Régimen se blinda para evitar una paralización eléctrica en Nicaragua

Tanto Albanisa como las subsidiarias de Petróleos de Venezuela están sancionadas por Estados Unidos y están impedidas de realizar transacciones financieras

Más del 50 por ciento de la generación de energía eléctrica está en manos de plantas generadoras ligadas a Albanisa. LAPRENSA/ARCHIVO

El régimen de Daniel Ortega ordenó a través de una reforma a la Ley de Suministro de Hidrocarburos quitar a la empresa Puma Energy la casi exclusividad de suministrar a las generadoras térmicas el combustible que se requiere para producir energía eléctrica, y serán estas las que deberán contratar directamente sus importaciones.

La medida es considerada por el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas como una acción del Ejecutivo para blindarse ante la posibilidad de que en un futuro el suministro de electricidad se convierta en un “dolor de cabeza”, dado a que el sector estaba muy dependiente de una empresa privada.

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“Ellos están abriendo la posibilidad de superar los problemas que le pueda plantear cualquier privado, es una medida para garantizar que (el suministro) no esté en manos de cualquier privado (y pueda) paralizar el país, aduciendo que no pudo conseguir el combustible” para las generadoras, dijo Bárcenas.

El ingeniero recuerda que una forma de poner de rodilla a la economía de un país es paralizando al sector eléctrico.

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“Entonces ellos dicen: yo tengo que evitar que esté en las manos de cualquier privado la posibilidad de paralizar el país o la economía, es una medida donde están previendo que se puede convertir en un punto débil y están tratando de ver logísticamente cómo obtienen otros canales de aprovisionamiento”, agregó.

Actualmente, según los fundamentos de la reforma a la Ley de Suministro de Hidrocarburos aprobada ayer de urgencia en la Asamblea Nacional, Puma Energy es la principal proveedora de combustible para las generadoras térmicas, cuyo mercado eléctrico está controlado principalmente por Albanisa (el negocio de allegados a la familia presidencia Ortega Murillo) a través de sus Alba Generación.

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Hasta antes de la reforma de ayer, el artículo 64 de la Ley de Suministro de Hidrocarburos establecía que las generadoras debían adquirir su combustible con proveedores locales con capacidad de reservas, que en este caso era principalmente Puma Energy.

Dictadura toma control de las reservas

Sin embargo, ahora se permite que las generadoras compren a proveedores internacionales, pero además las reservas de combustible las deberá crear la polémica empresa estatal Petronic, accionista con Albanisa.

Tanto Albanisa como las subsidiarias de Petróleos de Venezuela están sancionadas por Estados Unidos y están impedidas de realizar transacciones financieras.

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La reforma la aprobaron con 71 votos de los diputados orteguistas y uno de los aliados del PLI-ALN, mientras 14 legisladores se opusieron, una abstención y un ausente.

Un economista, que prefiere no ser citado, señala que llama la atención que el régimen no ordenó que las importaciones se concentren en DNP Petronic, “porque intuyen que podrían sancionarla”. Este es el negocio de importación y distribución de combustibles ligado a la familia Ortega Murillo.

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Actualmente el negocio del mercado eléctrico está controlado por generadoras de Albanisa, las que estarían impedidas de hacer transacciones financieras tras las sanciones de Estados Unidos.

“Las generadoras de Albanisa no pueden importar de cualquier parte… de manera que quizá lo harían de Venezuela”, explica.

“DNP es la principal importadora de gasolinas y diésel de Nicaragua. Pero si es sancionada, podría poner en riesgo la importación de búnker para la generación”, agrega.

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