El canciller de Daniel Ortega y cabeza de sus delegados en la negociación política con la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, ha vuelto a descalificar a la representación opositora a la que ahora cuestiona por supuesta falta de personería jurídica. Esta es otra falacia de la dictadura, porque a la Alianza Cívica pertenecen entidades jurídicas reconocidas nacional e internacionalmente, como son Cosep, Amcham y Funides.
No es la primera vez que el régimen de Ortega descalifica a sus interlocutores de la oposición. Anteriormente, en otro de los tragicómicos comunicados que lee el canciller orteguista en el Incae se dijo que la Alianza Cívica no representa nada ni a nadie. Y en su mensaje del 6 de mayo la representación de la dictadura orteguista criminalizó a los miembros de la Alianza.
“Son los mismos personajes que el año pasado se negaron, una y otra vez, a levantar los ‘tranques de la muerte’, siendo por lo tanto, identificados por nuestro pueblo como responsables y culpables de los crímenes y acciones destructivas cometidos en ese período, en nombre de la democracia”, sentenció el jefe negociador del dictador Daniel Ortega.
Pero además, el régimen anunció la semana pasada un Plan Especial del Estado que supone una serie de acciones unilaterales, políticas y legales, que ha sido valorado por la Alianza Cívica como la decisión de Ortega de poner fin a las negociaciones con la oposición.
La verdad es que la opositora Alianza Cívica ha sido desde el comienzo un interlocutor incómodo para Ortega, porque no se somete a la dictadura. Lo había sido ya en mayo y junio del año pasado, cuando no se llamaba Alianza Cívica y los delegados opositores fueron escogidos por la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que participaran en el diálogo nacional, que fracasó por la intransigencia del régimen.
Antes de verse obligado a volver a la mesa del diálogo con la oposición, a fines de febrero del presente año, Ortega difamó, amenazó y criminalizó a los obispos con el propósito de sacarlos del escenario de las negociaciones. Y lo consiguió finalmente, cuando los obispos por dignidad personal y religiosa rechazaron la invitación para volver a participar ya no como mediadores, sino como simples testigos.
Ahora es a la Alianza Cívica que el régimen de Ortega está sacando del juego. Por eso es que la difama, la descalifica, la amenaza y la criminaliza, igual que hizo anteriormente con los obispos. Al parecer, el propósito de Ortega es tener en una tercera edición del diálogo interlocutores dóciles que avalen sus planes de atornillarse en el poder, a cambio de alguna paga monetaria o política.
Pero lo que necesita el país no es un entendimiento de la dictadura con bufones políticos corruptos, ni es eso lo que exige la comunidad democrática internacional. Lo que se requiere es un acuerdo serio del Gobierno con la Alianza Cívica, para comenzar a resolver la crisis nacional y que entonces se puedan suspender las sanciones externas contra el régimen de Ortega.
A nadie engañará la dictadura sustituyendo a la Alianza Cívica en las negociaciones con sumisos y complacientes politiqueros, para seguir en el poder como si aquí nada hubiera ocurrido.