La dictadura ganó en el pulso que tuvo el pasado domingo 26 de mayo con la oposición democrática, al impedir con un descomunal despliegue de fuerzas represivas que se realizara la “Marcha por la libertad, Eddy Montes presente”, convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) de la cual es parte la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Ganó el régimen al impedir que los ciudadanos ejercieran su derecho constitucional de manifestación pacífica. Pero perdió mucho más, porque su acción represiva repercutió negativamente en el escenario internacional, donde está actualmente el centro neurálgico del esfuerzo para poner fin a la dictadura y restablecer la democracia en Nicaragua.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtieron antes del domingo a Ortega que debía garantizar el derecho de los nicaragüenses a la libertad de reunión y manifestación pacífica. Pero el dictador despreció esos prudentes llamados, como obstinadamente lo ha hecho a lo largo de la crisis sociopolítica en la que ha hundido al país.
La Oacnudh y la CIDH son los principales organismos operativos mediante los cuales la comunidad internacional se informa de la situación de los derechos humanos en cada país del mundo y de las Américas. Las decisiones diplomáticas, políticas y económicas de los Estados y los organismos internacionales relacionadas con determinados países —en este caso con Nicaragua—, dependen de los reportes de dichos organismos que protegen los derechos humanos y denuncian sus violaciones.
Es bien sabido que en el próximo mes de junio la OEA y Estados Unidos (EE.UU.) tomarán decisiones muy importantes sobre Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega. La Asamblea General de la OEA se reunirá en Colombia y podría pedir al Consejo Permanente que convoque a una reunión extraordinaria de cancilleres, para decidir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a la dictadura de Ortega y Murillo.
A su vez, el gobierno de los EE.UU. comenzaría a aplicar las sanciones al régimen de Daniel Ortega que están previstas en la Ley Nica Act, al cumplirse los seis meses de plazo que le dio la misma Ley para que diera muestras de caminar de manera clara y verificable en dirección a restaurar la democracia.
También la Unión Europea podría proceder a aplicar sanciones a la dictadura de Nicaragua, como las ha solicitado el Europarlamento, por la porfiada negativa de Ortega a respetar los derechos humanos de los nicaragüenses y avanzar de manera correcta y consistente hacia la restauración democrática.
La dictadura de Ortega ha podido “ir con todo” —o sea que ha reprimido brutalmente incluso cometiendo crímenes de lesa humanidad—, a los nicaragüenses que claman y luchan por libertad, democracia y justicia. Pero no puede hacer lo mismo contra la comunidad democrática internacional, ante la cual tendrá que pagar las debidas consecuencias por su obstinación represiva y dictatorial.