Más de 50 mil nicaragüenses se han refugiado en Costa Rica, huyendo de la represión de la dictadura contra las protestas pacíficas que estallaron el 18 de abril de 2018. Muchos otros han huido hacia Honduras, Estados Unidos, Canadá y hasta España, en el continente europeo.
Esas decenas de miles de compatriotas lograron escapar de la dictadura, pero en el exilio sufren grandes penurias. En el caso de los refugiados en Costa Rica, algunos tienen la suerte de contar con familiares establecidos en ese país y buenas amistades que les han dado acogida para que sobrevivan con dignidad. Pero son muy pocos, la gran mayoría no tiene dónde vivir, ni siquiera pueden comer todos los días. Algunos consiguen albergue en los refugios establecidos por el gobierno costarricense, pero en su mayoría duermen a la intemperie.
Aunque los refugiados están protegidos por el derecho internacional humanitario, la protección no siempre es real. En 1950 fue instituido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y un año después se aprobó la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, que en su artículo 1A los define como: “Aquellas personas que huyen de su país debido a un temor bien fundado de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas”. Con base en ese instrumento jurídico la Acnur dispone de recursos para atender a los refugiados, pero estos son muchos millones en diversas partes del mundo y gran parte de ellos permanece en el desamparo.
La plataforma digital Panóptico Nicaragüense ha investigado la situación de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica y como resultado señala una serie de pautas para que se les preste atención. Propone acciones específicas de la comunidad internacional y del gobierno de Costa Rica en materia de migración, derechos económicos y socioculturales y atención laboral. Pero serían medidas solo paliativas. La verdadera solución del drama de los refugiados políticos depende de que haya un acuerdo entre el régimen orteguista y la Alianza Cívica, para resolver de manera democrática la crisis sociopolítica, de derechos humanos y de seguridad ciudadana que agobia a la nación.
El estudio de Panóptico Nicaragüense reconoce la generosa política del gobierno de Costa Rica, de puertas abiertas a los refugiados nicaragüenses, pero la cual está lejos de ser suficiente. La dramática situación de nuestros refugiados requiere además la debida y pronta atención de la comunidad internacional.
La comunidad democrática internacional debe reconocer que el caso de los refugiados nicaragüenses no es un simple problema migratorio, sino un asunto político y de violación masiva de derechos humanos. De manera que la solidaridad con la lucha del pueblo nicaragüense por la libertad, la justicia y la democracia, debe manifestarse también en la asistencia a los refugiados políticos, ante todo los que están en Costa Rica.
La OEA, el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas deberían atender el problema de los refugiados nicaragüenses y brindarles el auxilio que necesitan con extrema urgencia.