Inversiones del BCIE en EE. UU. podrían verse afectadas por apoyar a la Policía Orteguista



Inversiones del BCIE en EE. UU. podrían verse afectadas por apoyar a la Policía Orteguista

Temen que apoyo financiero a Policía Orteguista traiga consecuencias al banco

09/05/2019
Ley del perdón, amnistía, represión, Nicaragua, presos político

La Policía es quien dirige la represión contra la población que protesta contra el régimen de Ortega. LA PRENSA/ O. NAVARRETE

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La decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de continuar apoyando con fondos a la Policía Orteguista (PO) para “fortalecer las capacidades” de esta, puede traerle consecuencias adversas a la entidad regional que abarcaría afectaciones de sus inversiones en Estados Unidos y dañar su reputación con socios extrarregionales, advirtieron ayer analistas, que recordaron que el jefe policial está sancionado por EE. UU. por violentar los derechos humanos de los nicaragüenses.

El exgerente regional del BCIE, Róger Arteaga, reveló que “hay gente de la diáspora que están trabajando muy de cerca con gente de la OEA y con gente del Departamento de Estado” informándoles de la decisión del banco regional de estar asistiendo financieramente a un gobierno que está sancionado por violar los derechos humanos.

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Es por ello que Arteaga cree que en cualquier momento Estados Unidos puede advertirle al BCIE sobre su financiamiento al régimen orteguista y este deberá decidir si se alinea o expone a sanciones sus inversiones que tiene, por ejemplo, en la Bolsa de Valores en Estados Unidos.

Además el exfuncionario del BCIE recuerda que dentro de los países socios de este banco hay naciones muy vinculadas a la lucha en favor del pueblo nicaragüense, como Costa Rica y Argentina.

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LA PRENSA envió el martes consultas al BCIE con sede en Honduras, para conocer su posición sobre estos financiamientos a la Policía, pero fue hasta la tarde de ayer que prometieron dar trámites a las consultas. Hasta el cierre de esta edición no se había recibido una respuesta.

“…Las autoridades norteamericanas van a tener que observar de cerca el proceso de otorgamiento de esos préstamos (del BCIE) tomando en cuenta la sanción establecida al jefe de la Policía”.
Óscar René Varga, sociólogo en el exilio.

Las críticas contra el BCIE se arreciaron esta semana, luego que se publicaran varias convocatorias para participar en licitaciones para dotar con equipos de transporte y tecnología a la Policía de Ortega, señalada por Estados Unidos y organismos internacionales de derechos humanos de estar detrás de la sangrienta represión contra civiles, que hasta ahora le ha costado la vida a por lo menos 325 nicaragüenses.

Recogen firmas

La oposición aumentó ayer la presión para revertir los financiamientos dispuestos por el BCIE a la PO y comenzó a recolectar firmas a través de la plataforma www.change.org, que acompañarán con una carta que enviarán a los miembros de la Asamblea de Gobernadores de la entidad regional. En pocas horas el sitio acumulaba 2,826 firmas.

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La petición de firmas está acompañada por una carta enviada a los miembros de la Asamblea de Gobernadores, el banco “se expone a relacionarse con una institución cuyos máximos jefes, incluyendo el primer comisionado Francisco Díaz, ya sancionado internacionalmente, y que además podrían ser eventualmente llevados a las cortes internacionales, acusados por cometer presuntos delitos de lesa humanidad”.

Y además advierten que “se le está generando un daño irreversible a la reputación del banco frente al pueblo de Nicaragua, verdadero y legítimo socio de la entidad y no el Gobierno de turno”.

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De hecho Arteaga señala que si bien los fondos de los proyectos que el BCIE sacó a licitación corresponden a un programa de seguridad ciudadana que se ejecuta a nivel de Centroamérica y se firmó antes del estallido de la crisis política, indica que dadas las circunstancias se debe vetar la participación de la Policía de Nicaragua en el mismo.

Por este programa la Policía tiene derecho a un fondo de 16.4 millones de dólares, según conoció LA PRENSA.

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El problema, según el excontralor general de la República y que en administraciones pasadas ha participado en proyectos financiados por el BCIE, Agustín Jarquín Anaya, es que en Nicaragua la Policía se ha desnaturalizado y ahora responde a los intereses de una familia en particular y no a los del pueblo nicaragüense.

“Ellos tienen su dinero en Estados Unidos, incluso en la Bolsa… y por ahí creo yo que EE. UU. podría hacerle una advertencia (al BCIE) de que si continúa financiando a un gobierno que está sancionado podrían congelarle algunas cuentas del BCIE en los EE. UU.”
Róger Arteaga, exgerente regional del BCIE.

