El BCIE y los derechos humanos

El BCIE tiene definiciones de prácticas prohibidas y un mecanismo para recibir denuncias. Pero carece de condicionalidades sobre respeto a los derechos humanos y gobernabilidad democrática

Una mala consejera, Nicaragua

La noticia de que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está financiando proyectos de fortalecimiento de la Policía Orteguista, ha provocado indignación y rechazo en medios de comunicación y redes sociales, de la gente que repudia a la dictadura.

Muchas personas han firmado una petición masiva al BCIE, por medio de internet, para que deje de ayudar a la Policía que es acusada con evidencias por los organismos internacionales defensores de derechos humanos, de cometer atrocidades incluyendo crímenes de lesa humanidad en la represión de las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

La demanda por suscripción popular en línea para que el BCIE suspenda el financiamiento al aparato policial de la dictadura, impactó en la mesa de negociación del régimen con la Alianza Cívica. Uno de los negociadores de la Alianza, Juan Sebastián Chamorro, firmó la petición y el régimen reaccionó con amenazas y exigiendo su separación del equipo negociador.

Este lunes la revista Confidencial publicó una entrevista con el presidente del BCIE, el doctor en economía hondureño Dante Mossi, quien asumió el cargo en diciembre del año pasado y el 11 de mayo dijo al diario La Tribuna, de Honduras, que quiere “hacer un BCIE diferente, reformado, no como el actual”.

Sin embargo, a la pregunta de Confidencial sobre qué políticas tiene el BCIE  respecto al Gobierno de Nicaragua, que es acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos y rompimiento del orden constitucional y de la Carta Democrática de la OEA, Mossi dio una respuesta típicamente burocrática. “El BCIE —dijo— no se pronuncia sobre los asuntos internos de sus Estados miembros… no interviene ni comenta sobre los asuntos internos cuyas decisiones corresponden exclusivamente a sus naciones socias”.

En realidad, el BCIE tiene definiciones de prácticas prohibidas y un mecanismo para recibir denuncias. Pero carece de condicionalidades sobre respeto a los derechos humanos y gobernabilidad democrática, como las que tienen otros organismos financieros multilaterales. Cuando el BCIE fue constituido, en 1961, no habían condicionalidades de esa clase para otorgar los financiamientos y hasta ahora los gobiernos socios no las han adoptado.

De manera que el presidente del BCIE se ha limitado a decir a Confidencial que lamenta la violencia ocurrida en Nicaragua, y la vulneración de la paz social, pero hasta allí. Lo cual es nada ante una dramática situación como la de Nicaragua donde se violan masivamente los derechos humanos, e impera un régimen autoritario que no reconoce las libertades civiles y los derechos políticos de los ciudadanos.

El BCIE tendría que ser reformado y adaptado a las exigencias de respeto a los derechos humanos y a las instituciones de la democracia. Solo aquellos gobiernos que cumplan ese requisito fundamental deberían recibir financiamientos del Banco Centroamericano de Integración Económica. La integración también tiene que ser humanitaria y democrática.

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