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CONTENIDO EXCLUSIVO.El diputado del Parlamento Europeo (PE), el socialista español Ramón Jáuregui, quien encabezó la misión de diputados europeos que visitó el país en enero de este año, dijo a LA PRENSA que si los presos políticos no son liberados antes del 18 de junio, tiene la seguridad de que las sanciones de la Unión Europea (UE) entrarán en acción en la segunda quincena de ese mes, para castigar al régimen de Daniel Ortega por incumplir las condiciones requeridas para un diálogo nacional creíble.
El 18 de junio se cumple el plazo de noventa días que se negoció en la mesa de diálogo, para liberar a todos los presos políticos, al menos 600, de los cuales 232 fueron sacados de la cárcel bajo el régimen de convivencia familiar o casa por cárcel, como parte de los acuerdos entre el régimen y la oposición.
Actualmente, las negociaciones entre los representantes de Ortega y la oposición agrupada en la Alianza Cívica, se encuentran congeladas, porque Ortega se niega a cumplir los compromisos que firmó en la mesa de diálogo.
El diálogo entre Ortega y la oposición es una demanda de la comunidad internacional para buscar una salida a la crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que piden la salida de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, del poder.
¿Qué opina del proceso de diálogo en Nicaragua?
El diálogo es necesario, pero no así, no como se está produciendo. Lo que ha ocurrido hasta la fecha es decepcionante por los incumplimientos del gobierno de los compromisos que ha ido adquiriendo y sobre todo porque las tres condiciones que se han establecido por parte de la comunidad internacional, respecto a ese diálogo, no las ha cumplido el gobierno. La primera condición era la liberación de los presos políticos, la segunda era la vuelta de los organismos internacionales y la tercera era el cese de la represión y, por tanto, el retorno de las libertades plenas al pueblo de Nicaragua. Esas tres condiciones no se han cumplido y por el contrario, lo que estamos percibiendo es que hay una represión muy sistematizada, pero al mismo tiempo muy selectiva y que los avances en el diálogo político, respecto a la salida de la crisis, son muy lentos y sobre todo muy insuficientes. Por tanto, mi opinión es que, apreciando que el diálogo es el camino y, por tanto, felicitando a todo el mundo porque el diálogo se haya establecido, inclusive apreciando que se han liberado casa por cárcel a 232 personas y que la agenda marcada en las negociaciones es correcta, lo cierto es que ese diálogo, en esas condiciones, sin el cumplimiento de las condiciones establecidas y en el ritmo que lleva, con la interrupción tan evidente que se está produciendo en este momento, es muy decepcionante y está a la espera del paso del 18 de junio para establecer una respuesta de la comunidad internacional.
¿Qué sucederá si no se libera a todos los presos políticos el 18 de junio?
Para nosotros esa es una condición inexcusable. Si el Gobierno de Nicaragua no libera a los presos antes del 18 de junio y, por tanto, no se cumple la primera condición de ese diálogo, la UE establecerá probablemente sanciones para las principales figuras del régimen.
¿Cómo funciona el proceso para aplicar estas sanciones?
El Parlamento Europeo efectivamente ha solicitado a la UE, a la política exterior de la Unión Europea y a los Estados miembros, que procedan con las sanciones del régimen de Ortega, pero la respuesta de los Estados miembros y de la política exterior europea es esperar hasta que se cumplan los noventa días de ese plazo. Pero yo puedo asegurar que después de ese plazo, con toda seguridad, la Unión Europea va a reaccionar y va a establecer sanciones, incluso me atrevo a decir que algunos países están elaborando posibles sanciones que pueden ser adoptadas en la segunda quincena de junio.
¿Cómo serán aplicadas las sanciones? Por ejemplo, la diputada europea Ana Gómez publicó una lista de funcionarios a sancionar, entre estos Daniel Ortega.
