Los insultos privan en un nuevo comunicado, publicado este viernes 10 de mayo, del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, siguiendo su campaña de desprestigio contra los opositores por oponerse a firmar un llamado a parar las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra funcionarios y familiares de la dictadura.
En esta oportunidad, el régimen pide que cese la “infeliz locura” de la Alianza Cívica que “sólo sabe de terrorismo golpista”.
Los simpatizantes orteguistas en las redes sociales y en los medios oficialistas mantienen una campaña de desprestigio hacia los delegados de la Alianza Cívica que, según la oposición es una estrategia para acabar con las negociaciones desde hace dos meses y medios se iniciaron para poner fin a la crisis socipolítica y económica causada por la represión de fuerzas policiales y paramilitares en contra de las manifestaciones ciudadanas, desde abril del 2018.
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Sin embargo la Alianza no se ha doblegado en su posición de no hacer llamados a la comunidad internacional ni gestionar con los países como Estados Unidos y de la Unión Europea para que detengan las sanciones, hasta que la dictadura cumpla los acuerdos firmados sobre la liberación de los 779 presos políticos, respete las garantías fundamentales de los derechos humanos y se avance en las negociaciones de los justicia a las víctimas de la represión y de sus familiares, así como en reformas electorales que conduzcan a elecciones adelantadas, antes del 2021.
“Exigimos al régimen el cumplimiento de los acuerdos firmados, que no es más que el respeto a los derechos inherentes de los ciudadanos nicaragüenses”, reiteró en las redes sociales la Alianza Cívica.
Reiteramos la voluntad de diálogo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis, que pase por la libertad plena, la verdad, la justicia y la celebración de elecciones libres, transparentes y anticipadas.
— Alianza Cívica Nicaragua (@AlianzaCivicaNi) May 9, 2019
20 insultos para victimizarse
En un texto con varios errores gramaticales y con 20 insultos y epítetos, la dictadura Ortega Murillo insiste en victimizarse para no asumir su responsabilidad en la muerte de al menos 325 personas, miles de heridos, más de 60 mil exiliados, al menos 779 presos políticos y una cifra aún desconocida de desaparecidos durante el recrudecimiento de la represión con el estallido de las protestas ciudadanas hace más de un año que exigen la salida del poder de la pareja presidencial.
Reclamando “seriedad” a los miembros de la Alianza Cívica les acusan de tener dos caras pues “no pueden aducir capacidad de desdoblamiento, argumentando que en la mesa (del diálogo) son una cosa, y en las calles o en las redes pueden hacer y decir lo contrario”. Sin embargo ese es el comportamiento erróneo que tanto la Alianza como organismos internacionales, gobiernos y grupos de la sociedad civil le reclaman al gobierno de Ortega y Murillo pues han firmado compromisos para cesar la represión al pueblo, pero siguen las violaciones a los derechos humanos.
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Como es costumbre el canciller orteguista y jefe de la delegación, Denis Moncada, leyó el comunicado en donde “reclaman a quienes a pesar de que destruyeron el país y sembraron caos, desempleo, luto y dolor con sus acciones golpistas y terroristas, hoy están sentados en esa mesa, y es allí donde debemos producir los resultados esperados”.
La represión, las reformas fiscales y a la seguridad social aplicadas por el régimen orteguista es causante de que 453 mil personas han sido despedidos o suspendidos de sus empleos durante el último año, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en base a datos oficiales.
Funides advirtió que de prolongarse la crisis sociopolítica y económica este año más de dos millones de nicaragüenses no podrán satisfacer sus necesidades mínimas de consumo, de los cuales 600 mil no serían capaces de costear su alimentación diaria.
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A pesar de la gravedad de la situación del país, el régimen mantiene estancada las negociaciones al condicionar los acuerdos al levantamiento de las sanciones internacionales, que hasta ahora solo afectan a seis funcionarios, entre ellos la cogobernante Rosario Murillo y el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo.
“Una vez más exigimos que cese la jugarreta irreverente, disparatada y caótica que a nadie cae en gracia y que sólo acarrea más animadversión contra quienes desde sus particulares comodidades se dan el lujo de seguir exhibiendo insensibilidad, precariedad, miseria y mezquindad, mental y espiritual”, reza el comunicado leído por Moncada.