Cada día se desatan ataques contra la Alianza Cívica (AC) y su desempeño en las negociaciones con el régimen. Se les critica porque no hay ningún resultado dicen, por ser funcionales al régimen, porque son empresarios, porque no fueron electos, porque no hay suficientes mujeres y jóvenes. Por cualquier cosa. Parecen obedecer a la consigna de “¡Disparen a la Alianza!
La delegación de la Alianza podría estar compuesta totalmente por mujeres jóvenes proletarias y ya haberse postrado ante el régimen. Ni la condición social, ni de género ni la generacional, son nunca garantía de nada. No lo es tampoco en esta negociación.
Cuando leo críticas a la AC me pregunto, pero ¿qué proponen? Algunos invocan la receta de una (nueva) insurrección. Abundan estrategias en las redes sociales. Para gustos, variantes. Pero la pertinencia de las formas de la lucha política no responde a deseos. Se olvidan de eso, viejos y nuevos comentaristas.
Entre junio del 2018 y enero del 2019, los nicaragüenses exigimos al régimen que dialogara. En tanto el régimen desató en ese período la oleada represiva que ya conocemos, y que sin duda golpeó al movimiento ciudadano.
En febrero se instaló esta nueva fase de las negociaciones. El régimen se vio obligado a sentarse, muy a su pesar. En esas negociaciones ha suscrito acuerdos que no ha cumplido. Es cierto. Pero antes de la firma de esos acuerdos, no había ningún compromiso para la liberación de los presos, ni para el retorno de los exiliados ni el respeto a las libertades ciudadanas, libertad de prensa y demás. Ninguno.
Y esos compromisos el régimen los suscribió muy a pesar suyo. ¿O hay quienes piensan que lo hizo alegremente por magnanimidad? No, señores: se le impuso.
Los nicaragüenses queremos la libertad inmediata de todos los presos políticos, queremos libertades, queremos justicia. Y más que eso: queremos el fin del orteguismo. Pero también sabemos que el régimen tienen el poder coercitivo y represivo, un poder cada vez más aislado, golpeado y debilitado, pero que se niega a morir y que procurará sobrevivir de cualquier forma. No ha decidido suicidarse, ni lo hará.
El régimen está en la mira de la comunidad internacional: Estados Unidos ha sancionado a funcionarios y miembros de la familia Ortega Murillo por corruptos y asesinos, la Carta Democrática está en marcha y la ilegalidad de origen del gobierno Ortega-Murillo está sobre la mesa, amplia y abundantemente demostrada y las sanciones de la Unión Europea penden sobre la dictadura. Las sanciones han golpeado estratégicamente al régimen.
Eso no hubiese sido posible si no existiese una mesa de negociaciones en la que ha quedado clara la falta de voluntad del régimen de contribuir a una salida pacífica y democrática, cosa que sí ha demostrado la Alianza Cívica.
El orteguismo ha ganado tiempo, dicen los agoreros del fracaso. ¿Cuál tiempo? Por el contrario: se estableció un plazo, el 18 de junio. O cumple o quedará expuesto a nuevas y definitivas sanciones. ¿Qué ha cedido la Alianza?
Nada, porque no tiene nada que ceder.
Todo problema político es un problema de fuerzas. Es un axioma que no debe olvidarse nunca. La fuerza ciudadana demostrada en las calles, en el escenario internacional y en la mesa de negociaciones, tiene al régimen en una crisis terminal, pero no llegamos aun a su final. Hay que acercarlo.
El balance de la gestión de la Alianza es favorable. Es una delicadísima misión negociar con una mafia que usa el poder de manera criminal y arrasadora, cuando lo ha considerado necesario.
No disparen a la Alianza, que no es el blanco.
El autor es periodista y abogado.