Terreno fangoso pisa el BCIE

En lugar de concentrarse en buscar como destrabar la negociación y salvar los plazos fatídicos que vencen en junio, el Gobierno se está enfrascando en abrir nuevos frentes de confrontación

cansancio, Nicaragua

En medio del tranque de las negociaciones impuesto por el gobierno y acercándose a pasos agigantados tres fechas topes entre el 18 y el 26 de junio, como lo son: el vencimiento del plazo para la liberación definitiva de todos los presos políticos; la entrada en vigencia de la Nica Act y la Asamblea General de la OEA que podría aplicar la Carta Democrática, el régimen de Ortega Murillo se dedica afanosamente a colectar firmas entre los empleados públicos señalando de “traidor” a Juan Sebastián Chamorro y pidiendo que sea retirado del equipo negociador de la Alianza Cívica por promover la firma de una carta abierta de ciudadanos al BCIE.

La carta dirigida a la Junta de Gobernadores del BCIE solicita que este organismo no desembolse un préstamo destinado al fortalecimiento de la Policía Orteguista por considerar que dicha institución ha sido señalada por organismos internacionales como violadora de derechos humanos y su director general, Francisco Díaz, ha sido sancionado por la Ley Magnitsky, lo cual pudiera perjudicar o manchar al propio banco.

En adición, el préstamo para fortalecer a la Policía represiva del régimen no figura entre los nobles objetivos desarrollistas del banco que son: desarrollo humano e infraestructura; infraestructura productiva; energía; desarrollo rural; intermediación financiera; y servicios para la competitividad. Lo que es peor, más bien podría estar explícitamente prohibida por la sección 5 del BCIE que prohíbe financiamiento a “la existencia de las siguientes prácticas prohibidas: práctica corruptiva, práctica coercitiva”.

El BCIE ha respondido que ellos son una institución apolítica y que este desembolso forma parte de un préstamo mayor para el fortalecimiento de la Policía Nacional, el cual fue otorgado antes de la brutal represión documentada del 2018, que es lo que le ha caracterizado como un organismo represivo al servicio del régimen y no de la población en general. Se trata pues de un préstamo que otorga una institución regional “apolítica” a otra institución, que seguramente también consideran “apolítica”.

Los ciudadanos, que con sus impuestos pagarán todo el endeudamiento externo que ha venido acumulando Ortega en sus dos reelecciones consecutivas que suman 12 años, tienen el derecho constitucional de cuestionar y demandar que los fondos con los cuales va a quedar endeudado el país hasta las futuras generaciones, sean aplicados para proyectos de desarrollo y no para fortalecer las capacidad represivas de organismos partidarios, como la Policía Nacional.

En lugar de concentrarse en buscar como destrabar la negociación y salvar los plazos fatídicos que vencen en junio, el Gobierno se está enfrascando en abrir nuevos frentes de confrontación, tarea inútil por cierto, a como lo es la demanda de que la Alianza Cívica haga un llamado a detener las sanciones sin haber cumplido los acuerdos firmados y sin tiempos para la democratización de Nicaragua, por medio de un proceso electoral transparente, observado y anticipado. Solo así podría salir airoso de los 3 plazos fatídicos.

El autor es periodista, exministro y exdiputado.

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