La situación de Nicaragua es considerada hoy por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco de su programa denominado Examen Periódico Universal.
Son 14 países los que están siendo examinados desde el 6 de mayo en curso, siendo esta la tercera vez que Nicaragua es sometida a tal escrutinio. La primera fue en febrero de 2010 y la segunda en mayo de 2014.
Cuando Nicaragua fue sometida a este examen por primera y segunda vez, ya había en el país una precaria situación de los derechos humanos. Los atropellos a los derechos humanos eran habituales y sistemáticos, como política de Estado de Daniel Ortega que desde enero de 2007 comenzó a instaurar su nuevo régimen dictatorial.
Sin embargo, fue a partir de abril de 2018 que la situación de los derechos humanos se volvió catastrófica en Nicaragua, debido a la represión brutal y masiva de la dictadura, como lo han constatado y denunciado los más reconocidos organismos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos en el mundo.
Tal como informó LA PRENSA el recién pasado 10 de mayo, el examen de la situación de los derechos humanos en Nicaragua que se realiza hoy en Ginebra se basa en tres informes: uno es del mismo régimen de Ortega; otro compila los reportes de diversos expertos y grupos de trabajo independientes; y un tercero, que resume las investigaciones y denuncias de los organismos nicaragüenses defensores de los derechos humanos, organizaciones regionales y otras no gubernamentales que trabajan alrededor de este neurálgico problema.
El régimen orteguista presentó un informe de 22 páginas en el cual tergiversa los hechos y miente descaradamente —como es su costumbre en estos casos—, al insistir en que lo ocurrido en Nicaragua en 2018 fue un “intento de golpe de Estado”. Niega los crímenes cometidos por la Policía y las fuerzas parapoliciales y partidistas armadas; y asegura que los criminales son los muertos y los presos políticos, perseguidos y exiliados, a los que acusa falsamente de golpistas y terroristas.
Pero la dictadura no convence a nadie con esas mentiras, y menos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cuenta con abundante información recogida, analizada y verificada por organismos y expertos profesionales independientes, serios y de reconocida honestidad y competencia.
En realidad, la horrorosa violación masiva de los derechos humanos es la llaga moral del régimen orteguista, del mismo modo que las sanciones internacionales son su punto más vulnerable, como lo ha demostrado él mismo en la mesa de negociaciones políticas con la Alianza Cívica al pedirle y exigirle incluso con amenazas que solicite le sean suspendidas.
El conjunto de informes internacionales bien documentados sobre las monstruosas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, es como un ardiente dedo acusador en la llaga de la dictadura del que no se puede escapar.