Régimen Ortega-Murillo anuncia su propia Ley de «perdón» interpretada como una amnistía por la oposición

Familiares de presos políticos y miembros de la Alianza Cívica rechazaron lo pretendido por el régimen debido a que interpretan que la ley es una forma solapada de dar amnistía a los funcionarios del régimen señalados de ser responsables de la represión

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La Policía es quien dirige la represión contra la población que protesta contra el régimen de Ortega. LA PRENSA/ O. NAVARRETE

El canciller orteguista, Denis Moncada Colindres, anunció que el régimen prepara su anteproyecto de Ley  del Plan Integral de Atención a las Víctimas (PIAV) con el supuesto fin de dar «reparación» integral a las familias víctimas «por la intentona golpista», como llama la dictadura el levantamiento de la población nicaragüenses desde abril del 2018 en exigencia de la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El anuncio de esa ley la hace la dictadura el día en que Nicaragua se realiza un paro nacional, el cuarto convocado en un año por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para presionar a la dictadura a que libere a los presos políticos encarcelados por participar en las protestas.

Moncada leyó este jueves un comunicado en el que la dictadura amplía su agenda unilateral sobre cómo pretende resolver la crisis sociopolítica. En la agenda se incluyó cuatro temas nuevos: acelerar sus planes de «reconciliación» en los barrios conforme lo establecido en su propia Ley de «Paz», aprobar la Ley del «perdón» o  PIAV; precisar un plan para forzar a los sectores que han apoyado y participado en las protestas a comprometerse a desistir de estas, y el cuarto punto es orientar a las embajadas y consulados nicaragüenses en el exterior a ejecutar el plan de retorno de los exiliados.

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El anuncio de la agenda bilateral de la dictadura Ortega-Murillo ha empeorado la ya agrietada relación con la Alianza Cívica debido a que se interpreta como un rompimiento total de las negociaciones para buscar una salida institucional a la crisis sociopolítica y económica que existe en Nicaragua desde hace más de un año debido a la represión de las fuerzas gubernamentales contra la población.

Moncada indicó que se va a «impulsar a lo inmediato la elaboración del Anteproyecto de Ley del Plan Integral de Atención a las Víctimas (PIAV), a efectos de proporcionar la atención y reparación integral necesaria a las víctimas y sus familiares por los daños y perjuicios causados, por la intentona golpista del año pasado, basado en el principio de perdón, no olvido y no repetición».

Aunque los delegados orteguistas han negado tener interés de impulsar una Ley de Amnistía, semanas atrás el magistrado orteguista Francisco Rosales la mencionó como una opción, pero ahora el régimen ha quedado expuesto en que buscaría concretar esa amnistía a través de su Ley de «perdón».

Familias de víctimas rechazan impunidad

Familiares de personas asesinadas por la represión de Policías y paramilitares durante las jornadas de protestas, así como autoconvocados excarcelados, familiares de presos políticos y miembros de la Alianza Cívica rechazaron lo pretendido por el régimen debido a que interpretan que esa Ley del PIAV  es una forma solapada de dar amnistía a los funcionarios del Gobierno señalados de ser responsables de la represión y masacre perpetrada desde abril del 2018.

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Organismos de derechos humanos internacionales y nacionales han documentado que entre 325 y 536 muertos en el contexto de la represión a las protestas ciudadanas. Los informes de los organismos también denuncian miles de heridos, más de 60 mil exiliados así como la instauración de un estado policial por parte del régimen de Ortega que impide las manifestaciones, censura a los medios de comunicación independiente y demás violaciones a los derechos humanos.

«Ya es mucho maltrato, demasiadas familias dolidas, siguen secuestrando, y los presos políticos en las cárceles siguen siendo torturados, golpeados. (…) Con esa ley lo que quieren es una amnistía, y no estoy de acuerdo porque eso sería aceptar que nosotros cometimos un delito solo por alzar nuestras voces contra este Gobierno. Sería perdonar a los verdaderos delincuentes», dijo  Carlos Humberto Silva Rodríguez, uno de los presos políticos excarcelados esta semana.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH,  concluyó en su informe que en Nicaragua se cometieron “delitos de lesa humanidad» mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado, y recomendó investigar la responsabilidad de Ortega, junto con la cúpula de la Policía Orteguista (PO).

