En momentos que en el país los ánimos se encuentran exacerbados por el reciente asesinato de uno de los presos políticos en la cárcel, el dictador Daniel Ortega apareció en un acto público flanqueado por los altos mandos del Ejército y la Policía Orteguista (PO), con un discurso de resguardo de la soberanía.
“Este Ejército y esta Policía nacieron de la batalla que libró el pueblo nicaragüense enarbolando la bandera rojinegra, para rescatar la bandera azul y blanca que había sido arrastrada, humillada y vilipendiada, vendida a los invasores yanquis por los vende patrias de siempre, vende patrias de ayer, vende patrias de hoy que les importa poco la bandera azul y blanco, más que para arrastrarla, para buscar como venderla por unos”, dijo Ortega en un discurso ofrecido en un acto público en Niquinohomo (Masaya), en conmemoración por el natalicio del general Auguso C. Sandino.
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El dictador no se refirió a las negociaciones con la oposición, ni a la crisis que existe en el Sistema Penitenciario “Jorge Navarro”, mejor conocido como La Modelo de Tipitapa, donde fue asesinado Eddy Montes Praslin y donde los reos se encuentran sublevados por las torturas y los malos tratos.
Ortega ha endurecido sus discurso contra la oposición, desde que su hijo, Laureano Ortega, fue sancionado por Estados Unidos. En uno de sus últimos discursos, el pasado 30 de abril, Ortega llamó “miseria humana” a quienes, según él, piden sanciones y se alegran cuando son aplicadas, en clara alusión a los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del régimen en la mesa de negociaciones.
Las sanciones implican la “muerte financiera” porque incluyen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, de propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas, sanciones similares a la Global Magnitsky Act, con la que fue sancionado inicialmente Roberto Rivas Reyes, expresidente del CSE, en diciembre de 2017.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a siete funcionarios orteguistas, señalados de corrupción y violación a los derechos humanos, en el contexto de represión contra las protestas civiles. Entre los sancionados está su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.