“Tres cosas ha hecho la Policía, se ha vuelto partidista… la Policía ha ido perdiendo su identidad que es velar por la seguridad ciudadana y ha ido adquiriendo una caracterización militar… y tercero se ha visto involucrada en actos de represión y por eso es que han sancionado a su jefe. Entonces estos tres elementos contradicen los propósitos del BCIE”, señala Jarquín, quien recuerda que se debe hacer uso de los mecanismos de denuncia que tiene el banco cuando hay malas prácticas con sus fondos.

Pruebas contra Policía están documentadas

Jarquín recuerda que dado que la conducta de la Policía está documentada y bien soportada se debe recurrir ante el BCIE para informarle sobre esta situación. “Hay información fraudulenta que se le ha llevado al BCIE, por lo cual estos préstamos deben ser revisados por el directorio”, enfatiza.

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Cuando Estados Unidos sancionó al jefe policial, el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, en julio del 2018, el Departamento del Tesoro lo señaló de ser responsable de la represión contra civiles, que incluyó ejecuciones extrajudiciales, en las que se cuentan entre las víctimas incluso niños.

El BCIE es el único multilateral que le queda como fuente de financiamiento externo al régimen de Ortega, luego que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo frenaran nuevos financiamientos el año pasado. Estados Unidos aprobó a finales del año pasado la Nica Act que veta cualquier solicitud de préstamos que haga la dictadura en ambos organismos.

Lo del BCIE es excusa

El sociólogo Óscar René Vargas cree que la posición del BCIE de continuar aportando fondos al régimen de Ortega “parece indicar que el directorio por la falta de presión externa se ha amparado en aspectos ‘técnicos’ o de ‘procedimientos’ para otorgar un paquete de préstamos a Nicaragua, dentro del cual se encuentra el proyecto de la Policía”.

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Vargas reconoce que hasta la fecha solamente Costa Rica —que ha mostrado una posición clara contra las violaciones del régimen— puede oponerse al otorgamiento de préstamos a Nicaragua, pero señala que dentro del directorio es minoría.

“Ahora que se hizo público el préstamo otorgado a un proyecto para la adquisición de equipos para la Policía, los cuales pueden servir para continuar con la represión indiscriminada contra la población civil desarmada, es posible iniciar una campaña, a nivel centroamericano, de denuncia para bloquear y revocar esos préstamos específicos”, indica.

“La Policía de Nicaragua ya no es nacional, se ha desnaturalizado, se volvió una Policía de partido, que claramente es ofensivo, con un desprecio a los derechos humanos que va contra la visión del BCIE”.
Agustín Jarquín Anaya, excontralor general.

Para que un gobierno pueda obtener un préstamo en el directorio debe conseguir como mínimo cuatro votos de países centroamericanos uno extrarregional. En este último grupo es donde está Taiwán, Argentina, Colombia, España, entre otros.

A nivel de Centroamérica solo Costa Rica ha mostrado una posición contundente con la crisis de Nicaragua y se esperaría que en junio que asuma la Presidencia de El Salvador, Nayib Bukele —quien ha mostrado su rechazo a la dictadura orteguista—, se sume a esa presión por un cambio político en Nicaragua tras la represión.

BCIE puede perder respaldo de fondeadores

“Creo que la diáspora nicaragüense en el exilio tiene la fuerza suficiente para hacerse sentir tanto a nivel del gobierno de Costa Rica y El Salvador para que inicien un proceso de revocación de los préstamos aprobados”, señala Vargas.

Si el BCIE mantiene su posición de continuar oxigenando a la Policía Orteguista, una vez que sea notificado por los organismos de la sociedad civil y Estados Unidos sobre las violaciones de derechos humanos, Jarquín señala que “el BCIE puede verse afectado en recibir respaldo financiero de los organismos internacionales que le apoyan, que no solamente son los gobernadores (de Centroamérica) estamos hablando de una cantidad de países, que por la seriedad y el profesionalismo que ha tenido el BCIE y además por estar concernido con las necesidades regionales, confían en el BCIE para la promoción del desarrollo integral”.

“El BCIE está en un problema al estar financiando a una entidad que aunque sea de un país miembro, está señalada como una entidad que se desnaturalizó, violentó las leyes de su país y además incurre en prácticas reñidas con los derechos humanos”, enfatizó Jarquín.

Además de los recursos propios, el BCIE también recibe fondos de países europeos y asiáticos para administrarlos, algunos de los cuales ponen entre condicionante para los beneficiarios de estos recursos el tema del respeto de los derechos humanos.

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