Las 12 mentiras de Valdrack Jaenschke, el representante del régimen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El representante orteguista defendió a base de mentiras al régimen en su intervención durante en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas

Foto: OEA

El representante del régimen orteguista ante la Organización de las Naciones Unidas, Valdrack Jaenschke, defendió este miércoles a base de mentiras al régimen de Daniel Ortega en su intervención durante en el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, que busca examinar la situación de violación sistemática derechos humanos en Nicaragua.

En su última intervención, después de recibir las recomendaciones de al menos 90 países que participan del EPU, Jaenschke además arremetió contra los organismos internacionales de derechos humanos que investigaron la represión en Nicaragua como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ambas expulsadas por el régimen.

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Jaenschke también abogó para que se detengan las sanciones impuestas por la comunidad internacional, principalmente por Estados Unidos, contra el círculo cercano al dictador Daniel Ortega en Nicaragua por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra los nicaragüenses.

Estas son parte de las mentiras del discurso del funcionario en la ONU.

Acusaciones contra manifestantes son fundamentadas

Valdrack Jaenschke: «En todos los casos cumplimos los estándares internacionales y agotamos las líneas de investigación. Las acusaciones están sustentadas en abundantes elementos de convicción, pruebas periciales, testificales y documentales».

Falso: Los ciudadanos opositores que han protestado en contra de Daniel Ortega han sido detenidos y posteriormente enjuiciados de forma arbitraria y sin pruebas legales que sustenten las acusaciones, fabricadas por el Ministerio Público, en su mayoría por terrorismo. El caso del líder campesino Medardo Mairena es un ejemplo. El lo detuvieron el pasado 13 de julio en el Aeropuerto Internacional de Managua sin una orden judicial y luego lo acusaron de dirigir el ataque a la delegación policial y la Alcaldía de Morrito, donde perecieron al menos seis personas, entre ellas cuatro policías. Sin embargo, el día del ataque, varios policías que sobrevivieron aseguraron que fueron atacados a balazos por paramilitares desde la Alcaldía.

medardo mairena
El líder campesino Medardo Mirena y Pedro Mena en Complejo Judicial Central Managua. TOMADA DE EL 19

En otro caso, el Ministerio Público acusó a Guillermo Sobalvarro Oporta y Albert Einstein Monroe de haber forzado la entrada de la vivienda del comisionado Juan Valle Valle, jefe de tránsito de Managua y robado varios muebles y enseres el 17 de junio de 2018. Sin embargo, durante esa fecha los acusados se encontraban detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, según Maritza Oporta, madre de Sobalvarro.

Se respeta la libertad de expresión en Nicaragua

Valdrack Jaenschke: «En Nicaragua existe plena libertad de expresión».

Falso: El pasado 29 de septiembre, la Policía Orteguista (PO) oficializó la prohibición de manifestarse en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde entonces, cualquier ciudadano que decida ondear la bandera de Nicaragua en cualquier establecimiento público es considerado «terrorista» y puede ser encarcelado.

Ante tal violación a la libre manifestación, los opositores han optado por manifestarse en centros comerciales contra el régimen orteguista, pero la PO en conjunto con fanáticos del régimen se han encargado de cerrar esos espacios.

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La Policía es quien dirige la represión contra la población que protesta contra el régimen de Ortega.
LA PRENSA/ O. NAVARRETE

El régimen también ha bloqueado los insumos de los periódicos LA PRENSA, Hoy y El Nuevo Diario y clausuró el canal de televisión 100% noticias, como una forma de censura a los medios de comunicación independiente. Además confiscó las instalaciones de Confidencial y Esta Semana.

No hay periodistas encarcelados

Valdrack Jaenschke: «Ningún periodista ha sufrido cárcel o persecución por ejercer el derecho a informar, en todo caso si alguna persona ha tenido que responder a la justicia lo han hecho por la comisión de conductas ilícitas».

Falso: El pasado 21 de diciembre, el régimen orteguista a través de la PO irrumpió, sin una orden de allanamiento, las instalaciones de 100% Noticias y apresó, sin orden de detención, a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, propietario y jefa de prensa del medio de comunicación, respectivamente. Los periodistas cumplen este miércoles 145 días detenidos arbitrariamente y en condiciones inhumanas, ambos acusados de incitar al odio.

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Periodistas Lucia Pineda Ubau y Miguel Mora, presos políticos del régimen de Daniel Ortega. LA PRENSA/ Archivo

A Pineda y Mora se suma el periodista Marlon Powell, detenido el pasado 7 de marzo en una casa de seguridad en el barrio capitalino San Judas.

