La causa última de la rebelión cívica de abril del 2018 fue el rechazo a la exclusión autoritaria que el régimen de los Ortega ha practicado en los últimos doce años. La exclusión en diversos ámbitos: el electoral, el de participación ciudadana, el de las políticas sociales.
El autoritarismo ejerce con vocación totalitaria. Pretende erigir sus ideas, como las únicas de la sociedad y acomoda las instituciones estatales para que sean funcionales a sus intereses. Si el rechazo de los ciudadanos se torna beligerante, reprime, y si es necesario lo aplasta.
Los últimos trece meses los nicaragüenses hemos demostrado de forma manifiesta y diversa, que aspiramos a una sociedad democrática en la que nadie sea excluido, por ninguna razón, del ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Y ese es un objetivo pronto a lograr. Visto que el régimen Ortega Murillo está derrotado estratégicamente, reducido a sostenerse exclusivamente mediante la fuerza criminal, los nicaragüenses debemos discernir desde ya sobre el futuro inmediato. Sobre el tema político electoral la demanda es la realización de elecciones anticipadas, creíbles y competitivas. Es el primer paso para encauzar al país por el sendero de la democracia y la reconstrucción.
Pero la realización de las elecciones adelantadas exige, indispensablemente, también un nuevo marco legal y la sustitución de todos los magistrados y funcionarios actuales del poder electoral por personas de indiscutible probidad. Y ¿qué tipo de reforma electoral demandamos?
La reforma electoral que Nicaragua requiere debe ser esencialmente inclusiva, que destierre para siempre las posibilidades del continuismo en el poder. Se requiere restituir la personalidad jurídica a los partidos que el orteguismo se las conculcó, reconocer los derechos de los ciudadanos a organizarse mediante la suscripción popular y optar con sus propios candidatos a los cargos de elección. Debe permitir, además, la posibilidad de conformar alianzas electorales de manera flexible, con sus propios símbolos y casillas. La observación electoral nacional e internacional no solo debe ser permitida sin ataduras, sino también promovida.
Estos aspectos torales, amén de la depuración profesional del poder electoral, deben estar acompañados de elementos propiamente técnicos relativos al sistema de cómputos y tinta a usar. La Alianza Cívica no puede exigir menos en las negociaciones con el gobierno. Una reforma electoral mediatizada que preserve cualquier tipo de exclusión, será una falsa solución que incubará una nueva crisis política. Y quienes se frotan las manos desde ya viéndose a sí mismos como los exclusivos mesías en este desenlace, pese a su conocida complicidad con el régimen por haberle hecho el juego en las últimas farsas electorales, deberían tener la sabiduría —que no modestia— de reconocer su responsabilidad y corregir, para no dividir.
El autor es miembro directivo del MRS