa, Francisco López, el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

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Mientras el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó el 19 de abril pasado al hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo y al Banco Corporativo SA (Bancorp) -propiedad de Albanisa y manejada por allegados a los dictadores- por considerar que son parte de la red de corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen.

En la versión de la dictadura esas sanciones individuales a funcionarios vinculados a la represión de la Policía Orteguista y paramilitares contra las manifestaciones ciudadanas, son «ilegítimas que desconocen el derecho internacional» y diseñadas como «un mecanimos político» con la intención con el modelo del régimen Ortega Murillo.

La dictadura sigue sin aceptar su responsabilidad en la masacre de fuerzas gubernamentales que desde abril del 2018 han dejado más de trescientos asesinatos, dos mil heridos, más de 60 exiliados, presos políticos que incluye a tres periodistas, medios de comunicación independientes confiscados y el mantenimiento de un Estado policial al prohibirse la protesta, seguir el asedio, hostigamiento y encarcelamiento ilegal de quienes se atreven a manifestarse.

Moncada leyó el comunicado donde la víctima aparece siendo el régimen Ortega Murillo para quien las protestas sociales fueron un ataque «con perversidad por una minoría egoísta e insensible, que nunca ha conocido el hambre o el sufrimiento».

La familia Ortega Murillo es una de las más opulentas de Nicaragua pues investigaciones periodísticas han revelado que tienen negocios de hotelería, petróleo, combustible, energéticas,  ganaderas, televisoras, radioemisoras entre otras.

Pero el régimen sostiene que las sanciones que hasta ahora solo tocan al círculo cercano de Ortega y Murillo son resultado de gestiones de «una minoría acaparadora y codiciosa que cometió la locura, y la vileza, de atentar contra los más pobres, sin pudor, vergüenza, o la más mínima compasión humana».

La posición de la Alianza Cívica es no firmar ningún llamado a la comunidad internacional a levantar las sanciones individuales como las generales, como la Nica Act, porque en este momento no surtirían efecto ante el incumplimiento del régimen de los acuerdos sobre la liberación de los reos políticos y las libertades fundamentales.

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