Ninguna protesta ha sido reprimida

Valdrack Jaenschke: «Nunca hemos reprimido ninguna protesta ni ninguna manifestación pacífica».

Falso: Desde el inicio de la rebelión cívica el 18 de abril de 2018, el régimen orteguista ha movilizado a sus turbas en conjunto con la PO para eliminar a base de violencia cualquier intento de protesta contra Daniel Ortega.

Para controlar el descontento social de la ciudadanía nicaragüense, el régimen aumentó el uso de la fuerza para reprimir las protestas pacíficas con el uso de civiles con armas de alto calibre.

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Policía Orteguista detuvo el 14 de octubre en camino de oriente a más de 20 manifestantes. LA PRENSA/ ÓSCAR NAVARRETE
Policía Orteguista detuvo el 14 de octubre en camino de oriente a más de 20 manifestantes. LA PRENSA/ ÓSCAR NAVARRETE

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la CIDH, advirtió en su momento de que el régimen “ha adoptado una estrategia de impedimento de toda forma de manifestación o protesta social”.

Detenciones no son arbitrarias

Valdrack Jaenschke: «Todas las detenciones de personas, realizadas en el contexto del intento de golpe de estado, se realizaron cumpliendo con los requisitos, procedimientos y garantías establecidas en el ordenamiento jurídico nacional».

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Falso: Las detenciones realizadas por la PO en todo el territorio nacional han sido arbitrarias porque las víctimas han sido detenidas sin una orden orden de captura y muchas veces por sujetos civiles encapuchados. Además, los detenidos son enviados a cárceles de máxima seguridad y tortura como El Chipote, donde permanecen retenidos por más de las 72 horas de investigación que establece la ley.

En el caso de los departamentos, la PO detiene a los manifestantes y los envía a Managua y no a las delegaciones policiales de las ciudades donde son detenidos.

PO no usó armas letales

Valdrack Jaenschke: «Los falsos señalamientos sobre el uso de armas letales por parte de la Policía Nacional para disolver protestas pacíficas no tiene ningún fundamento. Bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, el uso de la fuerza y empleo de armas de fuego fue proporcional al tipo de resistencia enfrentada»

Falso: Organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH, el GIEI y Amnistía Internacional (AI), han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la PO contra los manifestantes. Además, cientos de fotografías y videos que circulan en las redes sociales muestran el uso de fusiles de guerra como rifles Dragunov, fusiles AK-47, M-16, ametralladoras PKM hasta lanzacohetes RPG-7.

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Los antimotines armados en Masaya, en julio pasado. LA PRENSA/Cortesía

«El uso de algunas de estas armas de guerra está prohibido en labores de seguridad pública”, aseguró AI en su informe titulado Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua presentado el 18 de octubre en España.

Además, las muertes de algunos manifestantes por impactos de bala en la cabeza dejó en evidencia la existencia de francotiradores que actuaron en conjunto con la PO para reprimir las protestas.

Según un reporte de AI, siete tipos de armas de uso militar fueron utilizados durante los meses de represión en Nicaragua.

No hubo negación de atención médica en hospitales públicos

Valdrack Jaenschke: «Sobre la supuesta denegación del derecho a la salud, constituye una falsedad generalizada que en Nicaragua se haya negado la atención médica en el contexto de los hechos sucedidos durante el intento de golpe de estado».

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Falso: Los hospitales públicos negaron la atención médica a manifestantes opositores a Ortega. El caso más emblemático es el de Álvaro Conrado, el niño mártir de las protestas que murió el 20 de abril de 2018 producto de un disparo en su garganta. Conrado fue llevado de emergencia al hospital Cruz Azul, pero le negaron la atención médica. Cuando intentaron trasladarlo a otro hospital el niño de 15 años había fallecido.

También, decenas de médicos fueron despedidos de hospitales públicos por negarse a cumplir esa orden del Ministerio de Salud.

No hay presos políticos

Valdrack Jaenschke: «En Nicaragua no existen perseguidos, acusados ni presos políticos. Quienes incitan y generan la violencia no pueden ser considerados presos políticos aunque afirmen haber actuado por razones políticas».

Falso: En Nicaragua hay más de 750 presos políticos, según organismos locales de derechos humanos. Recientemente, la delegación del régimen de Daniel Ortega en la mesa de negociaciones confirmó la existencia de presos políticos y se comprometió a liberarlos en su totalidad en 90 días.

