En las últimas semanas, después que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia decidió retirarse de la mesa de negociaciones con la dictadura en el Incae, hasta que todos los presos políticos sean liberados, Daniel Ortega ha dado señales de que podría irse por la vía unilateral. Es decir, hacer las reformas por su propia cuenta, o confabulado con los partidos de oposición formal que están presentes en la Asamblea Nacional y son parte del sistema político de la dictadura.
Por supuesto que en ese caso las reformas electorales serían para apuntalar a la dictadura aplicándole algún maquillaje, no para desmontarla mediante un proceso de transición acordado y ordenado, cual es el objetivo de la Alianza Cívica y es lo que demanda la comunidad internacional, comenzando por la OEA.
Precisamente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en reuniones separadas que sostuvo la semana pasada con representantes de la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco y organizaciones de nicaragüenses en el exilio, les reiteró que la reforma electoral tiene que ser acordada con la Alianza en la mesa de negociaciones. José Pallais, uno de los miembros de la Alianza que participó en las reuniones con el secretario general de la OEA en Washington, reveló que este fue claro con ellos, al decirles que el apoyo del organismo hemisférico a la reforma electoral en Nicaragua “solo es factible en la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica, y desde luego escuchando los aportes de la sociedad civil y partidos políticos”.
En realidad, la reforma electoral que se necesita es una que permita abrir el camino a la solución de la crisis sociopolítica y económica de Nicaragua mediante la celebración de elecciones auténticas, como arranque de la nueva transición a la democracia. No tendría sentido una reforma que Ortega haga a su conveniencia, solo o con los partidos políticos que lo han ayudado a sostener la dictadura y que participan lucrativamente en ella.
Pero eso no significa que la reforma que se necesita tenga que ser excluyente. Por el contrario, tiene que ser inclusiva, en ella se deben tomar en cuenta las opiniones y propuestas de la sociedad civil, así como también de los grupos políticos que no son orteguistas pero por conveniencias políticas y/o económicas forman parte del sistema político de la dictadura. Lo que no se debería aceptar es que la reforma electoral la decida unilateralmente el régimen de Ortega, apoyado por sus partidos comparsas, porque eso no resolvería la crisis, solo alejaría la solución y la haría mucho más costosa y dolorosa.
Además, en el caso de que como consecuencia de la resistencia cívica interna y de una presión internacional más fuerte y eficaz, se realizaran las necesarias elecciones libres, limpias y vigiladas internacionalmente, se tendría que respetar el derecho de participación de los partidos que hasta ahora han sido satélites del orteguismo y parte del sistema político dictatorial. El castigo político a estos partidos, inclusive su posible desaparición, es algo que deben decidir los ciudadanos en las urnas electorales.