El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara Americana Nicaragüense (Amcham), demandan a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo el cese de la represión contra los empresarios privados.
En un comunicado que circula este 3 de junio, el Cosep denuncia oficialmente ante la comunidad nacional e internacional las quejas de sus asociados, empresas y negocios por amenazas y represión gubernamental, confiscación y actos ilegales e inconstitucionales de funcionarios del régimen.
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Los afectados son principalmente negocios de todo tipo y tamaño que se sumaron al paro comercial del pasado 23 de mayo.
“Desde que inició la actual crisis sociopolítica en abril de 2018 y el Cosep asumió un compromiso invariable de respaldo a la lucha cívica y pacífica del pueblo nicaragüense y se integró a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el sector privado ha venido siendo objeto de actos ilegales e inconstitucionales de intimidación, amenazas, represión y confiscaciones de hecho ejecutadas por autoridades de gobierno y miembros de sus estructuras partidarias”, denunció el Cosep en un comunicado que circula este lunes.
Medidas abusivas
En el comunicado el Cosep también denuncia las medidas abusivas tomadas por el régimen en contra de la empresa privada, lo que ha llevado a muchas a su cierre.
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“Las actuaciones abusivas y represivas en contra del sector privado se han exacerbado a través de actuaciones de funcionarios de gobierno y de instituciones del Estado para debilitar la estabilidad y sostenibilidad de las empresas a través de incrementos tarifarios y reformas legales en los ámbitos de la seguridad social y la tributación, que han provocado el cierre de empresas y desempleo en diferentes sectores económicos de todo el país”, expresa el comunicado de la cámara empresarial más importante de Nicaragua.
Cierre masivo de locales
El Cosep también lamenta que la economía del país “sigue sin resolverse” y denuncia el estado policial en el que está sometido Nicaragua por el régimen.
“La sociedad civil en general sigue siendo víctima de un estado policial que cotidianamente intimida, amenaza y reprime los derechos constitucionales fundamentales de los nicaragüenses”, denunció el Cosep.
Más actos de represión
A la vez, la organización empresarial hace eco de la intimidación a empresarios a quienes les han cerrado negocios y empresas por haberse sumado al paro nacional el pasado 23 de mayo.
“En forma reciente, estamos observando nuevos actos de represión contra empresarios que han hecho uso de su legítimo derecho a la protesta cívica y se han sumado al reciente paro empresarial convocado por la Alianza Cívica, acciones represivas que ahora pretenden extender a mayor número de empresas y a todas nuestras cámaras y asociaciones gremiales, a las cuales oficialmente el gobierno ha amenazado y sigue amenazando con represión fiscal”, asegura el Cosep en el comunicado.
La empresa privada también demandó al régimen de Ortega que “se restablezcan los derechos de todos los empresarios afectados en forma inmediata”.
El gremio empresarial llama al régimen a detener los actos de hostigamiento, acoso y amenazas a dirigentes empresariales “por parte de sus estructuras partidarias, denunciando ante la comunidad internacional la impunidad con que hacen llamado a la violencia y aluden capacidad de actuar en forma impune de fuerzas paramilitares en contra de la sociedad civil”.
Mario Arana, presidente de la Cámara Americana Nicaragüense (Amcham), condenó el cierre de varios negocios en todo el país y sostuvo que tales medidas de represión serán denunciadas ante los testigos y acompañantes internacionales en la mesa de negociaciones.
“Estas medidas de represión contra nuestros socios que afectan la estabilidad económica del país serán denunciadas ante los testigos y acompañantes. Esto es inaceptable que se afecte al sector que emplea y mueve la economía de nuestra nación. Es inaceptable”, dijo Arana.
Restablecimientos de los derechos
El sector privado también demanda al régimen la urgencia de liberar a los presos políticos y el restablecimiento pleno de los derechos y garantías ciudadanas, tal a como han sido contemplados en los acuerdos con el régimen en la mesa de negociaciones el pasado 27 y 29 de marzo.