El informe preliminar que el régimen de Nicaragua presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, de cara al Examen Periódico Universal que se realizará el próximo 15 de mayo, oculta a la comunidad internacional la totalidad de violaciones y abusos a diferentes derechos nacionales e internacionales de los nicaragüenses desde el año 2011. Además, reitera el discurso de un “fallido golpe de Estado” en 2018.
El documento fue distribuido el 28 de enero del 2019 ante los delegados de los países miembros del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), que se discutirá en el 33 período de sesiones ante el Consejo de Derechos Humanos, en el Palacio de Naciones, en Ginebra, Suiza, este 15 de mayo.
La presentación formal del documento estará a cargo de Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, asesor del dictador Daniel Ortega para las Relaciones Internacionales.
Según el informe oficial de 22 páginas, “se reconoce en el interés de la paz y desarrollo del pueblo nicaragüense, las recomendaciones expresadas por la comunidad internacional en el Primer y Segundo Ciclo del EPU, las que en su mayoría fueron aplicadas por el GRUN a favor de las y los nicaragüenses”.
El documento destaca en un apartado, junto a una serie de cifras y datos que dan cuenta de la supuesta realidad normal que vive el país, la versión oficial del régimen frente a los abusos de derechos humanos en 2018, con el título “Victoria de la paz, frente al intento de Golpe de Estado”.
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En el informe la dictadura se victimiza y responsabiliza a la oposición de las muertes, daños y destrucción del país.
En uno de sus informes respecto a la libertad de expresión y de movilización, la dictadura calla sobre la persecución, amenazas y encarcelación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, así como sobre la represión a las marchas y protestas.
“Se garantiza plenamente el derecho de reunión pacífica, el cual no requiere de permiso previo; así como el derecho de las y los nicaragüenses a expresar libremente su pensamiento en público o privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad a la ley”, dice.
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“Se garantiza el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, dado que no existe censura previa, ni restricción alguna a ese derecho. Los periodistas pueden supervisar, investigar y criticar las políticas y acciones de la administración pública”, reza el documento.