Para las madres, padres y hermanos de los niños, estudiantes, campesinos y los cientos de asesinados por los paramilitares y la Policía Orteguista (PO) durante las protestas, la Ley de Atención Integral a las Víctimas aprobada por el régimen es una burla al dolor de los familiares porque no contempla un programa que garantice justicia, sino que deja en la impunidad los crímenes cometidos desde abril del 2018.
“Lo que ofrecen es ofender nuestro dolor de madres. Estamos reclamando justicia y que paguen los asesinos de nuestros hijos”, reaccionó Josefa Meza, de la Asociación de Madres de Abril (AMA).
Ley del “perdón” protege a asesinos de la dictadura
La Ley de Atención a las Víctimas, también conocida como ley del “perdón”, aprobada por los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional con trámite urgente, no menciona la obligación del Estado a investigar cada una de las muertes en el contexto de la represión a las protestas desde abril del 2018, como un mecanismo para hacer justicia.
Aunque el canciller del régimen Denis Moncada desde la semana pasada ofreció esa ley como un mecanismo de “perdón, no olvido y reparación” a las víctimas de lo que en la versión de la dictadura fue un “intento de golpe de Estado”, en la versión aprobada no se incorporó esos conceptos y tampoco el de la amnistía.
Lo que el dictador Ortega ofrece en su ley a las “víctimas y sus familiares” es atención en salud, educación, viviendas, ayudarles a generar su propio empleo, becas de estudio y entradas gratis a eventos deportivos y de recreación en espacios públicos.
A un año de la masacre
Para Josefa Meza, este 30 de mayo, cuando se celebra el Día de la Madre en Nicaragua, es “un día de luto” porque su hijo Jonathan Eduardo Morazán Meza cumple un año de haber sido asesinado en el ataque armado de paramilitares y la PO a la gran marcha de las madres realizada el año pasado.
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El 30 de mayo del 2018 cifras oficiales y de organismos de derechos humanos indican que 19 personas fueron asesinadas y más de doscientas heridas en el ataque que las huestes del orteguismo hicieron a la multitudinaria manifestación que se realizó en solidaridad con las madres y demás familiares, que para entonces habían perdido a parientes en las protestas contra el régimen.
Jonathan Morazán tenía 21 años. Era estudiante de Diseño Gráfico. En la marcha del 30 de mayo pasado recibió un disparo en la cabeza desde el sector del Estadio Nacional Dennis Martínez, donde estaban la PO y los paramilitares orteguistas.
“No nos interesan cosas banales como las que están ofreciendo en esa ley. No me interesa lo material. Lo que exigimos como madres es la justicia, que la muerte de mi hijo no quede impune”, afirmó Meza.
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado entre 325 y 536 asesinatos, miles de heridos, cientos de detenidos, así como denuncias de torturas, violaciones y otros crímenes que han sido considerados como delitos de lesa humanidad.
Simpatizantes del FSLN premiados por matar
Para AMA, la ley del “perdón” de la dictadura solo busca favorecer a sus simpatizantes, especialmente a los involucrados en los crímenes contra la población, como forma de garantizar la impunidad y compensarles con algunas regalías.
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Franco Alexander Valdivia Machado tenía 24 años cuando recibió un disparo en la cabeza mientras participaba en una protesta en el parque de Estelí, el 20 de abril del 2018.
Su hermana Francys Valdivia, quien es presidenta de AMA, dijo sentirse indignada por el contenido de la ley que el régimen ofrece como reparación para las víctimas y sus familias.
“Es una burla. ¿A quién pretenden engañar? Contiene disposiciones con derechos fundamentales que ya se encuentran consagrados en la Constitución como el derecho a la salud, vivienda, empleo, educación. (…) No es una ley integral porque no fue construida desde nosotras las familias de las víctimas”, afirmó Valdivia.
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La Asociación de Madres de Abril tampoco la considera una ley de reparación. “Exigimos que la reparación inicie desde conocer la verdad, el esclarecimiento de los hechos y juzgar a los culpables. Y eso es lo que demandamos”, reveló Valdivia.
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La ley del “perdón” la aprobaron 69 diputados orteguistas, mientras 15 del PLC, Yatama y el conservador votaron en contra.
La dictadura se ha opuesto a que haya una investigación independiente de esos crímenes y ahora busca proteger a sus grupos de choque y a los funcionarios, como el mismo Ortega y el alto mando de la PO, que han sido señalados como los responsables de dirigir la política de represión contra el pueblo.
Los incompetentes del FSLN
Les tocó defender la ley del orteguismo a Filiberto Rodríguez y Wálmaro Gutiérrez, quienes declararon que la Asamblea no es competente para ofrecer una respuesta legal a los prisioneros políticos, y tampoco para demandar una investigación para que los responsables de la masacre enfrenten la justicia.
“No somos la administración de justicia de este país para andar diciendo quiénes son los culpables”, dijo Gutiérrez.
Por otra parte, Rodríguez es señalado de dirigir la represión a las protestas contra la dictadura en León. Pero ayer cuando la bancada del FSLN aprobó la Ley de Atención a las Víctimas, Rodríguez reclamó a los liberales que “con qué autoridad moral” hablaban de respeto a la Constitución, prefiriendo descalificarlos diciendo que “su papel de pelele lo juegan bien”.