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Meseni, CIDH, Nicaragua, represión, Policía Orteguista

La Policía Orteguista asedia y militariza todo los alrededores de Catedral Metropolitana para evitar que autoconvocados realicen piquetes. El operativo fue dirigido por el comisionado mayor Juan Valle Valle. Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

Meseni sostiene que “persiste la impunidad” por violaciones de derechos humanos en Nicaragua

"La CIDH ha denunciado la continuación de la represión estatal y la imposición de un estado policial en todo el país", indica el organismo en su boletín actualizado sobre la situación de Nicaragua

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) denunció que a un año de crisis sociopolítica en Nicaragua “persiste la impunidad” de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el aparato represión del régimen orteguista contra la población.

En su boletín actualizado sobre la crisis, el organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que se registran nuevos patrones de represión como la detención de ciudadanos por parte de la Policía Orteguista (PO) pero que no son llevados a centros de detención.

“Dichas detenciones ocurren como consecuencia de una vigilancia policial masiva y permanente de los espacios públicos donde pueden realizar protestas sociales como las rotondas” en Managua, describe el Meseni.

La Policía Orteguista mantiene militarizadas las ciudades para evitar que hayan protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las detenciones ilegales persisten en contra de quienes realizan piquetes, plantones o cualquier forma de manifestación en repudio de la pareja presidencial.

“A un año de iniciadas las protestas sociales, la CIDH ha denunciado la continuación de la represión estatal y la imposición de un estado policial en todo el país”, indica el organismo.

Entre los principales aspectos de preocupación registrados son la prohibición de la realización de protestas sociales y manifestaciones públicas, continuación de detenciones arbitrarias, represión de las personas que permanecen privadas de libertad, falta de garantías de seguridad para el retorno de las personas exiliadas.

Así como la “persistencia de la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos documentadas por la CIDH”, se resalta el documento.

Desde el estallido de las protestas el 18 de abril del año pasado la dictadura orteguista respondió con bala y represión. En su informe actualizado sobre la represión el Meseni mantiene que al menos 325 personas asesinadas de las cuales 24 son niñas, niños y adolescentes. Además reporta la muerte de 21 policías en el contexto de las protestas.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la mesa de negociación con la dictadura exige la liberación de 779 presos políticos, a pesar de que hay un acuerdo para que sean puestos en libertad el régimen se niega a cumplirlo.

El Meseni registra que desde el 27 de febrero pasado, el Gobierno de Nicaragua convocó a una Mesa de Negociación con la oposición para encontrar una salida a la crisis sociopolítica y económica, sin embargo hasta ahora no hay mayores avances debido a que el régimen solo presiona a la Alianza Cívica para que firmen un llamado a detener las sanciones que Estados Unidos ya aplicó a siete funcionarios, entre ellos la cogobernante Rosario Murillo y el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo.

Lea: Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH: “El Estado no garantiza justicia en Nicaragua”

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El organismo de derechos humano recoge en su boletín que a pesar de que desde el  27 y 29 de marzo fueron publicados los acuerdos alcanzados para liberar a todas las personas privadas de libertad por su participación en las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018, “después de 30 días de su publicación, solamente 236 personas fueron excarceladas” a quienes se les cambió la medida cautelar de casa por cárcel.

“Asimismo, según información recibida por el Meseni, muchas de las excarceladas estarían siendo víctimas de vigilancia, asedio y nuevas detenciones bajo diversos cargos incluyendo delitos comunes. De acuerdo con información de la sociedad civil, al menos, 700 personas continúan sometidas a procesos penales en el país, muchas de las cuales aún están privadas de libertad”, precisa el Meseni.

Nicaragüenses no dejan de protestar

En el contexto anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aún con el estado policial la población busca la forma de expresar, pues las manifestaciones  han variado y limitado sus formas de protesta. Durante marzo y abril, se habrían multiplicado los piquetes exprés; breves actos de protesta en lugares privados; pitazos; sentadas o plantones breves; lanzamiento de papelillos o pajillas y marcas de pintura sobre calles con los colores nacionales.

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