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CONTENIDO EXCLUSIVO.El control político que ejercen en las instituciones como la Contraloría y la Fiscalía los partidos gobernantes en los países del ALBA, entre ellos Nicaragua, evita que se investigue el entramado de corrupción y lavado de dinero del consorcio de empresas creadas con fondos de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), sostiene la investigación de los consultores estadounidenses Douglas Farah y Caitlyn Yates.
En el documento se señala que en Nicaragua, el hecho que “no existe control del Estado de los fondos petroleros facilita el manejo discrecional del negocio por parte de la familia y allegados de la familia” de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Alba de Nicaragua SA (Albanisa) es una empresa constituida por PDVSA y la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic), a través de la cual se ha movido el acuerdo petrolero entre los gobiernos de Ortega y el de Venezuela, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro.
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Albanisa y sus subsidiarias, junto al Banco Corporativo (Bancorp), aparecen en las investigaciones de los consultores como parte de la “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”, que según los investigadores ha constituido durante veinte años una red de compañías y proyectos fachada para lavar dinero y establecer la corrupción en 24 países.
A pesar de que el Estado nicaragüense es parte propietario de Albanisa, durante los 12 años que lleva Ortega en el poder solo en una ocasión se ha conocido que la Contraloría General de la República (CGR) auditó a esa empresa. Pero el resultado fue que no encontraron ninguna irregularidad en el negocio petrolero manejado por allegados a Ortega, a pesar de que desde su constitución se han dado una serie de denuncias por corrupción.
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“Ceguera” intencional
En noviembre de 2014 se conoció que los contralores, con base a esa auditoría —supuestamente que abarcó de julio de 2007 a mayo de 2011—, no encontraron méritos para determinar ningún tipo de responsabilidades por el manejo de los estados financieros de Albanisa.
El que los contralores o en otra institución supuesta a prevenir, investigar y perseguir los delitos financieros no vieran nada de malo en los negocios del ALBA en Nicaragua, se debería al control político partidario que ejerce Ortega sobre todos ellos, según la investigación.
“Ni PDVSA ni sus subsidiarias centroamericanas podrían ser investigadas por auditores de impuestos, las fuerzas de la ley o entidades de control financiero porque todos estaban bajo el control del Estado, cuyos líderes permitían que las operaciones avanzaran y se beneficiaban ellos mismos de esas actividades”, se afirma en el informe.
En la última década de operaciones Albanisa habría provisto de entre cuatro mil y seis mil millones de dólares de fondos ilícitos, estimaron los investigadores.
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Vincular al Estado nicaragüenses a través de Petronic con PDVSA respondió a la estrategia para poder hacer las operaciones con manos libres, ya que los negocios vinculados a familiares y allegados a Ortega no corren riesgo de ser investigados.
“El hecho de que los Estados colocan los fondos a través de esos proyectos y controlan los organismos que investigan esas operaciones, la supervisión y auditoría estatal no existen”, se concluye en el reporte.
Todos los contralores del consejo de la CGR, la fiscal, quien está al frente de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del resto de entidades que supuestamente deberían actuar independientes, son afines al orteguismo o son sus aliados políticos.
Desveló la red
Los consultores estadounidenses Douglas Farah y Caitlyn Yates son parte de IBI Consultants, LLC, y la Universidad Nacional de Defensa (INSS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Su investigación ha permitido desvelar la estrategia para defraudar a PDVSA de los líderes políticos del ALBA, que definen “como una entidad compleja, global y frecuentemente patrocinada por el Estado”.