Deficiencia en procesos judiciales afecta la defensa de presos políticos

La deficiencia de información que tienen los procesos judiciales de los presos políticos es una maniobra más del régimen de Daniel Ortega

presos políticos

Linette Méndez (c), madre del preso político Roger Espinoza Méndez, junto a María Oviedo (izq.) y Leyla Prado, abogadas de la CPDH. LA PRENSA/LIDIA LÓPEZ B.

La deficiencia de información que tienen los procesos judiciales de los presos políticos es una maniobra más del régimen de Daniel Ortega para que las víctimas queden en total indefensión, denunció este jueves la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La CPDH tomó de ejemplo el caso del joven Roger Antonio Espinoza Méndez, condenado a un año de prisión y a quien se le realizó una audiencia de apelación sin la presencia de su abogada defensora Leyla Prado.

La abogada refirió que Roger Espinoza fue condenado por el juez local penal de Tipitapa, Antonio Murillo Cruz, el pasado 10 de diciembre de 2018. Cuatro días después, la defensa interpuso el recurso de apelación sin que se le diera respuesta.

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“Nosotros nunca fuimos notificados que se le diera trámite a ese proceso. Presentamos escritos gestionando el proceso de apelación pero nunca obtuvimos respuesta», dijo Prado, abogada de la CPDH.

Sorpresivamente, el pasado 4 de abril las autoridades penales orteguistas realizaron la audiencia de apelación sin que se le notificara a la abogada. Sin embargo, Prado expresó que al pedir  una explicación al juez de la anomalía de la audiencia, este le declaró que fue notificada en la tabla de aviso. Leyla Prado rechazó esta afirmación.

“Nos dimos cuenta que ya habían hecho la audiencia de apelación el 4 de abril, en la cual estuvo solo el Ministerio Público”, manifestó.

Ante esta situación, la abogada Prado interpondrá un recurso de incidente de nulidad por indefensión.

Roger Espinoza Méndez, ingeniero químico, fue detenido el 25 de septiembre de 2018 por la Policía Orteguista. El 10 de diciembre lo condenaron a un año de prisión y 100 días de multa por supuesta portación ilegal de armas. Desde el 10 de octubre él se encuentra en la celda 004 del penitenciario La Modelo, un lugar de máxima seguridad y donde es sometido a graves violaciones de derechos humanos.

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“El trato inhumano y cruel que le han dado a Roger tiene que ser conocido por el pueblo porque en este país, el poder judicial no lo está garantizando”, acusó Leyla Prado.

Abogados no cuentan con información

Las abogadas Leyla Prado y María Oviedo denunciaron que muchos de los procesos judiciales de los presos políticos se realizan en total secretismo, y que el Sistema Nicarao, portal que brinda las actas de los procesos, «no arroja a las partes la veracidad de lo que ocurre en los procesos».

Uno de los casos que se dio sin aviso a las defensas fueron las audiencias que se realizaron el 1 de mayo donde se acusó  a un grupo de 15 personas -detenidas por el contexto de la protesta social-, entre ellas, al periodista Marlon Powell Sánchez.

«Hasta el día de hoy no se han publicado las audiencias que se realizaron el 1 de mayo, la cual no guarda lógica con  el sentido que fue implementado el Sistema Nicarao», dijo María Oviedo.

Oviedo destacó que hasta el momento no se tiene conocimiento de los delitos que se les imputa a las víctimas. «Tenemos un total desconocimiento de las causas. Se les está violentando al procesado su derecho a ser asesorado por una persona de su confianza», agregó.

Por su parte Prado expresó que bajos estas condiciones «no podemos ver  las actas y eso no contribuye a que ejerzamos la debida defensa y se violente aún más los derechos».

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