La agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings prevé que este año Nicaragua se enfrentará a varios problemas económicos, los que provocarán que el Producto Interno Bruto se contraiga un 2 por ciento.
La proyección de la agencia es más optimista que la que previeron en abril pasado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que apuntaron a una contracción mayor del 5 por ciento. El régimen de Daniel Ortega aún no ha divulgado sus estimaciones para este año.
La agencia calificadora advierte que los riesgos macroeconómicos seguirán siendo fuertes para Nicaragua en 2019, con una probable contracción económica por segundo año seguido, financiamiento restringido e incertidumbre política que continúan desafiando al Gobierno.
Fitch pronostica que la economía de Nicaragua disminuirá un 2 por ciento este año, después de contraerse en casi un 4 por ciento (3.8 por ciento, según el BCN) en 2018.
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“Nicaragua registró tasas de crecimiento del PIB real de cinco por ciento antes de las manifestaciones de abril de 2018. La peor parte de la recesión ha terminado, pero el último indicador mensual de actividad económica del Banco Central de febrero confirma una lenta recuperación económica. Prevemos que el crecimiento mejorará a solo 1 por ciento en 2020”, detalla.
A mediados de abril la influyente publicación británica The Economist Intelligence Unit (EIU) consideró que como consecuencia de la crisis sociopolítica y el endurecimiento del régimen Ortega Murillo la economía caerá tres años consecutivos, después de años de sólido crecimiento.
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Ortega llegará al 2021
Fitch Ratings, al igual que The Economist Intelligence Unit, prevé que la administración de Ortega tiene “mayor probabilidad” de cumplir con su mandato hasta 2021.
“Las recientes conversaciones entre el gobierno y la oposición han llevado a la liberación y promesas de prisioneros en los próximos meses. Sin embargo, la oposición se ha negado a reanudar las conversaciones, alegando que el gobierno no cumplió con sus acuerdos. El gobierno enfrenta una presión internacional continua por su manejo de las protestas y el riesgo de una inestabilidad política renovada sigue siendo alto”, advierte Fitch.
En abril un análisis elaborado por la EIU señaló que Ortega se está viendo beneficiado por una débil oposición, liderada por la Alianza Cívica, lo que le permitiría al régimen incluso participar en las elecciones del 2021.
Reformas infructíferas
La agencia calificadora, asimismo, considera que tanto la reforma tributaria como la del Seguro Social no darán los rendimientos esperados.
“A principios de año, el gobierno aprobó reformas fiscales y de seguridad social con el objetivo de reducir el déficit fiscal. El gobierno proyecta que, después de la reforma fiscal, el déficit en el Gobierno Central se reducirá a cero en 2019”.
De igual forma, el aumento de las contribuciones de pensiones y menores beneficios para los nuevos jubilados, con la reforma del INSS, tiene como objetivo reducir el déficit en el INSS para 0.5 por ciento del PIB en 2019.
Pero dada la contracción económica y la pérdida de empleos en el sector formal, Fitch “proyecta riesgos a la baja para las metas fiscales de 2019, y la brecha presupuestaria podría ser financiada a través de depósitos” públicos en el Banco Central.
En el caso de las reservas internacionales, detalló que la reducción fue drástica como efecto de la crisis. “Las reservas internacionales brutas disminuyeron en 497 millones de dólares en 2018, o un 18 por ciento, en parte debido a fuertes caídas en los depósitos del sistema bancario, la inversión extranjera directa y los ingresos por turismo. La cobertura de la reserva, como meses de pagos externos actuales, se redujo de manera menos dramática a 3.8 meses desde 4.1 meses debido a la fuerte contracción de las importaciones, que también ayudó a elevar la cuenta corriente a un superávit de 0.6 por ciento del PIB de un déficit de 4.9 por ciento en 2017”.
Pese a Nica Act, Gobierno recibirá millonarios recursos
Sobre las sanciones, Fitch señaló que la aprobación de la Ley Nica se usará como influencia para detener nuevos préstamos.
Esta ley “podría restringir aún más las opciones de financiamiento. La última estrategia de país de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mayor acreedor externo de Nicaragua, fue de 2012 a 2017. En la actualidad, los desembolsos se realizan sobre una base de préstamo a préstamo. El gobierno no ha logrado ampliar su financiamiento privado local”.
No obstante, señala que “incluso con las sanciones de Estados Unidos, el gobierno de Nicaragua espera desembolsos en 2019 del BID de 100 millones de dólares, el Banco Centroamericano de Integración Económica de 200 millones de dólares y el Banco Mundial de 60 millones de dólares, bajo programas ya aprobados”.