Después de un mes de estar estancadas las negociaciones entre la opositora Alianza Cívica (AC) y la dictadura de Daniel Ortega, lograron avanzar sobre los mecanismos de cumplimiento de los acuerdos de liberación de los presos políticos y de los derechos fundamentales, con base en lo propuesto por los testigos de que al 30 de mayo se libere a los 232 presos políticos.
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Esos presos políticos corresponden a la listas conciliadas de las presentadas por la oposición y el régimen, afirmó José Pallais Arana, delegado de la AC en las negociaciones.
“Se están redactando preacuerdos de diferentes puntos que permitirían la inmediata entrada en vigencia de lo dispuesto en esos puntos, por supuesto la liberación lo más pronta de los presos políticos y el disfrute de los derechos y garantías constitucionales, como el de la manifestación”, dijo Pallais.
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La dictadura habría flexibilizado su condicionante de que hasta que la AC firmara un llamado a la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, a suspender las sanciones aplicadas a siete funcionarios del régimen por corrupción y violación a los derechos humanos lo haría. Entre esos están la cogobernante Rosario Murillo y el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo.
Delegados del dictador bajan tono
Aunque el canciller orteguista Denis Moncada Colindres insistió en que se hagan gestiones inmediatas para que Estados Unidos y la Unión Europea desistan de sancionar a más funcionarios, así como al gobierno orteguista, bajó el tono contra la oposición, pues al menos ayer no hubo comunicados con insultos y amenazas.
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Pallais dijo que los testigos y acompañantes del diálogo, el nuncio Waldemar Sommertag y Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sus gestiones han conseguido acercar las posiciones de las delegaciones a fin de acelerar no solo el cumplimiento de lo ya pactado, sino en que se concrete un acuerdo final en todos los temas de justicia, democracia y libertades.
Más de 700 presos políticos
Son 779 los presos políticos detenidos en el contexto de las protestas ciudadanas, desde el 18 de abril del 2018, los que la AC demanda sean liberados.
Aunque se ha excarcelado aproximadamente 230 protestantes, a estos solo se les ha cambiado la medida cautelar de casa por cárcel. Además la Policía Orteguista (PO) los sigue asediando en sus casas y unos 17 reos políticos han vuelto a ser detenidos debido a otras acusaciones, según han denunciado sus familiares.
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Pallais explicó que en el caso de los reos políticos que siguen sin conciliarse debido a que la dictadura les atribuye delitos comunes, una vez consigan destrabar ese punto el objetivo es que esas personas sean liberadas, cuyo plazo máximo sigue siendo el 18 de junio próximo, conforme el acuerdo firmado en el marzo pasado.
Mecanismos para implementar acuerdos
Los mecanismos para implementar los acuerdos firmados desde el 27 y 29 de marzo, según Pallais, permitirían que haya garantes para cada acuerdo a fin de verificar su cumplimiento.
Sin embargo, Pallais refirió que los mecanismos de implementación de lo ya pactado serán firmados hasta que se concluya un acuerdo final de las negociaciones.
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“La implementación consiste en poner fechas concretas, que le obliguen a cumplir al Gobierno (…) que sean compromisos verificables, no meramente promesas y que los garantes internacionales tengan elementos para verificar si se cumple o no con los acuerdos, esas son las precisiones que se están haciendo”, afirmó Pallais.
No a la amnistía
Sobre las pretensiones del régimen de lograr una amnistía para proteger a los funcionarios del Estado involucrados en la represión estatal contra los nicaragüenses, Pallais y Juan Sebastián Chamorro —también delegado de la Alianza Cívica— dijeron que si bien esa propuesta no ha sido oficializada en la mesa de negociación, desde ya la rechazan.
Chamorro manifestó que el tema de la amnistía lo conocieron por declaraciones del magistrado y delegado del régimen en el diálogo, Francisco Rosales, en un medio oficialista. “Se nos ha adelantado de que el Gobierno insiste en la idea de la promoción de una amnistía como solución jurídica; nosotros decimos que la solución al tema de justicia es más complicado que eso, no es a través del plumazo de una ley, de un decreto que se puede traer reparación y justicia a los familiares de todas las personas que han sido afectadas con esta crisis”, explicó Chamorro.
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La dictadura igual insiste en proponer a la Comisión Porras como el ente encargado de impartir justicia para las víctimas de la represión y la reparación a sus familiares.
La Alianza Cívica rechaza ambas propuestas, porque significan dejar en impunidad los crímenes contra la población perpetrados por paramilitares, junto a la Policía Orteguista (PO).
La oposición propone una justicia transicional, “es decir sometimiento a la justicia de todos los involucrados en la comisión de delitos, que incluso han sido considerados delitos de lesa humanidad”, dijo Pallais.
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¿Cuándo vendrá la OEA?
Del avance que tengan los negociadores respecto a un acuerdo final de cómo poner fin a la crisis sociopolítica depende que la OEA envíe a Nicaragua una misión para discutir las propuestas de las reformas electorales.
El canciller orteguista Denis Moncada Colindres y los delegados de la Alianza Cívica coincidieron ayer en que esperan avanzar lo más rápido para que entre esta y la próxima semana se concrete un acuerdo final.