Unos 14 médicos de Estelí despedidos en el contexto de las protestas en contra del régimen orteguista acudirán a la Sala Constitucional, a fin de agotar las vías nacionales, después que el Tribunal de Apelaciones Especializado en lo Laboral, de Managua, diera no lugar a su reintegro.
“Los 14 médicos, en su mayoría especialistas, decidieron establecer un precedente agotando todas las vías nacionales, como última instancia, para posteriormente acudir al ámbito internacional a fin de demostrar la violación del Estado a sus derechos laborales, por solo el hecho de no someterse a las voluntades políticas del gobierno”, manifestó José Antonio López, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
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En días recientes, el mismo asesor legal de la CPDH comunicó a los 14 galenos que el Tribunal de Apelaciones Especializado en lo Laboral de Managua no dio lugar al recurso sometido por los médicos despedidos por las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) de Estelí.
Además de médicos, también hubo despidos de enfermeras y técnicos, que también han agotado todas las vías legales en el departamento esteliano para su reintegro.
Atención médica afectada
Con el despido de médicos, enfermeras y técnicos de la salud se ha debilitado la atención en el hospital regional escuela San Juan de Dios y el Sistema Local de Atención Integral a la Salud (Silais) de Estelí.
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Los médicos despedidos denunciaron a nivel nacional que el Minsa tomó represalias en contra de quienes decidieron atender a los manifestantes heridos en las protestas del 2018, y ante los despidos inicialmente acudieron al Ministerio del Trabajo y posteriormente al Juzgado Laboral y por último al Tribunal de Apelaciones Especializado en lo Laboral, de Managua, donde todos decidieron violar el convenio colectivo y del trabajo asumiendo la posición arbitraria del Minsa.
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“Aquí se hizo caso omiso a los señalamientos que se hicieron del principio de legalidad, observancia al debido proceso, la aplicación indebida de la ley como fue el caso que la juez aplicó el código de procedimiento civil de 1904 y no el nuevo código de procedimiento vigente de 1962”, explicó José Antonio López, por lo que dijo que cabe es acusar al Estado de Nicaragua por denegación del acceso a la justicia o la aplicación de la ley, y “podría ser ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo el abogado .