Régimen orteguista cuestiona la legalidad jurídica de la Alianza Cívica

José Pallaís, integrante de la Alianza Cívica, aseguró que el cuestionamiento jurídico que hasta hoy hace la dictadura obedece a una estrategia de terminar con el diálogo

La Alianza Cívica en las negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega en el INCAE. LA PRENSA/ ROBERTO FONSECA

Los miembros de la Alianza Cívica en las negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega en el INCAE. LA PRENSA/ ROBERTO FONSECA

El régimen de Daniel Ortega cuestionó este lunes la legalidad jurídica de la opositora Alianza Cívica, con quien la dictadura desde el año pasado ha mantenido procesos de diálogo para buscar una solución a la crisis sociopolítica de Nicaragua.

«La Delegación del GRUN ha participado, sin excepción, de todos los encuentros realizados en la mesa de negociación, mostrando compromiso y conciencia. Las otras personas (Alianza Cívica) que dicen representar a organismos, cuya formalidad jurídica nadie ha podido confirmar, han faltado a 18 sesiones, incluyendo toda esta semana, desde que, prevaleciendo el egoísmo, decidieron irracionalmente, volver a abandonar su participación en las pláticas», cuestionó la dictadura.

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José Pallaís, integrante de la Alianza Cívica y miembro negociador en la mesa de conversaciones, aseguró que el cuestionamiento jurídico que hasta hoy hace la dictadura contra la organización obedece a una estrategia de terminar con el proceso de diálogo que mantienen con el régimen desde finales de febrero de este año.

«Lo único que podemos entender sobre esa actitud del régimen es que es una expresión de su voluntad de incumplir los acuerdos y acabar definitivamente con la negociación y esto, además, lo demuestran con una agenda unilateral que recientemente presentaron con lo cual toman distancia de la mesa de conversaciones», respondió Pallais a la posición del régimen.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia nació el año pasado con el inicio de la represión estatal, ante una invitación que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) hizo a distintas organizaciones y personalidades para que representaran a la población en el diálogo que Ortega había convocado, tras sentirse acorralado por las protestas cívicas ciudadanas.

«El gobierno conocía desde un principio como se formó la Alianza Cívica, a qué sectores representa y qué posiciones mayoritarias de la población ha recogido la Alianza y ha traslado al diálogo o la mesa de negociaciones. También conocemos la política de exclusión de años ha limitado y continúa limitando el derecho de asociación en Nicaragua, por lo cual no pueden venir ahora a esgrimir argumentos jurídicos cuando han torcido la ley y negado derechos de forma regular», sostuvo el opositor.

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Pallais le recordó al régimen que en los mismos acuerdos que firmó la delegación orteguista con la Alianza Cívica se reconoce el derecho a todas las formas de asociación. «Incluyendo a las asociaciones de hecho tal y como está organizada la Alianza Cívica, donde participan distintas organizaciones con personería jurídica y otras sin personerías, cuyos otorgamientos (de personerias jurídicas) o cancelación es usada por el gobierno como una arma política», cuestionó Pallais al régimen.

En su acostumbrado comunicado, el oficialismo resaltó este lunes que cumple con todos los derechos y garantías de los ciudadanos en Nicaragua, lo cual se contradice con la criminalización a las marchas o movilizaciones cívicas que las fuerzas de seguridad impiden en todo el país, violentando la Constitución que garantiza esos derechos a los ciudadanos.

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