La Ley de Atención a las Víctimas, o ley del “perdón”, aprobada por el régimen carece de legitimidad al obviar los estándares internacionales para que el Estado garantice justicia y reparación a los más de trescientos asesinados en la represión, afirmó la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola.
En entrevista con LA PRENSA, Urrejola —quien además es relatora de la CIDH para Nicaragua— expresa su preocupación porque el organismo observa la agudización del estado de excepción en el país, pues pasados 13 meses de crisis sociopolítica el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue violando los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses.
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El asesinato del preso político Eddy Montes Praslin por parte de custodios en el Sistema Penitenciario La Modelo y los obstáculos del régimen para que haya una investigación del caso son los últimos hechos que, para la CIDH, demuestran que desde el Estado lo que se garantiza es la impunidad hacia los funcionarios involucrados en los crímenes contra la población.
El Gobierno aprobó su Ley de Atención a las Víctimas, ¿esto es suficiente para que haya justicia por los crímenes que han ocurrido en Nicaragua?
Hemos tomado conocimiento del detalle de esa ley en la Comisión Interamericana y puedo decirle con certeza que esa ley no cumple con ningún estándar internacional en materia de reparación. Ello es así porque primero esa ley ofrece, en su exposición de motivos, una reparación integral y en su articulado omite aspectos esenciales de la reparación, tales como las reparaciones simbólicas, la verdad y la justicia como formas de reparación, las garantías de no repetición como forma de reparación, por solo mencionar las faltas más evidentes de esa ley. Por otro lado, esa ley adscribe a una versión de los hechos que afectan al país y que dan lugar a la crisis de derechos humanos, y por ello carece de la legitimidad y de la construcción colectiva que cualquier sistema de reparación debe satisfacer conforme a los estándares interamericanos sobre la materia. Cuando adscribe a la narrativa oficial del “intento fallido de golpe de Estado”, niega a todas las víctimas de la represión estatal y ello es inaceptable, sin duda. Al no satisfacer los estándares internacionales que obligan a Nicaragua, se trata de un sistema que será dejado sin efecto por la acción de la propia sociedad nicaragüense o de la comunidad internacional.
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¿Esta ley puede impedir futuras demandas contra el Estado de los familiares de los asesinados?
Definitivamente no. Las acciones de las víctimas son irrenunciables y no se extinguen, de eso no hay ninguna duda.
¿Sería reconocida por los organismos de derechos humanos esta ley?
Claro, pero como un ejemplo de incumplimiento grave de las obligaciones internacionales en materia de justicia transicional.
¿Cree que en la Asamblea General de la OEA se podría aplicar la Carta Democrática a Nicaragua ante el recrudecimiento de la represión?
La Carta Democrática ya se está aplicando en el caso de Nicaragua, pero ese es un asunto que se ventila en la OEA, y la CIDH es un órgano autónomo en estas materias. En todo caso, la información necesaria para esa discusión ha sido aportada en gran parte por la CIDH.
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¿Hay algún acercamiento de la CIDH con el Gobierno de Nicaragua?
Desde que la Comisión fue expulsada del país en diciembre de 2018, el contacto ha sido prácticamente inexistente, pero usted puede comprobar que la Comisión ha manifestado su disposición inmediata de apoyar técnicamente, y dentro de su mandato, cualquier medida que el Estado de Nicaragua pretenda implementar para la recuperación de derechos y garantías en el país.
El Gobierno volvió a impedir las marchas con la prohibición de la Policía. ¿Qué consecuencias tiene que las acciones contradicen el discurso de que sí cumplirá los acuerdos sobre las libertades?
A estas alturas, resulta evidente que el Gobierno no ha mostrado voluntad de cumplir con los acuerdos que se han tomado en la mesa de negociación sobre el restablecimiento de derechos y garantías. Ello incluía varios acuerdos específicos, tales como la devolución de los materiales retenidos en la aduana para LA PRENSA y El Nuevo Diario, cosa que aún no ocurre, permitir manifestaciones públicas de protesta, cosa que, como usted resalta, se ha visto confirmada por la negativa a la solicitud de una marcha convocada por actores de la oposición. Entonces uno ya empieza a hacerse una idea de una nueva etapa en esta crisis de derechos humanos que aún no concluye. Del cierre de todos los espacios democráticos, pasamos a una etapa de persistencia de esos cierres, pero en el contexto de una negociación para la superación de la crisis. En este contexto, persisten las detenciones arbitrarias e ilegales, persiste un estado de excepción de facto en que la libertad de expresión y otros derechos políticos, manifestados en la protesta social, se encuentran suspendidos de hecho. Todo lo anterior se ve agravado con la muerte a manos de agentes penitenciarios de Eddy Montes.
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Cuando usted me pregunta por las consecuencias de estos incumplimientos, yo le puedo decir que este tipo de actitudes generan desconfianza, pero al mismo tiempo le puedo decir que en estos procesos, la sociedad civil es un actor fundamental en empujar estos procesos. También lo es la comunidad internacional y por eso es que hoy a diferencia de lo que pasaba hasta fines de febrero, estamos en un proceso de excarcelaciones y que seguimos demandando el total restablecimiento de derechos y garantías en Nicaragua. La acción de la sociedad civil y de la comunidad internacional sí ha producido efectos y los seguirá produciendo.
¿Qué acciones deben haber ante la muerte del preso político Eddy Montes? Hay obstáculos a una investigación creíble.
Este tipo de conductas por parte de Estados en el contexto de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos es habitual. Su obligación es investigar estos hechos por medio de procesos diligentes e imparciales, esclarecerlos y sancionar a los culpables. Esa es una obligación que el Estado de Nicaragua está incumpliendo, no solo en el caso de Eddy Montes, sino también en los casos de las más de trescientas víctimas fatales de esta crisis. (…) Las consecuencias jurídicas y políticas están a la vista, el propio Gobierno de Nicaragua ha manifestado preocupación por las sanciones internacionales de las que está siendo objeto; la OEA está discutiendo la aplicación de la Carta Democrática y todos esos procesos se han gatillado gracias a la denuncia y documentación de las violaciones a derechos que ha hecho la propia sociedad civil y órganos internacionales como la Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Corte Interamericana adoptó medidas hacia 17 presos políticos, pero el Gobierno de Nicaragua no acata. ¿Qué puede pasar?
Si el Estado de Nicaragua incumple las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viola gravemente sus obligaciones internacionales, las cuales ha aceptado libre y soberanamente cuando reconoció la competencia de la Corte. La presión internacional previsiblemente se intensificará si eso ocurre y ello puede generar efectos concretos en el ámbito político y económico.
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Mantienen seguimiento
A pesar de que el régimen Ortega Murillo expulsó en diciembre pasado a las misiones de la CIDH, el organismo sigue monitoreando la crisis del país. La comisionada Antonia Urrejola refirió que el contacto con las organizaciones de los familiares de las víctimas y de los presos políticos es un “lazo virtuoso” que permite “llevar el detalle de la situación de Nicaragua a todos los foros internacionales del mundo y es esa la base de los cambios que ha habido en esta crisis, la mesa de negociación y las excarcelaciones” de reos políticos y de los avances que se produzcan en el futuro.