24 proyectos de la Policía Orteguista a la espera del financiamiento del BCIE

Este respaldo financiero, según fuentes, rozaría con las normas del BCIE, que prohíben asistir con sus fondos a beneficiarios involucrados en prácticas corruptivas y coercitivas

La Policía Nacional y grupos paramilitares se encargaron de reprimir las protestas contra el Gobierno. Sin embargo, la PDDH justifica esta actuación de brutalidad policial. LA PRENSA/J.FLORES

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Al menos 24 proyectos de asistencia para el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Orteguista (PO) son los que están a la espera de ser financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según revela el plan general de adquisiciones de dicha entidad del año pasado, algunas de cuales ya están en licitación este año.

Este respaldo financiero, según fuentes, no solo iría contra la visión y misión de la institución sino también que rozaría con las normas del BCIE, las cuales prohíben asistir con sus fondos a beneficiarios involucrados en prácticas corruptivas y coercitivas.

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Los 24 proyectos, que aún están en la tubería de adquisiciones del BCIE, forman parte del programa regional de Ampliación de Cobertura Rural de la Policía Nacional para Fortalecer la Seguridad Ciudadana, que contempla dotar a la entidad con infraestructura mediante la restauración y construcción de delegaciones, adquisición de medios de transporte y mobiliarios, incluida la compra de cámaras fotográficas.

Policías antimotines se desplazaron en todas las avenidas que llevaban a la rotonda Centroamérica en Managua, de donde saldría la marcha “Todos somos abril”.
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Solo para las licitaciones del año pasado y que varias se habían paralizado y se están retomando este año, el BCIE se comprometió a dar 5.91 millones de dólares, que serán complementados con una contrapartida de 303,738 dólares por parte de la PO.

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Distintas fuentes explicaron que si bien este proyecto databa desde antes del estallido de la crisis, debido a que la Policía ha incurrido en prácticas corruptivas y coercitivas, así como fraudulentas, esta asistencia debe ser suspendida de inmediato porque va contra las normas establecidas por el BCIE.

De hecho, representantes de los grupos opositores que impulsan una campaña para presionar al BCIE que corte dicho financiamiento, señalaron en una carta enviada a miembros de la Asamblea de Gobernadores del banco que la PO habiendo “demostrado prácticas coercitivas, corruptas… en contra de la población, esta debería quedar inhibida de recibir fondos del banco”.

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Fuentes vinculadas al BCIE, que prefieren no ser citadas, admitieron que dichos planteamientos sobre las prohibiciones son válidos y que se sustentan —en el caso de la Policía— con los informes internacionales de las comisiones de derechos humanos internacionales, los reportes de la Comisión Europea y de Naciones Unidas sobre el papel que ha desempeñado la PO en la reciente represión, que ha dejado como saldo más de 325 nicaragüenses asesinados.

Cuando Estados Unidos sancionó al jefe policial, el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, en julio del 2018, el Departamento del Tesoro lo señaló de ser responsable de la represión contra civiles, que incluyó ejecuciones extrajudiciales, en las que se cuentan entre las víctimas incluso niños.

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El sociólogo Óscar René Vargas cree que “en la medida que se haga público esos préstamos y deje de ser una decisión en lo oscurito, los altos funcionarios del BCIE tendrán que dar una explicación no técnica a los préstamos concedidos”.

Vargas espera que esta campaña de denuncia obligue a “reaccionar a los otros países que aportan dinero al BCIE, entre ellos varios países europeos. Hasta la fecha esos países han sido sordos, ciegos y mudos”.

¿BCIE va contra su visión y misión?

Para el excontralor general de la República, Agustín Jarquín Anaya, el BCIE está yendo contra la propia visión y misión del banco, en caso de que no actúe por esta queja contra el financiamiento a la PO.

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“Este financiamiento a la Policía, cuya conducta ha estado señalada, no por la oposición de aquí, sino por organismos regionales e internacionales, como la OEA, la CIDH, debidamente documentado por el GIEI, como una conducta que viola sus propias normas, su ley orgánica… entonces estos elementos contradicen los propósitos del BCIE”, indicó Jarquín.

A criterio de Jarquín, la prohibición de prácticas fraudulentas en este proyecto del BCIE por parte de la PO se da cuando lejos de generar bienestar y seguridad a la ciudadanía, como pretende el programa, la institución se ha convertido en agente represivo.

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“Hay una información fraudulenta que le han llevado al BCIE, por lo tanto estos préstamos deben ser revisados por el directorio del banco”, enfatizó.

Jarquín recuerda que aunque un proyecto esté en ejecución, esto no es un cheque en blanco. Si durante el desarrollo del proyecto, “el BCIE encuentra que hay manejos que contravienen la misión, visión del banco, su declaración de buenas prácticas, ellos están en la obligación de revisar esa situación”.

Managua, Nicaragua 19 de Abril del 2018. Protesta de los universitarios en contra de la reforma al INSS en la avenidas de las universidades UCA y UNI. FOTO/LA PRENSA/CARLOS VALLE.

El exgerente regional del BCIE, Róger Arteaga, afirmó que esperaría que los países que han liderado la condena contra las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y tienen vínculos con este banco lideren un proyecto de resolución que suspenda el financiamiento a la PO hasta que en Nicaragua no se quiten las sanciones y se castigue a los responsables de la masacre.

Campaña represiva

La Alianza Cívica denunció ayer que Juan Sebastián Chamorro, miembro de la organización, está siendo víctima de una campaña desatada por el oficialismo, luego que este firmara una petición para pedir al BCIE que suspenda el financiamiento a la Policía.

“El régimen no tolera que existan derechos, voces, ni acciones fuera de su dominio y por eso ha forzado a empleados del Estado y a otros ciudadanos a demandar la destitución de Juan Sebastián como miembro de la mesa de negociación”, señaló.