El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó este 16 de mayo el Infrascopio 2019: Evaluando el entorno para las asociaciones público privadas (APP) en América Latina y el Caribe, en el marco del PPP Americas 2019 desarrollado en la República Dominicana.
El reto de implementar la ley de APP adoptada en 2016, ha llevado a Nicaragua a ocupar el quinto puesto del ranking de Centroamérica y República Dominicana sobre avances en esta materia, según lo dio a conocer el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en coordinación con The Economist Intelligence Unit en su informe.
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El Infrascopio 2019 evalúa 21 economías de América Latina de acuerdo al entorno que ofrecen para la atracción de inversión privada en infraestructura basados en cinco pilares fundamentales: Regulaciones, Instituciones, Madurez, Clima de Inversión y Financiamiento, ya que se consideran como los elementos clave que ponderan las empresas y financiadores a la hora de tomar decisiones de inversión en el sector.
Nicaragua ocupa el sexto lugar en 2 de esos factores (regulaciones y clima) y un último lugar en el tema de financiamiento. “Indudablemente, las condiciones del entorno marcan este resultado, siendo lo más importante que Nicaragua ha seguido trabajando en dotar a los procesos de gestión de las APP de las herramientas jurídicas necesarias para dar certeza al inversionista privado de que se cuenta con reglas claras”, indicó Federico Villalobos, Socio de Infraestructura de Deloitte, quien participó como expositor en el evento PPP Américas 2019.
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A nivel de toda la región latinoamericana, Nicaragua se posiciona en el lugar número 13, por encima de Panamá y República Dominicana, dos países que no cuentan aún con un marco normativo básico para regular este mecanismo de promoción de la inversión en infraestructura.
El informe destaca que, “Nicaragua aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo de APP para infraestructura; carece de experiencia en el trabajo con el marco de APP y también carece de ejemplos de APP concluidas que podrían servir como plantillas para futuros proyectos. Aunque el Gobierno fomenta oficialmente la inversión privada, el clima empresarial es particularmente difícil en este momento.”
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El país cuenta con una agencia encargada de la promoción de las inversiones y se tiene claro que las alianzas entre el sector público y el privado para desarrollar infraestructura son fundamentales para complementar ambos esfuerzos en ese cometido, ya que las necesidades de inversión en la región son muy grandes frente a lo que realmente se destina a este fin. En el caso de Nicaragua, en promedio en los últimos tres años, se ha destinado cerca de un 5,6% del PIB para inversión en infraestructura en general, el segundo más alto de la región, mientras que en el sector de transporte se dedica el 2% del PIB, lo que responde a una política sostenida de asignar recursos a la inversión, destacando el informe que “desde 2016, el Gobierno ha ejecutado un presupuesto de USD 1400 millones en proyectos de inversión pública, de los cuales USD 477,8 millones se asignaron a electricidad, USD 461,3 millones a transporte, USD 198,7 millones a agua y saneamiento, y USD 157 millones a las telecomunicaciones.”
Al respecto, agregó Federico Villalobos, Socio de Infraestructura de Deloitte: “al ser tan nueva la legislación que espera aplicarse a partir del nuevo plan de inversiones para el 2019-2022, deben escogerse con sumo cuidado los proyectos que se espera desarrollar por medio de una APP para garantizar un efecto demostración positivo que incentive al uso de este mecanismo.”