Las sanciones no se establecen por procedimientos tan personalistas. La reacción es de los estados miembros y, por tanto, son los gobiernos de la UE los que tendrán que poner en marcha esas medidas, no somos los diputados, son los gobiernos y será como consecuencia de una decisión adoptada por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, que reúne a 28 ministros y será en la segunda quincena de junio.
¿Le sorprendió la actitud de Ortega ante el diálogo?
Yo nunca he tenido plena confianza en que el camino del diálogo abierto fuera sincero, pero siempre he valorado que ese camino hay que explorarlo y que a la oposición le corresponde aprovechar al límite las posibilidades que se abran en esa vía. Mi impresión es que llevamos ya bastantes días con una paralización del proceso, porque las condiciones previas no se cumplen y porque los elementos represivos del régimen de Ortega se siguen haciendo presentes demasiado y demasiado frecuentemente y, por tanto, estamos perdiendo la esperanza, estamos perdiendo la confianza, a pesar del bombardeo publicitario que recibimos del gobierno de Nicaragua, porque recibimos diariamente mensajes que son prácticamente notas informativas de publicidad y de propaganda, porque la realidad no está en esos comunicados. Son unos textos que parecen “sermones de curas”.
¿Qué debe hacer la oposición?
Nosotros creemos que la oposición tiene que vertebrar una estrategia aprovechando la presión de la comunidad internacional, para que ese diálogo dé frutos y en gran parte lo decimos porque creemos que es el único camino. Creo que los acontecimientos internacionales y la presión de la comunidad internacional pueden ayudar a aprovechar esa oportunidad si el gobierno cumple las condiciones que hemos establecido.
¿Cree que las sanciones van a hacer cambiar la posición de Ortega?
No tengo una varita mágica para saberlo. Yo lo único que sé es que lo que tenemos en nuestras manos es la posibilidad de que la comunidad internacional presione al Gobierno de Nicaragua sobre una situación que se está saliendo de las manos y que tiene cada vez más peligros.
¿Qué proyección hace si no hay una salida negociada a la crisis?
Hay que reconocer que la economía nicaragüense está en una fuerte recesión y el riesgo de que se siga empobreciendo al país es muy grande. El país entra en riesgo de conflicto interior. Es imprescindible que los responsables del gobierno establezcan una salida y la salida no puede ser más que un acuerdo de transición hacia un proceso electoral con garantías, con transparencia y con igualdad de oportunidades, si no el pueblo va a sufrir y el gobierno va a caer más pronto o más tarde en un descrédito absoluto.
¿Se deben adelantar las elecciones para elegir un nuevo presidente de Nicaragua?
Eso es lo que corresponde a la negociación, lo que importa es que los interlocutores de Nicaragua pacten el proceso. Yo no soy quien para decir si tiene que ser antes o después. Lo que me corresponde es pedir al Gobierno y a la oposición que pacten el proceso electoral con un calendario y sobre todo con condiciones. Es más importante la transparencia del proceso electoral que la fecha exacta del adelanto.
“Sermones de cura”
Desde su visita al país, el diputado del Parlamento Europeo (PE), Ramón Jáuregui, reveló que no ha perdido comunicación ni con la oposición ni con las fuentes gubernamentales. Jáuregui dijo que el gobierno todos los días “bombardea con notas informativas de publicidad y propaganda”, que para él más bien parecen “sermones de curas”. El diputado también está enterado de cada acontecimiento que ocurre. El viernes 17 de mayo pidió al Gobierno una aclaración “sin mentiras” de los hechos del asesinato del preso político Eddy Montes, a quien un custodio le disparó en la prisión.
Resolución de las sanciones
El 14 de marzo pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide sanciones individuales para los funcionarios del régimen de Daniel Ortega, señalados de ser responsables de la represión que vive el país desde el 18 de abril de 2018.
La resolución fue aprobada con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, de un total de 386 presentes.
Los parlamentarios solicitan en la resolución que el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros implementen, sin perjudicar a la población nacional, un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de visados y la inmovilización de activos contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos. También instan la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y América Central, lo que suspendería a Nicaragua de ese acuerdo.