Es entendible que los representantes del régimen de Daniel Ortega en la mesa de negociación política del Incae, pidan y hasta exijan con amenazas a los representantes de la Alianza Cívica que firmen una petición conjunta a la comunidad internacional, para que no se apliquen las sanciones a la dictadura.
De esa manera Ortega ha revelado que las sanciones externas —las del gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) pero también las que le podría imponer la Unión Europea, así como la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA—, constituyen el punto más sensible y vulnerable de su régimen dictatorial.
Es evidente que para Ortega las sanciones externas significan lo mismo que significaron los tranques y las barricadas en el período de abril a julio del año pasado, que de hecho representaban un poder popular paralelo a la dictadura.
Sin embargo, el dictador no puede liberarse de las sanciones yendo “con todo” contra ellas, como hizo contra los tranques y las barricadas populares dejando una dolorosa estela de muertos, heridos, perseguidos, encarcelados y judicializados. Ortega solo puede librarse de las sanciones externas con acciones políticas. Por eso presiona a los miembros de la Alianza Cívica, para que firmen la petición conjunta a la comunidad internacional de que las sanciones sean dejadas sin vigor.
Pero si bien Ortega tiene claro el objetivo y el medio (liberarse de las sanciones con acciones políticas), le falta puntería para dar en el blanco.
En este caso el problema para el dictador criollo es que las sanciones externas que ya le han sido impuestas, y las demás que vendrían dentro de quizás no mucho tiempo, no se deben a que fueron pedidas por la Alianza Cívica o algún otro sector de Nicaragua. Las sanciones de EE.UU., por ejemplo, son iniciativa y decisión de los propios miembros del Congreso y el gobierno estadounidense, con un propósito declarado muy claro como es que Ortega debe dar pasos reales, creíbles y verificables, hacia el restablecimiento de las libertades, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.
Al respecto, en la Ley Nica Act aprobada por el Congreso y la Administración de los EE.UU., se dice explícitamente que las sanciones no serán aplicadas si el régimen de Ortega acuerda con la oposición las medidas y reformas necesarias para llevar a cabo elecciones adelantadas, justas, transparentes y vigiladas internacionalmente. Y señala que si en el plazo de 6 meses —que se cumple el próximo junio—, no se ha llenado ese requisito y ni siquiera se ha avanzado de manera apreciable, las sanciones comenzarán a ser efectivas.
De manera que si realmente quisiera salvarse de las sanciones, Ortega ha tenido tiempo más que suficiente para acordar con la Alianza Cívica el plan de transición democrática que es indispensable. Y la verdad es que todavía tiene oportunidad de lograrlo, si sus delegados en vez de amenazar a la Alianza y hacer desplantes en el Incae optaran por acordar y firmar el plan de regreso a la democracia.
Pero eso no puede ocurrir si lo que Ortega quiere en realidad no es evitar las sanciones, sino mantenerse en el poder pagando y haciendo pagar a todos los nicaragüenses cualquier clase de consecuencias indeseables.