Régimen orteguista pretende usar a víctimas de la represión como parte de su propaganda orteguista

José Pallais de la Alianza Cívica afirmó que es absurdo pretender que instituciones del Estado, a como han venido funcionando, parcializadas, podrán atender a las víctimas de la represión

La represión orteguista causó cientos de víctimas mortales a partir de abril de 2018. Se disparó a matar a ciudadanos que participaban en las protestas. LA PRENSA/ ARCHIVO/OSCAR NAVARRETE

Las organizaciones donde se agrupan los familiares de las víctimas de la represión del régimen orteguista descartan que estos se acerquen a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a registrarse como afectados debido a que eso sería exponerse a sufrir mayor persecución.

Daniel Esquivel, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, y José Pallais, delegado de la Alianza Cívica (AC), no dan credibilidad a que la Ley de Atención Integral a las Víctimas aprobada por el régimen tenga éxito, debido a que carece de los estándares mínimos para que el Estado garantice justicia y reparación por los crímenes cometidos por fuerzas gubernamentales.

Esquivel dijo que en el caso de los familiares de los presos políticos “sería absurdo” ir a la PDDH a denunciar los abusos que han sufrido, cuando esa institución nunca se pronunció contra los abusos del régimen.

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La dictadura mantiene su versión de que las protestas fueron un intento fallido del golpe de Estado y con su Ley de Atención Integral pretende hacer un registro de los afectados, a quienes les ofrece gestionar créditos para viviendas, atención en salud, educación, becas de estudios y entradas gratis a eventos deportivos y de recreación en espacios públicos.

Ayer el canciller orteguista Denis Moncada Colindres leyó otro de los comunicados del régimen, en el que asegura: “completamos los registros de las familias que sufrieron todo tipo de tratos inhumanos, crueles, humillantes y destructivos, como resultado de los crímenes de odio”.

Desde el 18 de abril del 2018 la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha instaurado un estado de represión al responder a punta de balas, sangre y muerte a las protestas ciudadanas que han exigido la salida del poder de la pareja.

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Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado entre 326 y 536 asesinatos, miles de heridos, más de ochocientos presos políticos, torturas y desapariciones forzadas por parte de la Policía Orteguista (PO) y paramilitares.

La dictadura Ortega-Murillo no reconoce su responsabilidad en la represión y no acepta la propuesta de la AC de que se conforme una Comisión de la Verdad integrada por especialistas y organismos, como Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se investigue los crímenes.

Pura propaganda

Pallais y Esquivel consideran que todo es parte de la propaganda del régimen, con el fin de aminorar la presión nacional e internacional para que cumpla los acuerdos ya firmados sobre la liberación de los presos políticos y las garantías constitucionales.

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“Es un acto propagandístico y no pasa de eso, porque la credibilidad del Gobierno está por el suelo. Técnicamente la ley violenta los principios aceptados en materia de derechos humanos para este tipo de crímenes y es absurdo pretender que instituciones del Estado, a como han venido funcionando, parcializadas, podrán atender a las víctimas de la represión”, cuestionó Pallais.

La AC ha insistido en que para que haya justicia se debe esclarecer los crímenes, someter a los responsables ante los tribunales, así como que se apruebe una ley de reparación donde el Estado designe presupuesto para ejecutar las medidas de atención, sin exclusiones; que se indemnice a los familiares de las víctimas.

Además de que el informe de la Comisión de la Verdad creíble sirva para la memoria histórica que contemple museos, memoriales recordando a las víctimas de la represión.

Antes de todo, afirmó Pallais, debe haber un arrepentimiento de los abusadores y eso implica que el Gobierno pida perdón porque violó los derechos humanos.

Ley es excluyente

El miembro de la delegación de la Alianza Cívica en las negociaciones con el régimen José Pallais señaló que la Ley de Atención Integral a las Víctimas es excluyente, porque “solo beneficiaría a los grupos simpatizantes” del orteguismo.

“Lo que pretende el Gobierno con una simple ley excluyente, parcializada y desfinanciada es dar algo a sus simpatizantes, y no creo que genere confianza de que verdaderas víctimas y sus familiares que sí exigen verdadera justicia y reparación desde el Estado, se acerquen a la Procuraduría de Derechos Humanos”, afirmó Pallais.

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