Desde que comenzó la gran represión de la dictadura para aplastar las protestas sociales que estallaron el 18 de abril de 2018, los familiares de los presos políticos, sus abogados defensores y los mismos prisioneros cuando han podido enviar mensajes desde la cárcel, así como los que han sido excarcelados, se han conocido y denunciado las inhumanas condiciones carcelarias que prevalecen en las cárceles orteguistas.
La barbarie carcelaria que sufren los presos políticos de Nicaragua ha tenido repercusión en todo el mundo. Los medios de comunicación de muchos países se han hecho eco de los informes y denuncias de los organismos internacionales de derechos humanos, que siguen reclamando un trato humanitario a los presos políticos pero no son escuchados por la dictadura.
Dentro y fuera de Nicaragua se han hecho tristemente famosos los calabozos de la cárcel de Tipitapa que son llamados “el infiernillo”, porque su espacio es extremadamente reducido, no tienen luz ni aire y son terriblemente sofocantes.
Se dice a veces que los presos políticos no deben estar recluidos en cárceles de máxima seguridad, como “el infiernillo”, que son únicamente para criminales de mucha peligrosidad.
Pero la verdad es que nadie debería ser sometido a esas horrorosas condiciones carcelarias. Hasta los peores delincuentes son personas con derechos y dignidad humana que debe ser respetada. La máxima seguridad carcelaria no significa torturar a los presos sometiéndolos a condiciones infrahumanas, sino vigilarlos especialmente y recluirlos en recintos de los que no puedan escapar, así como restringirles el acceso a recursos y beneficios que disfrutan los presos comunes y corrientes.
El derecho humanitario internacional, del cual el Estado de Nicaragua es parte y por lo tanto tiene que ser respetado y cumplido independientemente de quién o quiénes están en el gobierno, prohíbe cualquier forma de maltrato a los presos o privados de libertad.
También la legislación nacional prohíbe la tortura e inclusive establece que se debe castigar a los funcionarios que la ordenen y la practiquen. De la misma manera está consagrado constitucionalmente que “el sistema penitenciario es humanitario” y que las penas de prisión tienen un carácter reeducativo. Así está dicho en el artículo 39 de la Constitución Política de Nicaragua, pero las autoridades orteguistas se burlan de la ley y de los derechos de sus víctimas.
Cabe recordar que ese principio constitucional se incluyó en la Constitución de 1987, pero la dictadura sandinista de los años ochenta no lo respetaba y maltrataba a los presos políticos, sobre todo a los acusados de contrarrevolucionarios. Ahora se maltrata todavía más a los presos políticos y la nueva dictadura sandinista ha hecho del “infiernillo” el emblema de su régimen carcelario inhumano, violatorio de la Constitución y de la ley internacional.
La sociedad y la clase política democrática de Nicaragua deberían comprometerse solemnemente, a que después que termine esta dictadura nunca más habrá cárceles de castigo como “el infiernillo”. Todos los centros de tortura tendrán que ser abolidos. Esa será una manera adecuada de honrar a los presos políticos, a los que han sido y los que siguen siendo víctimas del horrendo régimen carcelario orteguista.