Sin embargo, hasta la fecha, el régimen solo ha beneficiado a 230 presos políticos con el cambio de medida cautelar a régimen de convivencia familiar. La mayoría de los excarcelados ha denunciado ser víctimas de asedio por parte de fanáticos del régimen.

Presos están en condiciones óptimas

Valdrack Jaenschke: «Los hombres que permanecen en el Centro Penitenciario Jorge Navarro están ubicados en dos módulos de reciente construcción con adecuada ventilación e iluminación, sin hacinamiento, con camarotes individuales, colchones y cubrecolchones además de dispositivos sanitarios. Las mujeres se encuentran recluidas en el centro penitenciario integral de mujeres, igualmente habilitado y equipado con condiciones acorde a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos».

Falso: A través de cartas escritas en papel higiénico, varios líderes opositores encarcelados han denunciado las condiciones inhumanas en las que el régimen los mantiene, especialmente los enviados a la galería 300, conocida como «el infiernillo», una celda de máxima seguridad que cuenta con un tragaluz de 2 centímetros de ancho por 10 de largo, cuenta con un pequeño orifico para hacer necesidades fisiológicas y donde los reos son picados por zancudos, alacranes y cucarachas.

El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos asegura que cerca de trescientas personas, entre presos políticos y comunes, están en celdas de máxima seguridad.

No existen paramilitares

Valdrack Jaenschke: «Negamos la existencia de estos supuestos grupos parapoliciales, turbas o fuerzas de choque. En todas las intervenciones para la restitución del orden solamente participan fuerzas policiales profesionales y policías voluntarios quienes actúan como fuerza auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional».

Falso: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó in situ la represión en Nicaragua a partir del 2 de julio del 2018, confirmó en su informe final la existencia de “grupos paraestatales” que, según el mismo informe, fueron organizados desde los barrios por «los Gabinetes de Familia —evolución de los antiguos Consejos de Poder Ciudadano (CPC)— y los Comités de Liderazgo Sandinista».

Un grupo de paramilitares exhiben sus escopetas. LAPRENSA/CORTESÍA

Además, al menos dos hombres que fueron paramiliares confesaron a LA PRENSA cómo operaban estos grupos en coordinación con la Policía.

ONG desnaturalizaron sus fines

Valdrack Jaenschke: «Nueve asociaciones perdieron su personalidad jurídica por desnaturalizar sus fines y objetivos o hicieron uso de su esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos ilícitos en el intento de golpe de estado».

Falso: Las ONG Cenidh, Hademos, Ieepp, Cisas, ILLS, Ipade, Cinco, Popol Na y Fundación del Río, todas dedicadas al empoderamiento democrático y cívico y al fomento del pensamiento crítico de los ciudadanos, fueron despojadas de su personalidad jurídica y sus instalaciones fueron confiscadas por el Ministerio de Gobernación bajo el argumento de que financiaron un «intento de golpe de estado» que Ortega nunca demostró.

Managua, Nicaragua 15 de diciembre del 2018. La policia Orteguista ocupa las instalaciones de Confidenciales y no le permite el acceso al periodista y propietario Carlos Fernando Chamorro, a sus oficinas y lo manda a Plaza el Sol a hablar con sus superiores. FOTO/LA PRENSA/Jader Flores

Expertos vieron esta acción, orquestada por la Asamblea Nacional orteguista, como una venganza política impulsada por la dictadura de Daniel Ortega contra aquellas organizaciones que critican sus políticas públicas y que se pronunciaron contra los abusos a los derechos humanos cometidos durante las protestas ciudadanas.

Régimen con voluntad de  cumplir acuerdos

Valdrack Jaenschke: «El gobierno de reconciliación y unidad nacional se mantiene firme en su voluntad de alcanzar el consenso sobre los o puntos de agenda aprobados por los delegados ante la mesa de negociación, avanzar en el cumplimiento de los acuerdos suscritos y continuar conversando con la contraparte para alcanzar nuevos acuerdos y propuestas de implementación».

Falso: El pasado 29 de febrero, la representación del régimen en la mesa de negociación firmó junto a la Alianza Cívica el “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, que establecen garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública «en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia». Pese a la firma de dichos acuerdos, el régimen continúa bloqueando el derecho a la manifestación pacífica y hostigando a ciudadanos opositores. La falta de cumplimiento de dichos acuerdos por parte del régimen ha mantenido trancado por un mes las negociaciones que pretenden buscar un salida a la crisis en Nicaragua.