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Mercedes Dávila Orozco, mamá del líder universitario y preso político Edwin Carcache, también rechazó lo pretendido por el régimen porque para ella sería una Ley que dejaría en impunidad los crímenes contra la población.

«Para nosotros no es aceptable esa ley, porque es decir que nuestros hijos son culpables de algo. Nosotros no queremos esa amnistía que quieren aprobar. Como madre de un secuestrado político no queremos ninguna Ley de Amnistía o de perdón o como quieran llamarle, porque nuestros hijos no son ningunos asesinados, ni corruptos. Lo único que pedimos es la libertad absoluto para nuestros secuestrados políticos y la libertad para Nicaragua», afirmó Dávila Orozco a LA PRENSA.

El universitario Edwin Carcache lleva más de nueve meses encarcelado en el Sistema Penitenciario La Modelo, en Tipitapa, acusado de terrorismo y otra serie de delitos. Carcache, conocido porque siempre andaba un sombrero con los colores azul y blanco, fue detenido por la PO sin una orden judicial el 4 de septiembre del 2018 a pesar de que CIDH le otorgó medidas cautelares pero que el régimen ignoró.

Carcache es parte de los 17 presos políticos a los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales exigiendo al Estado nicaragüenses a ejecutarlas a fin de garantizarles la protección de su salud e integridad física, así como a ponerlos en libertad «de manera inmediata». Doce de los presos políticos aún están encarcelados.

La Alianza Cívica ha demandado la liberación de 764 presos políticos que implica, no solo su excarcelación sino la extinción de los cargos. La dictadura ha excarcelado a 336 autoconvocados y asegura que solo le faltan sacar de las cárceles a 132 personas, las que en sus comunicados afirma que liberará a más tardar el 18 de junio próximo, cuando se cumple el plazo de noventa días acordado con la oposición.

El orteguismo solo reconocen 468 nicaragüenses detenidos por su participación en las protestas. Sin embargo la Alianza Cívica afirma que son 336 personas las que aún permanecen en las cárceles por su participación en las protestas, que incluiría a quienes en las últimas semanas han sido secuestradas por la PO.

El régimen mataría el diálogo

La lectura de José Pallais, delegado de la Alianza Cívica en la Mesa de Negociación, es que al pretender imponer su agenda bilateral, la dictadura mataría el diálogo, que si bien está suspendido debido a que la oposición condiciona su restablecimiento hasta que se liberen a todos los presos políticos, aún mantienen que la negociación es la única vía para lograr una salida a la crisis.

Pallais refirió que no se puede hablar de reparación ni organizar un programa de reparación a las víctimas y a los familiares de éstas, «sino funciona una auténtica Comisión de la Verdad que determinen quiénes son las víctimas verdaderas» de la represión.

«Obviamente lo que está pensando en su lógica excluyente, porque para ellos las víctimas (en realidad) son los victimarios, y entonces se van a establecer mecanismos de incentivos para ellos mismos, de atender  los sectores que simpatizan y son afectos con el régimen», dijo Pallais.

¿Forzar a comprometerse a no protestar?

En la agenda bilateral de la dictadura se incluye el punto de que «todas las personas involucradas en el intento fallido de golpe de Estado, deberán comprometerse a la no repetición, y al respeto absoluto de la Constitución Política y las leyes del país, contribuyendo con ello a la paz, tranquilidad, seguridad y reconciliación entre todos los nicaragüenses».

Los familiares de los presos políticos y los autoconvocados excarcelados también rechazaron esto, advirtiendo que no les obligarán a firmar ningún documento en donde se acepte que las manifestaciones ciudadanas fueron una equivocación.

«Es nuestro derecho poder protestar contra un gobierno corrupto y represor como es el de Ortega, y lo seguiremos haciendo hasta que se entienda que deben haber elecciones adelantadas», afirmó  Carlos Humberto Silva Rodríguez, preso político excarcelado.